Las discrepancias sobre el uso legítimo de la fuerza han constituido uno de los mayores puntos de tensión internacional en los últimos tiempos, desde el ataque de la OTAN contra Kosovo y, de modo especial, a partir del 11-S, alcanzando el momento de mayor gravedad con la invasión estadounidense a Irak.
Una vez más, nos impactan las noticias e imágenes que llegan desde Siria, un conflicto que ya se prolonga por más de dos años y al parecer, sólo provoca airados discursos, vacías amenazas, caras de espanto y nada más por parte de la “comunidad internacional”.
Es en este contexto que quisiera reflexionar respecto de lo que hace algunos años se denominó el principio de “la responsabilidad de proteger” (conocido también como R2P en inglés). A fines de marzo del 2005, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presentó propuestas (bastante ambiciosas) para reformar a la institución en el documento llamado “Un concepto más amplio de libertad”. Esta propuesta generó un intenso debate, en el cual varias de las reformas quedaron en el camino (como la referente al Consejo de Seguridad) y algunos países introdujeron tantas observaciones (EE.UU. solo introdujo 750 modificaciones al texto original) que parecía que la negociación sería un completo fracaso. Finalmente, se estableció un grupo de 32 países que debían intentar redactar el documento final. Las principales carencias del documento se concentran en las cuestiones de seguridad. Como resultaba previsible, la reforma del Consejo de Seguridad no fue aceptada. Lo más valioso de este documento fue la aceptación por parte de todos los estados miembros de la existencia de una responsabilidad colectiva de proteger a las poblaciones civiles contra el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cuando las autoridades locales no estén manifiestamente a la altura de sus responsabilidades, con el compromiso de hacerlo a través del Consejo de Seguridad.
Las discrepancias sobre el uso legítimo de la fuerza han constituido uno de los mayores puntos de tensión internacional en los últimos tiempos, desde el ataque de la OTAN contra Kosovo y, de modo especial, a partir del 11-S, alcanzando el momento de mayor gravedad con la invasión estadounidense a Irak. El Secretario General, en su informe, ponía de manifiesto la necesidad de lograr un consenso internacional básico sobre “cuándo y cómo se puede utilizar la fuerza para defender la paz y la seguridad internacionales”. Según el art. 51 de la ONU, los estados pueden usar la fuerza si existe una amenaza inminente a su seguridad. Una de las novedades de los acuerdos del 2005 era que planteaba el derecho (y el deber) de utilizar la fuerza armada como protección, para salvar vidas de ciudadanos de otros Estados de un genocidio o de crímenes comparables.
El antecedente a esto, fue la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2000) creada a instancias del gobierno de Canadá. El punto de partida de la Comisión consistió en cambiar los términos del debate político desarrollado hasta entonces, de manera que no se trataba de establecer el “derecho a intervenir” sino que la comunidad internacional asumiera la “responsabilidad de proteger” a las poblaciones amenazadas.
Redefinir la cuestión de este modo implica reconocer que la responsabilidad primaria de proteger la tiene el Estado correspondiente, y solamente si no puede o no quiere cumplir con ella, o si él mismo es el culpable de los crímenes, la posible actuación pasaría a ser responsabilidad de la comunidad internacional. Por otro lado, el concepto “proteger” abarca más significados que “intervenir”, porque no sólo incluye el deber de actuación, sino también los de prevención y reconstrucción posterior.
Entre las medidas coercitivas propuestas por la Comisión se consideraban las de tipo político, económico o judicial, y sólo en casos extremos podían también incluir el uso de la fuerza armada. Esta Comisión presentó también una serie de circunstancias en las que se justificaría invocar la “responsabilidad de proteger”, sobre todo dejando claro cuándo se podía recurrir a la fuerza armada (el último recurso).
¿En qué quedó todo esto? Aparentemente, sólo en un discurso de lo que se esperaría de una “comunidad internacional” que, al parecer, no existe. ¿Cuántas personas más deben morir para que se actúe en consecuencia con este principio, aparentemente básico? Para algunos, lo que hace falta es una voluntad general que vaya más allá de las instituciones políticas, una opinión pública exigente y consciente, que demande acciones concretas. Como miembro de la sociedad civil, hago eco de estas palabras, demando, exijo, acciones inmediatas para detener esta violencia horrorosa que mancha de sangre una vez más a nuestra humanidad.
¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer?
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Fuente: Wikimedia Commons
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