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Caso Bombas: El Ministerio Público al desnudo

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Hace unos días hemos sido testigos de una noticia rimbombante. El fin del caso bombas, nada menos que con una sorpresiva resolución del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago: la absolución de los imputados tras 6 meses de investigación.

Pero el Caso Bombas no solo puede ser entendido como un “fracaso”, como ha señalado el fiscal nacional Sabas Chahuán, sino también ha desnudado a una fiscalía presa de ciertos hábitos que la llevan incluso al borde de la legalidad.

Como prescribe nuestra Constitución Política de la República en su artículo 83, al Ministerio Público le está entregada la misión de perseguir penalmente la investigación de los hechos constitutivos de delito, así como determinar la participación del imputado como su eventual inocencia, ejerciendo la acción penal, esto es, recurrir a la justicia, en los términos señalados en la ley. Para el cumplimiento de dichos fines, la Carta Fundamental le ha otorgado la facultad de dirigir a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y además solicitar medidas tendientes a la protección de las víctimas.

Como primer punto podemos observar un exceso por parte de los fiscales a cargo del caso en la calificación jurídica de los delitos. Hoy la fiscalía ha adoptado como criterio principal al momento de  formalizar a un individuo el de “apuntar más alto”, esto es, buscar la pena mayor y no la más justa, separándose de los mandatos constitucionales. Dicha consideración tuvo su máxima expresión en este caso de conocimiento público, toda vez, que la fiscalía intentó procesar a los imputados mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista, la que supone un tratamiento penal más gravoso a quienes incurren en dichas conductas, por cuestiones obvias. Sin embargo, los sentenciadores sugirieron que este delito se recalificara al delito de daños y terminó por absolver a los imputados.

Pero además de lo mencionado, es tanto o más grave el que, aun disponiendo de todos los recursos que la institucionalidad pública pone a disposición de la Fiscalía, tanto en recursos humanos, esto es, personal de ambas policías, como de los recursos económicos, utilizados en peritajes, diligencias, etcétera,  la fiscalía no haya sido capaz de probar la participación punible de los imputados, sobre todo si tenemos en cuenta que los hechos investigados han acontecido, puesto que nadie podrá discutir que en Santiago se ha hecho común la explosión de bombas en ciertos establecimientos.

El presente caso no solo tendrá las consecuencias jurídicas que toda sentencia judicial trae aparejada, sino que también debe generar un espacio de reflexión y autocrítica al interior del Ministerio Público, en su episodio más vergonzoso desde la reforma procesal penal.

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Foto: Theclinic.cl

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Comentarios

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Nelly Lira

14 de junio

Estas practicas suceden hace muchos años, yo lo paso hace muchos años a mi hijo lo condenaron por un homicidio, el es inocente
Fueron tres jovenes acusados a uno le hicieron autoinculparse en el cuartel de la P.D.I en Calama año 2005 con apremios,involucro por que los detectives le exijieron a mi hijo y a otro joven,estaba la Fiscal en ese lugar.
Dos juicios con costo para todos los chilenos,el primero inocente hicieron atestiguar a dos falsas testigos una traficante.
Denuncie estas malas practicas a la fiscalia regional,nacional al estado,todos se lavaron las manos y que el poder de aca no se mete con el de alla, en fin.. no somos de Santiago por lo tanto esto no se conoce ,si en mi ciudad.
Y no tengo derecho a demostrar con pruebas que las tengo,que estas niñas mintieron,no me lo permite el fiscal jefe de Calama e tratado de iniciar una causa por falso testimonio y nada.

luigicontre

14 de junio

Agradezco enormemente su comentario. Que haya tenido la oportunidad de contarnos su experiencia. Es de esperar que a partir de lo que aquí ha sucedido, el Ministerio Público adopte otras directrices al momento de iniciar una investigación y en los procedimientos que adopta.

Aparece también como esencial dotar de mayores facultades a la Defensoría, puesto que en un juicio contradictorio, donde debe haber un debido proceso, no hay una real igualdad de las partes. Los defensores acuden cuando muchos se han visto presionados a declarar en su contra.

Saludos cordiales.

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