El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho públicas sus observaciones finales al informe entregado hace un par de semanas por la Santa Sede. Como anticipamos en la columna en El Quinto Poder, el Comité ha entregado un duro reproche moral en razón del trato a los derechos de los niños, en especial de aquellos víctimas de abuso por miembros de la Iglesia.
La Santa Sede demoró este informe por más de una década y respondió vagamente las peguntas que se le efectuaron. Sus representates –asombrados a tanto escrutinio-carecieron de respuestas adecuadas en el día de diálogo con el Comité y exhibieron su acostumbrada arrogancia vaticana. La consecuencia se plasma en un informe que representa el reproche oficial de la comunidad internacional a una institución que más allá de las habilidades comunicacionales de su máximo directivo, éste no ha sido capaz de plasmar su propagandeada reforma en acciones visibles de respeto a los derechos de los niños.
Ya que aún no está disponible la versión en español de las observaciones finales, dejo aquí una traducción de mi responsabilidad, de los párrafos más destacados.
8. El Comité es consciente de la naturaleza dual de la ratificación por parte de la Santa Sede de la Convención, tanto como gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, y también como sujeto soberano del derecho internacional que tiene una personalidad jurídica original, no derivada, independiente de cualquier entidad territorial o jurisdicción. A pesar de ser plenamente consciente de que los obispos y los superiores mayores de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, el Comité observa, no obstante, que los subordinados en las órdenes religiosas católicas están obligados por obediencia al Papa, de acuerdo con los cánones 331 y 590. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, se ha comprometido a aplicar la Convención no sólo en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también como el poder supremo de la Iglesia Católica a través de las personas y las instituciones puestas bajo su autoridad.
24. El Comité urge a la Santa Sede a proporcionar formación sistemática sobre las disposiciones de la Convención a todos los miembros del clero, así como de las órdenes católicas e instituciones que trabajan con y/o, para los niños, e incluir módulos obligatorios sobre los derechos del niño en los programas de formación de los profesores, así como en los seminarios.
26. El Comité recomienda que la Santa Sede lleve todas sus leyes y reglamentos, así como sus políticas y prácticas, de conformidad con el artículo 2º de la Convención y de inmediato se suprima la clasificación discriminatoria de los hijos nacidos fuera de matrimonio como hijos ilegítimos. Asimismo, el Comité insta a la Santa Sede para hacer pleno uso de su autoridad moral para condenar todas las formas de acoso, discriminación o violencia contra los niños en función de su orientación sexual o la orientación sexual de sus padres y para apoyar los esfuerzos a nivel internacional para la despenalización de la homosexualidad.
29. (…) Al Comité le preocupa especialmente que en el tratamiento de las denuncias de abuso sexual de menores, la Santa Sede ha puesto constantemente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores por encima del interés superior de los niños, según lo observado por varias comisiones nacionales de investigación.
44. (…)
El Comité enérgicamente urge a la Santa Sede a:
(a) Asegurarse de que la Comisión creada en diciembre de 2013 investigará de forma independiente todos los casos de abuso sexual de niños, así como la conducta de la jerarquía católica en el trato con ellos. La Santa Sede debería considerar invitar a organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas a unirse a esta Comisión y a los mecanismos internacionales de derechos humanos para apoyar su trabajo. El resultado de esta investigación debe hacerse públicos y servir para evitar la repetición de los abusos sexuales a niños dentro de la Iglesia Católica;
(b) Remover inmediatamente a todos aquellos conocidos y sospechosos de abuso sexual a niños de sus misiones y remitir los asunto a las autoridades competentes para hacer cumplir la ley con fines de investigación y enjuiciamiento;
(c) Asegurar un uso compartido y transparente de todos los archivos que se puedan utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como a todos aquellos que han ocultado sus crímenes y a los delincuentes colocándolos deliberadamente en contacto con los niños;
(d) Modificar el Derecho Canónico para que el abuso sexual infantil sea considerado delitos y no como “delito contra la moral ” y derogar todas las disposiciones que permitan imponer una obligación de silencio a las víctimas y de todos aquellos que llegan a ser conscientes de este tipo de delitos;”
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Foto: screenpunk / Licencia CC
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16 de abril
Indigna e impresiona la ausencia de reflexión y autocrítica del sacerdote, por ello se be realizar una investigación, como aquí se plantea, con los alcances judiciales que merece. Luego de la investigación, hay que actuar en la reparación, si es que un acto así pueda alcanzar alguna reparación… Saludos
16 de abril
En este caso, cual es la posición del Sename, se hará parte y existirán más casos?
17 de abril
Considero que la propuesta de don Francisco Estrada está focalizada en un proceso de autoevaluación que mira hacia dentro de la institución eclesiástica y no a garantizar necesariamente un debido proceso judicial reparatorio a las víctimas.
La frase "El abuso de poder por parte de líderes religiosos es reprochable incluso cuando, como asevera el sr. Joannon, se hizo para evitar abortos." implicaría un juicio de valor que restringe el derecho de las mujeres a acceder a un procedimiento de aborto informado y seguro. Es como decir, no se puede obligar a una persona a hacer el bien, dando por hecho que el bien es no abortar.
Este último punto merece una discusión más profunda, pensando que la iglesia católica utilza el mecanismo de "bien y mal" absolutos para inclinar la balanza a su favor y justificar crímenes y procedimientos de encubrimiento que llevan décadas ocurriendo.
24 de abril
[…] Ver más. […]
16 de abril
Indigna e impresiona la ausencia de reflexión y autocrítica del sacerdote, por ello se be realizar una investigación, como aquí se plantea, con los alcances judiciales que merece. Luego de la investigación, hay que actuar en la reparación, si es que un acto así pueda alcanzar alguna reparación… Saludos
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16 de abril
En este caso, cual es la posición del Sename, se hará parte y existirán más casos?
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17 de abril
Considero que la propuesta de don Francisco Estrada está focalizada en un proceso de autoevaluación que mira hacia dentro de la institución eclesiástica y no a garantizar necesariamente un debido proceso judicial reparatorio a las víctimas.
La frase "El abuso de poder por parte de líderes religiosos es reprochable incluso cuando, como asevera el sr. Joannon, se hizo para evitar abortos." implicaría un juicio de valor que restringe el derecho de las mujeres a acceder a un procedimiento de aborto informado y seguro. Es como decir, no se puede obligar a una persona a hacer el bien, dando por hecho que el bien es no abortar.
Este último punto merece una discusión más profunda, pensando que la iglesia católica utilza el mecanismo de "bien y mal" absolutos para inclinar la balanza a su favor y justificar crímenes y procedimientos de encubrimiento que llevan décadas ocurriendo.
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