La independencia de Cataluña

Un peligro inminente se cierne sobre la ciudad de Santiago este domingo 9 de noviembre, cuando un centenar de catalanes se reúnan, carnet de identidad en mano, para cometer el subversivo acto de participar en una consulta popular. Y es que parece que ya no hay marcha atrás, a diferencia de lo sucedido en septiembre, cuando el tribunal constitucional español, a instancias del actual Gobierno del Estado, ilegalizó el referéndum convocado por el Gobierno Catalán, con el apoyo mayoritario de partidos políticos, parlamentarios y, sobre todo, organizaciones civiles catalanas, para que la ciudadanía definiera si quería que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente.

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El Mundo consultó a sus lectores si creían que el Gobierno español debía “utilizar la fuerza para impedir la consulta del 9-N”, a lo que el 57% de los interpelados (más de 25 mil) respondieron afirmativamente.

Todo indica que esta vez ni la nueva resolución emitida por el constitucional a cinco días de la consulta -concebida ahora en un formato participativo informal- detendrá la voluntad de los políticos y ciudadanos catalanes de seguir adelante. Anuncian una concurrida afluencia a las urnas para expresar su opinión, en un acto que puede convocar a centenares de miles, quizás millones, en Barcelona y demás municipios catalanes, y a algunas decenas, tal vez centenares de extranjeros residentes o descendientes de catalanes en la ciudad de Santiago.

Desconozco si el GOPE o Fuerzas Especiales considerarán necesario intervenir para impedir esta peligrosa actividad en Chile, medida de fuerza que, si bien puede parecer extemporánea, ya ha sido sondeada en España por algunos medios de prensa. El Mundo consultó a sus lectores si creían que el Gobierno español debía “utilizar la fuerza para impedir la consulta del 9-N”, a lo que el 57% de los interpelados (más de 25 mil) respondieron afirmativamente. (Todavía estoy evaluando si me parece más preocupante la respuesta o el hecho en sí de formular la pregunta).

En general, quienes se oponen a la consulta esgrimen principalmente que el actual marco jurídico hispano no considera la posibilidad de que un gobierno regional convoque un referéndum, especialmente si éste pretende cuestionar la integridad territorial del Estado, principio que se sobrepone a la libertad de expresión. Si bien este alcance tiene cierto peso jurídico, de haberse observado históricamente, lo más probable es que la mayoría de los estados actuales, como Chile o Estados Unidos, no existirían, ya que en algún momento de la historia más o menos reciente, tuvieron que subvertir el contexto legal vigente en aquel entonces para poder independizarse. Es más, una treintena de estos nuevos Estados, como Noruega o Croacia, llegaron a su actual situación mediante un proceso de autodeterminación más o menos pacífico, como es un referéndum, procedimiento mucho más deseable que el empleo de la fuerza, y que tampoco suele estar previsto como opción en los distintos ordenamientos jurídicos. En otras palabras, todo parece indicar que los procesos de independencia son más habituales de lo que muchos quieren reconocer, y generalmente implican una profunda subversión del orden establecido.

Otras de las razones más extendidas entre la población española es que en caso de querer organizar un referéndum de este tipo, debería realizarse la consulta a todos los españoles, pues una eventual escisión afectaría a todo el territorio de España. Sin querer profundizar en la contradicción de esta premisa con los principios de la autodeterminación, me pregunto qué sucedería si extrapolamos este mismo argumento a uno de los pocos referéndums organizados en España, país de frágil tradición democrática, realizado en 1986, en el que se consultó a sus habitantes si querían que su país siguiera siendo miembro de la OTAN. ¿Debería haberse considerado realizar la consulta en aquella ocasión no sólo a los ciudadanos españoles, sino también a los de los demás países miembros de la organización, dado que su resultado podría haber alterado el marco territorial de esta instancia supranacional? Por cierto, cabe destacar que las dos únicas regiones en las que en aquella ocasión se impuso el “No”, fueron Cataluña y el País Vasco.

No sé cómo reaccionarán ustedes ante estos hechos. Por el momento sólo puedo guiarme por la respuesta de los estudiantes, sin duda un público “cautivo” del curso (Des)Encuentros de Culturas en la Península Ibérica, que desde hace varios años impartimos un grupo de docentes en la Universidad de Chile, y en el que han participado profesores de lengua y/o cultura catalana, vasca, gallega, portuguesa y andaluza, entre otros (y en el que lamentablemente no hemos podido contar por el momento con la participación de representantes del Centro Cultural, del Consulado o de la Embajada de España, pese a las invitaciones realizadas).

En una de las últimas sesiones de este año, dedicada a la autodeterminación, se consultó a los asistentes su opinión respecto de este tipo de procesos en general, y del caso catalán en particular. Para mi sorpresa, si bien no deseaban que sucediera, la posición de los alumnos fue prácticamente de aceptación de estas iniciativas, prácticamente sin objeción alguna. Los únicos requisitos que algunos de los jóvenes consideraban imprescindibles, y que me parecen muy respetables, eran que fueran representativos de la voluntad de un grupo mayoritario de la población, que contaran con un respaldo organizacional considerable, y que constituyeran un proyecto viable en caso de aprobarse la independencia. En mi opinión, el actual proceso que se está desarrollando en Cataluña reúne todas estas condiciones.

Sea como fuere, no quería dejar pasar la oportunidad de alertar a los lectores del temerario acto que se producirá en unos días más, mayoritariamente en Cataluña, y en menor medida aquí en Santiago. Por mi parte, me encontrarán en el pelotón de los que no retroceden, a pie de urna, enarbolando mi poderosa papeleta.