Que cuatro años no es nada, queda claro a cada fin de periodo presidencial. Reformas terminadas pero sin la calibración de una atenta marcha blanca, inconclusas o aceleradas en los últimos días. O simplemente no realizadas.
Es comprensible que cada gobierno formule y actúe sus propias prioridades, acordes con el programa ofrecido y aprobado por el pueblo elector. Consideraciones políticas, sociales y los siempre escasos recursos en un país que aún debe contar sus chauchas, van dejando reformas en el archivo pendiente. ¿Deberíamos desentendernos de esos proyectos que pocos reclaman pero que son esenciales en la cadena institucional del país?
Claro que no.
Entre esas reformas pospuestas, si es que ha estado entre los objetivos no declarados de la elite gobernante, está la del sistema penitenciario chileno. No es una novedad el referirse a ella en términos de una exigencia que no puede esperar más, y numerosas han sido las voces y las instituciones que han planteado la necesidad y beneficio de una profunda reforma al sistema penitenciario chileno, sistema que va más allá de la cápsula institucional de Gendarmería en cuanto exclusivo servicio del Estado encargado de ejecutar las sentencias privativas de libertad –en sus diversas modalidades– que los tribunales de justicia resuelven. Es un sistema que idealmente debería articular otras instancias de la sociedad, públicas y privadas.
La tendencia hasta hoy ha sido, a la hora de privilegiar recursos y decisiones, la de relegar la reinserción social a un segundo lugar en la exigencia del día a día de la vida penitenciaria.
Claro, la construcción de un nuevo sistema penitenciario debe comenzar por Gendarmería, desde allí se debe articular la red de definiciones, consensos, estudios y propuestas que diseñen el sistema más vasto que atienda el mundo de la condena penal.
En este mundo conviven dos realidades: la vigilancia y la reinserción social, que a la larga deben coexistir armónicamente, vista la necesidad de coactuar con un mismo sujeto, persona condenada a la privación de libertad. Es un círculo virtuoso, pues exige realizar el ideal de la pena como reinserción social, no como retribución o prevención basada en la intimidación y castigo de la cárcel.
La tendencia hasta hoy ha sido, a la hora de privilegiar recursos y decisiones, la de relegar la reinserción social a un segundo lugar en la exigencia del día a día de la vida penitenciaria. Tiene un premio político para algunos: satisfacer el populismo punitivo de quienes hoy miran la reimplantación de la pena de muerte como algo deseable, 64% de los chilenos según una última encuesta Cadem. Obviamente, un discurso de rescate social del condenado no concita la ovación social que algunos miden siempre antes de decidir programas y objetivos de gobierno.
La reforma penitenciaria que no fue y que esperamos que sea, debe asumir como eje valórico (punto de partida de un buen programa político progresista) la reinserción social del condenado, como fin último de la privación o reducción de libertad que el Estado debe aplicar. Así superada la representación de la pena como una retribución al mal causado, un sufrimiento que sirve a contracambiar el daño del delito, o un modo de prevención mediante el escarmiento, se instala en el ideal democrático una cárcel ni desconsoladora, ni opresiva, ni como un lugar sin esperanza, sino como una circunstancia tendiente a la recuperación social del condenado, y a su valoración como persona y como ciudadano.
Por otra parte, esta finalidad de la pena podría, con razón, definirse estrechamente utilitaria para la sociedad, en la medida en que contribuye a la seguridad pública sustrayendo eventuales delitos en cuanto reincidencia delictual. Un reciente estudio de Gendarmería (2016) demostró que una gran parte de los condenados no reincidentes habían pasado por programas de reinserción social, principalmente en el área del trabajo durante su estadía en las cárceles chilenas.
Así, este ordenamiento en torno a la reinserción social de las personas privadas de libertad debería ser el cimiento de una futura reforma penitenciaria. De ello deriva la multitud de áreas que el universo de la condena penal contempla. La primera de ellas es la de los derechos humanos del condenado, sancionados por la ley chilena y por los Tratados internacionales a los cuales Chile ha concurrido como firmatario. Las condiciones de la vida carcelaria ha de ser un pilar indispensable en la lucha contra la reincidencia delictual, el hacinamiento, los abusos, el trato indigno no tienen cabida en un régimen de privación de libertad que se proponga como finalidad el rescate social de la persona encarcelada.
Junto a ello, la modernización de Gendarmería y su radical instalación como una institución democrática y avanzada en las buenas prácticas de la labor pública, se pone como otra de las variables de una futura reforma penitenciaria.
Debemos comprender también las razones puntuales que llevaron a omitir en el gobierno recién cesado. Éstas se refieren al la situación de crisis permanente de la institución penitenciaria, que navegaba desde hacía años en las turbulencias de huelgas clamorosas, de riesgos recurrentes a la seguridad carcelaria y de, no menos intolerables, casos de manejos cuestionables en los llamados “jubilazos” que indignaron a la opinión pública chilena. Había, como prioridad, que ordenar un servicio como Gendarmería, tan sensible en la cadena de seguridad y siempre presente entre los grandes temas de las políticas públicas. Y claro, un duro celador, adecuado a esa finalidad, no tenía entre sus competencias (y sospecho capacidades) la de impulsar la reforma penitenciaria que era -y es aún- una tarea imperiosa.
Muy difícil vemos la realización de tal reforma durante el gobierno que comienza, permeado de la cultura punitiva que alimentó parte de su discurso electoral, una cultura alejada del humanismo laico y cristiano de la coalición que finalizó su gobierno, sin haber realizado tan indispensable reforma. Una oportunidad perdida.
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