En la política venezolana ya no quedan puntos medios. Por un lado el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, liderado y hegemonizado por el chavismo (por medio del PSUV) y apoyado por múltiples fuerzas, la mayoría más radicales -por cierto- que el propio gobierno (como el Partido Comunista de Venezuela o Tupamaros); mientras que al otro lado de la trinchera se posiciona la Mesa de Unidad Democrática (MUD) compuesta por Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, junto a otros partidos menores. Ambos polos presentan posiciones políticas absolutamente contrapuestas: mientras la oposición apuesta por desmontar todo el andamiaje político, social y económico construido por los sucesivos gobiernos chavistas; las fuerzas bolivarianas se juegan todo por afianzar y profundizar el camino ya trazado.
La sociedad, el ciudadano corriente, proyectó con estupor y horror la posibilidad de que una oposición que avala y promueve el terrorismo a ese nivel se convirtiera en gobierno. “¿De que sería capaz la MUD si tuviera en sus manos todo el aparato represivo del Estado?” se preguntaron miles o millones el día de las votaciones. Debiera resultar muy claro para el análisis político y electoral, que el miedo a la derecha terminó movilizando millones de personas a las urnas de la izquierda, fortaleciendo al gobierno y al proceso constituyente hoy en curso.
La estrategia política de la MUD se ha centrado en la movilización de múltiples recursos, combinando incluso “todas las formas de lucha” como diría la izquierda más clásica. Vemos pues, por ejemplo, denuncias en organismos internacionales de todo tipo junto a la consecución de apoyos diplomáticos de varios gobiernos críticos u opositores al proceso, entre ellos Trump y países de la Alianza del Pacífico; a la vez que se realiza un ofensivo uso de la Asamblea Nacional (en sus manos desde el triunfo electoral de diciembre del 2015). Todo acompañado por la protesta de cientos y miles de personas que se combina con múltiples formas de violencia y terrorismo en las calles; acicateado todo, ciertamente, por las muy disminuidas condiciones de vida de la población en general, como consecuencia de una política de acaparamiento y bloqueo conjugada con la corrupción sistemática en el aparato de Estado. En otro nivel, el oficialismo se ha movido también de manera ofensiva, es obvio el aseguramiento político e ideológico de los altos mandos y oficiales intermedios de las Fuerzas Armadas, quienes -casi sin fisuras- se han mantenido leales al gobierno, incluso presionado para actuar con más “mano dura” contra los grupos violentos que se han ensañado contra la población civil. Este reforzamiento político se combina con un abierto bloqueo, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la realización de las elecciones de gobernadores programadas para hace un año, esto debido a la posibilidad cierta de una derrota estrepitosa para el oficialismo (recientemente la Asamblea Constituyente determinó la realización de los comicios pendientes en octubre próximo). Pero la línea más importante que el gobierno concretó fue la convocatoria (legal o ilegal, a estas alturas resulta irrelevante) a un proceso constituyente que discutiera y zanjara una nueva Carta Magna. Dicha jugada apuró el calendario de movilizaciones de la oposición, el cual pretendía “tumbar” al gobierno antes de fin de año.
La apuesta de la MUD, mediante el despliegue ofensivo de recursos que venía realizando desde abril de este año, tenía como objetivo quebrar la lealtad de las Fuerzas Armadas, provocando -como resultado de lo anterior- un alzamiento militar sobre la base de un apoyo civil e internacional consolidado. Para que ello se concretara resultaba fundamental el desarrollo y la extensión de la violencia en todas sus expresiones (guerra civil). El gobierno, con su maniobra, obligaba a la oposición a entrar en el juego electoral que se abría o acelerar el plan de desestabilización política y alzamiento cívico-militar. La MUD, confiada en el apoyo social y el respaldo internacional, optó por enfocar toda su fuerza en desatar una crisis social que obligara la intervención internacional o el rompimiento de algún sector de la oficialidad dispuesto a liderar un putsch. Por supuesto que en aquel momento se desató la violencia de forma extrema: se multiplicaron los bombazos, la quema de personas vivas, incluso la mutilación y humillación pública de sospechosos de ser chavistas; se produjeron también ataques a cuarteles por parte de civiles armados, la destrucción de infraestructura pública e incluso acciones violentas contra hospitales y centros educacionales ubicados en barrios populares. ¿Cuál fue el resultado de todo aquello?, pues que el gobierno no solamente mantuvo su piso de 5 millones de votantes que sacó en diciembre del 2015 sino que además aumentó en 3 millones su votación final (2 millones en el caso que el fraude electoral hubiera ocurrido). Aquella participación representa una cantidad de votos igual (7 millones) a lo que logró el chavismo en sus mejores momentos, o superior a lo que jamás nunca logró movilizar el oficialismo (si en verdad fueran 8 millones y fracción). ¿De donde salieron esos votos?, es obvio que de la sociedad civil y bases no alineada ni con la MUD ni con el gobierno. La sociedad, el ciudadano corriente, proyectó con estupor y horror la posibilidad de que una oposición que avala y promueve el terrorismo a ese nivel se convirtiera en gobierno. “¿De que sería capaz la MUD si tuviera en sus manos todo el aparato represivo del Estado?” se preguntaron miles o millones el día de las votaciones. Debiera resultar muy claro para el análisis político y electoral, que el miedo a la derecha terminó movilizando millones de personas a las urnas de la izquierda, fortaleciendo al gobierno y al proceso constituyente hoy en curso. ¡Vaya ironía!
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