El asesinato de Byron Lima, en un operativo tan sofisticado y eficaz como misterioso, ha comenzado a develar una serie de intrigas en donde se vincula a varios personajes oscuros del mundo criminal, algunos instalados en posiciones de enorme influencia. Lo que la opinión pública ha visto desfilar son hipótesis de las cuales podría extraerse una miniserie de enorme impacto televisivo.
Lo curioso de este maremágnum de enredos a cuál más repugnante es el hecho de no haber sorprendido gran cosa a la ciudadanía, la cual —después de tener a la cúpula del anterior gobierno a punto de caer estrepitosamente ante la montaña de evidencias esgrimidas por la parte acusadora— ya espera una nueva serie de escándalos.
Pero volviendo a lo anterior, llama la atención la manera como algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana, convencidos de insertar una cuña suficientemente poderosa como para detener la ola de revelaciones y escándalos de corrupción, así como de crímenes de alto impacto puestos en evidencia por el MP.Llama la atención la manera como algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana.
Los recursos informáticos han sido la novedad en esta saga que el país observa con asombro. De algún modo, la tecnología, tan útil para las organizaciones criminales en cuanto a llevar controles financieros y contables de sus innumerables actos de corrupción, ha sido también su delatora, proporcionando a investigadores y fiscales el material necesario para armar casos prácticamente blindados contra el tráfico de influencias dentro del sistema judicial.
Es pertinente preguntarse qué hubiera sucedido en investigaciones sobre el desempeño de gobiernos anteriores si toda la ruta de sus actos se hubiera grabado en plataformas digitales. Es de todos conocida la antigua tradición de eliminar archivos cada cuatro años, con el propósito de borrar rastros y dejar un aparato administrativo del Estado casi en punto cero para el siguiente equipo al mando. Recuerdo haberle preguntado a un coronel —quien había servido en el Estado Mayor Presidencial— sobre los archivos de esa dependencia, y me respondió muy tranquilo: “Ahí no hay nada”.
El registro de los actos de un equipo de gobierno debería estar bajo la estricta vigilancia de una instancia independiente y altamente especializada en el uso de recursos tecnológicos. Los misterios ya no tienen cabida en un sistema democrático en donde impere el estado de Derecho, como tampoco los obstáculos para el acceso a la información pública por parte de la prensa o de cualquier ciudadano interesado en conocer las acciones y decisiones de sus autoridades.
En estos tiempos es imprescindible poner cada vez mayor énfasis en la importancia de la fiscalización y el control por medio de instancias creadas para el efecto, quizá como un apoyo adicional a la Contraloría General de Cuentas, la cual al parecer nunca ha tenido la capacidad para controlar a fondo lo que está bajo su jurisdicción. Es obvio que de haber hecho una labor exhaustiva, algunos casos de defraudación del Estado actualmente en proceso nunca se hubieran producido.
La naturaleza humana tiene ese lado material que la lleva a buscar ventajas y privilegios a costa de sus semejantes. Si esa fuerza es poderosa en el ciudadano común, en sus autoridades es avasalladora. Por lo tanto, el único freno posible a la ambición desmedida es un sistema de justicia probo y eficiente.
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