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Urgencia en espera: Desnutrición en niños indígenas del Perú

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La desnutrición crónica todavía afecta con intensidad a niños y niñas indígenas menores de cinco años que habitan en las regiones andinas del Perú, pese a que las autoridades locales de dichas zonas han recibido millonarios ingresos por canon minero entre 2006 y 2010.

Dos estudios de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Lima, titulados "Estado de la Niñez Indígena en el Perú" (2010) y "Estado de la Niñez en el Perú", revelan que la desnutrición crónica ha retrocedido en el área rural de manera significativa entre 2005 y 2009, de 40% a 33%. Sin embargo, al desagregar las cifras globales, queda en evidencia que la reducción de la desnutrición es mucho menor en el caso de los niños indígenas, prioridad de las políticas gubernamentales.

El 56% de los niños menores de cinco años de la región surandina de Huancavelica son indígenas y, de ese total, 43% sufre desnutrición crónica. La vecina región de Apurímac cuenta con 61% de niños indígenas, 29% de los cuales presentan el mismo problema, que deja secuelas físicas e intelectuales irreversibles.

Huancavelica y Apurímac obtuvieron escasos recursos del canon minero entre 2006 y 2010 (29,5 y 17 millones de dólares respectivamente) según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que podría explicar los limitados avances. Así también, se explican estas cifras por el temor de inversión en la región producto de las incursiones y refugio que ahí realiza el grupo terrorista Sendero Luminoso y el crecimiento exponencial de la producción de cocaína en la zona creando un clima de violencia e inseguridad que primero genera hambre en la población y luego les recluta en encadenamientos productivos miserables y casi impenetrables.

Pero resulta incomprensible que en la región del Cusco, que obtuvo 212,5 millones de dólares por concepto de tributación minera en el mismo periodo, los niveles de desnutrición crónica sigan siendo altos. El 45% de los niños menores de cinco años son indígenas, de los cuales 32% afrontan desnutrición crónica, según Unicef. Cusco no es el único caso.

La región norandina de Ancash y la altiplánica de Puno consiguieron 1.281 y 238,6 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con el Ministerio de Economía. Pero el impacto de esos fondos en los niños indígenas ha sido escaso. El 29% de los niños de Ancash son indígenas, de los cuales 23% están aquejados por la desnutrición crónica (peso y talla inferiores a los normales para la edad). Y en Puno, 49% de los niños son indígenas y el 20% de ellos están sumido en la desnutrición.

La desnutrición crónica rural ha disminuido en un porcentaje considerable en la Sierra (poblaciones andinas), de 30% en 2000 a 39% en 2009, y en la Selva, de 30% a 22%. Pero si nos fijamos en las seis regiones donde está concentrada 25% de la infancia indígena, la tasa de desnutrición crónica que afecta a menores de cinco años está por encima del promedio nacional de 18%.

En el Perú, al igual que en todo el Cono Sur de Latinoamérica, existe un retroceso evidente de la desnutrición. Sin embargo, la brecha entre urbanos y rurales, entre pobres y menos pobres, entre no indígenas e indígenas, todavía son muy amplias. Los niños indígenas rurales siguen siendo los más afectados.

Las brechas son importantes, especialmente en relación a lo que ocurre en poblaciones indígenas. Las brechas, en este caso, se han ampliado. Han ocurrido progresos en la prevención de la desnutrición crónica, pero limitadamente. Todavía 1 de cada 7 niños menores de cinco años en Perú son desnutridos crónicos. Sin embargo, en las comunidades indígenas 1 de cada 2 niños son desnutridos crónicos.

¿Cómo se explica que regiones ricas en el Perú y otras zonas de América del Sur que se benefician con millonarios fondos del canon minero no son capaces de reducir considerablemente los niveles de desnutrición crónica en niños indígenas? Pues claro, la cuestión no se reduce a si hay o no hay recursos, sino a otro problema de fondo: políticas públicas específicas, de ejecución eficiente y rendición de cuentas (reporte social o sustentable) de calidad, es decir más que Médicos Sin Fronteras, una vez más necesitaríamos Contadores Sin Fronteras.

Los recursos económicos son una buena base para mejorar la situación social de la población, especialmente de los niños y niñas, pero la disponibilidad económica o la mejora de los ingresos no garantiza un impacto benéfico en los indicadores sociales y que éstos además, vayan a favor de los usuarios, proyectivamente, pues en casi la totalidad de los casos de estudio, las políticas sociales benefician en resultados en el corto plazo a los jefes comunales y de distrito si verificar realmente el impacto sostenible en las comunidades. He ahí el mayor cuestionamiento hacia los equipos sociales y de políticas públicas en los distintos niveles territoriales y políticos.

Así, podemos advertir que el problema no es solo atribuible al gobierno central sino a los gobiernos regionales y locales. Las autoridades regionales y municipales enfatizan la inversión en infraestructura (reporte electoral inmediato), que tiene impacto en la reducción de la desnutrición crónica, pero también es muy importante destinar fondos a programas que, por ejemplo, buscan que la población indígena cambie algunas prácticas alimenticias y de higiene que influyen en la desnutrición crónica. Mención especial tiene actuar sobre los cambios e intervenciones medioambientales de industrias energéticas y mineras sobre las poblaciones indígenas que contaminan aguas y bio-entorno de las comunidades.

En las regiones con millonarios ingresos por canon minero, 33 compañías explotadoras de minerales se comprometieron conceder a partir de 2007 y durante cinco años un "aporte voluntario" de 178,5 millones de dólares anuales para inversión social. Este es un problema muy complejo que no solo involucra al Estado. Por ejemplo, empresas mineras como Xstrata Tintaya, Barrick y Cerro Verde, que ofrecen importantes aportes voluntarios, ni siquiera informan del impacto que ha tenido ese dinero en las comunidades. Insistir en la importancia del reporte social y de sustentabilidad para evidenciar los problemas de las comunidades y stakeholders de las empresas e instituciones públicas generaría datos de calidad y ayudaría en la construcción de políticas oportunas, pertinentes y de eficiencia en su ejecución para de una vez por todas avanzar en la disminución del hambre en los niños del Perú, sobre todo en los más postergados del continente, los niños indígenas.

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