Habría que ser muy ciego para sorprenderse por los hallazgos que la dupla Cicig-MP han revelado durante el tiempo transcurrido desde la revelación de los escándalos protagonizados por el ex presidente de Guatemala Otto Pérez y su vice presidenta Roxana Baldetti. Aún cuando anteriormente no hubiera evidencias concretas, la sospecha rondaba por el aire y abundaban los comentarios sobre los abusos de la pareja presidencial y sus adláteres.
Ese conocimiento no oficial –o por decirlo de otro modo, las sospechas razonables-, constituye motivo más que suficiente para provocar una respuesta ciudadana rotunda, categórica, poderosa, capaz de imponer un modo distinto de participación política a través de la denuncia y el involucramiento.Es ahí en donde la ciudadanía debe fiscalizar, denunciar y colocarse en el lado positivo de la ecuación. En síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la ética.
La pasividad deja de tener lugar en el escenario político cuando la estabilidad de una nación depende de acciones correctivas en aquellas instancias que sostienen los pilares de la democracia. Esto aplica muy especialmente cuando esa democracia ha sido casi mortalmente herida por un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los carteles de la corrupción y, de forma paralela, la incapacidad de respuesta de una ciudadanía amansada.
En medio de la tormenta desatada por instituciones destacadas por su voluntad de imponer la depuración y aplicar la justicia, llama la atención el incesante incremento de hechos criminales en todos los rincones de Guatemala. La manera como se cometen feminicidios y ataques contra niños y adolescentes, violaciones sexuales, trata de personas, abuso contra niñas, así como el nivel de saña de los asesinatos y la elección aparentemente aleatoria de víctimas, hablan de una estrategia específicamente diseñada para intimidar imponiendo una política de terror típica de sectores antidemocráticos.
Las capturas de corruptos y corruptores constituye un enorme avance en la búsqueda de cambios sustanciales en las estructuras de poder político y económico. Lo que falta es un soporte institucional capaz de hacer de esa limpieza profunda una política de Estado, a modo de consolidar una nueva forma de hacer las cosas. La barrida de una administración todavía deja en el aire a los corruptos y corruptores de las demás. Y aún faltan mecanismos capaces de prevenir los actos ilícitos de presentes y futuros gobernantes.
Es ahí en donde la ciudadanía debe jugar el papel que le corresponde, fiscalizando, denunciando y colocándose en el lado positivo de la ecuación, aunque ello le signifique perder ciertos privilegios creados y sostenidos a propósito para burlar las leyes. En síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la ética.
En ese esfuerzo monumental no solo se benefician las finanzas del Estado, sino que también impacta con fuerza en la construcción de una nueva manera de ejercer ciudadanía y de hacer política. Una democracia fortalecida cierra naturalmente espacios a las organizaciones criminales que actualmente se sostienen de las columnas institucionales para florecer. Solo ese avance permitiría establecer sistemas de protección para la vida de las personas, muy espacialmente niños, niñas y mujeres quienes son actualmente las víctimas propiciatorias de esas redes infames del crimen organizado.
La democracia no existe aún. Ese sueño constituye una idea imposible de concretar mientras existan estructuras criminales desde los despachos oficiales, amparadas por un concepto viciado del quehacer político. Por eso es preciso construirla desde las bases, aprovechando los espacios abiertos por la Cicig y el MP para involucrarse y participar de esa nueva visión.
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