A los compañeros en resistencia y comunidad nacional:
El Centro De Estudios y Análisis Jurídicos – CEAJ entrega completo y total apoyo a los compañeros en resistencia Ex Presos Políticos que se encuentran hasta el día de hoy en huelga de hambre en diferentes partes de la nación, solicitando al gobierno chileno que se cumpla con las promesas electorales de la anterior presidencial, en la que se les ofreció una nueva ley de reparación que lograra satisfacer sus demandas históricas.
Consideramos necesario el pronunciamiento inmediato por parte del actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a fin de que se otorgue real reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, quienes sufrieron detenciones ilegales, prisión política y tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Los cuales hasta el día de hoy no reciben reparación justa y digna por el daño causado, a pesar de ser una reserva moral de nuestra comunidad nacional y haber constituido un elemento fundamental en la lucha constante contra el sistema opresor del violador de derechos humanos, Augusto Pinochet.Consideramos fundamental lograr una reparación digna y efectiva que permita otorgarle dignidad a nuestro país ante las horribles violaciones sistemáticas a los derechos humanos que vivimos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet
Es así como también creemos absolutamente necesario que el Estado de Chile, a través de su conducta pasiva ante estos asuntos, deje de actuar como un cómplice silencioso de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado en la Dictadura Militar, obviando su responsabilidad sobre los hechos acontecidos y que de una vez, se solucionen las demandas por las cuales las víctimas y sus familiares continúan luchando.
Manifestamos también nuestra preocupación por la situación médica en la cual se encuentran los huelguistas, que por lo demás, en su mayoría pertenecen a la tercera edad, y en virtud de que el gobierno conoce la grave situación de salud en que se encuentran consideramos que de no solucionar prontamente esta problemática, se podría llegar a consecuencias fatales para quienes se han mantenido en lucha por más de 15 días sin recibir alimentos, situación que produce la necesidad de que se den solución urgente a las reivindicaciones que motivan una desesperada medida de presión como ésta.
Creemos que la deuda del Estado con aquellos que sufrieron la violencia de sus agentes represivos, constituye una violación al derecho internacional de los derechos humanos expresado en convenios internacionales que consagran de manera explícita el derecho a una reparación justa y digna para aquellas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares.
En consecuencia de lo anterior, es que nos parece relevante hacer eco a las demandas planteadas por los Ex Presos Políticos, a fin de masificarlas entre la comunidad nacional, en circunstancias en que los medios de comunicación masivos no lo hacen como deberían:
- Aumento del monto de la pensión Valech al monto de la pensión Rettig. A fin de equiparar los montos reparatorios para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en periodo de dictadura militar;
- Compatibilidad entre la pensión Valech y de Exonerados políticos;
- Enviar al parlamento “el proyecto de ley de indemnización” el cual ya fue entregado al gobierno;
- Eliminación de los archivos secretos que mantienen en la más completa impunidad a los violadores de Derechos Humanos. Como organización, consideramos necesario verdad y castigo para quienes resulten responsables por los crímenes cometidos en dictadura militar, pues el estado chileno no puede seguir siendo cómplice activo de tan cruentos sucesos ocurridos en nuestro país.
Por último, reiteramos que como Centro de Estudios y Análisis Jurídicos – CEAJ consideramos fundamental lograr una reparación digna y efectiva que permita otorgarle dignidad a nuestro país ante las horribles violaciones sistemáticas a los derechos humanos que vivimos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet y rechazamos rotundamente el actuar que ha tenido el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en torno estas temáticas que ante la desesperación de los afectados han debido ser puestas sobre la mesa por los ex prisioneros políticos a través de una medida de presión que pone en riesgo sus vidas como es la huelga de hambre.
La no solución por parte del Estado de Chile demuestra su indolencia ante estas demandas y la nula voluntad política de dar respuesta satisfactoria a estos planteamientos.
Todo nuestro apoyo y solidaridad.
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