Para algunos hubo un verdadero Golpe de Estado por la forma en que se actuó, para otros lo importante es el completo apego a la Carta Institucional ; y ambos planteamientos son efectivos. No hubo posibilidad de defenderse, pero no hubo violación de las normas institucionales en estricto sentido.
Algo huele mal en Dinamarca”, reflexiona Hamlet en el drama de Shakespeare. La cita se nos viene obviamente a la cabeza tras lo ocurrido en Paraguay, aunque alguien pueda decir que no es para tanto. Pero hay algo allí que se mueve entre luces y sombras, que inquieta las convicciones democráticas y, en todo caso, demuestra la precariedad de algunas instituciones latinoamericanas.
El punto de análisis, a nuestro juicio, debe estar en el concepto de gobernabilidad democrática , el cual requiere que gobierno y sociedad logren generar y mantener condiciones de consenso. Como ha ocurrido en Paraguay, la crisis llega cuando se rompe el consenso que sustenta las reglas del juego bajo las cuales actúan las instituciones y se sustenta la estabilidad. En otros términos, los procedimientos democráticos han ido más allá de lo acordado o entendido como la forma de hacer las cosas.
Tanto la OEA como UNASUR han establecido y avanzado en la Carta Democrática. Fue también el principio establecido en Mercosur que en otras ocasiones llevó a sus mandatarios a actuar en situaciones de crisis.
Las lecciones de cada caso son las mismas: hay que hacer más para fortalecer las instituciones.
Se trata de definir cómo evitar las sorpresas derivadas de mayorías circunstanciales. Se trata, por cierto, de no volver a los golpes de Estado de antaño donde alguien se hacía del poder a la fuerza.
Lo ocurrido en Asunción, en donde en menos de 48 horas se hace un juicio político y se remueve a un presidente, llama a meditar en los procedimientos y cómo seguir. El tema no es si hubo o no un apego a lo que establece la constitución o la ley, pero es difícil decir que ello ha ocurrido bajo una lógica de consenso.
¿Puede haber un juicio político legítimo cuando el enjuiciado, el Presidente en funciones, no está en condiciones de defenderse? En todos nuestros ordenamientos constitucionales por cierto que existe el juicio político para el Presidente o sus ministros. Y en todos se establecen normas : aquellas que definen el actuar de los que acusan, las causas por las que se hacen y luego la otra ritualidad, que es el derecho del acusado de defenderse personalmente o por escrito de los cargos que se le imputan.
Es la esencia del debido proceso.
Acá, el debido proceso no se cumplió. Es cierto que se reunieron los quórum de la Cámara de Diputados y del Senado para destituir al Presidente por (como se dijo) no haber cumplido adecuadamente sus deberes de Jefe de Estado frente a un grave incidente con un saldo de 17 muertos. Sin embargo, hay un segundo elemento que es más complejo y llama a la reflexión política: si la última instancia de evaluación de la función del Presidente está en manos del Parlamento, ¿hemos cambiado el sistema presidencial por un sistema parlamentario? Es de la esencia del sistema parlamentario la institución del voto de confianza, aquel por el cual se dice: usted frente a este hecho actuó mal y acá hay una mayoría dispuesta a reemplazarlo para que la próxima vez aquello no ocurra. ¿Querrá decir entonces que ese mismo Parlamento -si el actual Presidente en funciones, hasta ayer vicepresidente, comete un error similar- la mayoría actuará otra vez para removerlo y pondrá a otra persona en su reemplazo de acuerdo al ordenamiento institucional? En síntesis, dos son los hechos que crean la tensión en esta crisis: a) la imposibilidad del Presidente Lugo de defenderse, con todo lo que ello implica de ilegitimidad o falta de consenso para el gobierno en ejercicio; b) la actuación del Parlamento que, por una mayoría sin duda contundente, despoja al mandatario constitucional de sus poderes.
A partir de allí, lo acaecido explica las dificultades para alcanzar un consenso en la región.
Para algunos hubo un verdadero Golpe de Estado por la forma en que se actuó, para otros lo importante es el completo apego a la Carta Institucional ; y ambos planteamientos son efectivos. No hubo posibilidad de defenderse, pero no hubo violación de las normas institucionales en estricto sentido.
Esto tiene que hacer meditar a nuestros países.
Creíamos haber encontrado en la Carta Democrática una salvaguarda para evitar situaciones similares.
Cuando, a inicios del año 2000 hubo en Paraguay un intento similar con un antecesor del Presidente Lugo, hubo una respuesta clara y contundente por parte de los presidentes y el hecho no se consumó. Ahora, la rapidez de los acontecimientos impidió que hubiera coordinación y respuesta de los presidentes, a lo cual se agregó -por qué no decirlo- la rapidez con que el Presidente Lugo aceptó las circunstancias y se retiró a su casa. Habla bien de él cuando dice que quiere evitar derramamiento de sangre o conflictos internos del país, pero hace más difícil el camino para las actuales autoridades.
Por eso, más allá de lo resuelto por los presidentes de UNASUR ante este conflicto, será indispensable una clarificación de procederes a partir de este momento porque, en último término, estos incidentes desprestigian la actividad pública, la política y nos desprestigian como región ante el mundo. Y la hora internacional no está para mostrar debilidades.
América Latina hasta ahora va sorteando bien la crisis económica internacional, pero son estos otros hechos (con reminiscencias del pasado) los que indican que falta un largo camino por avanzar y para tener instituciones más serias, más estables y más predecibles en su forma de actuar.
Lo que ha ocurrido en estos días, obviamente, no formó parte de las Cartas Democráticas de la OEA y UNASUR. Tendremos que trabajar con fuerza para consolidar estas instituciones porque, seamos francos, la respetabilidad de la región también está en entredicho con situaciones como la vivida días atrás en Paraguay.
* Columna publicada originalmente en Diario Clarín
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Foto: lineacapital
Comentarios
03 de julio
Efectivamente, lo ocurrido en Paraguay denota “la precariedad de algunas instituciones latinoamericanas”.
Denota la aún carente enorme falta de claridad en relación al carácter y sentido de las instituciones democráticas en todo sentido, no sólo a nivel institucional sino también a nivel societal.
En Latinoamérica, a lo largo de todo el espectro político, parece aún existir una “cultura política antidemocrática” (Rupnik), donde los consensos y limitaciones mínimas en cuanto a la Democracia no son considerados o respetados de manera concienzuda y coherente, sobre todo cuando las demandas ciudadanas chocan con una nula o débil respuesta del sistema político o han sido cooptadas por gobiernos personalistas y claramente autocráticos, que llevan irremediablemente al populismo, el caudillismo, e incluso el autoritarismo (de derecha o izquierda).
Lo ocurrido en Paraguay denota la paradójica tensión entre la dimensión procedimental de la Democracia -los mecanismos y consensos mínimos para su desarrollo estable- y la dimensión informal de la Democracia –el respeto de tales consensos mínimos por parte de todos los actores políticos-.
Por eso, es claro que en Latinoamérica aún existe constante confusión en relación a qué procedimientos son democráticos y qué procedimientos no lo son. Por eso, muchas veces, procedimientos que se presumen erróneamente como democráticos o se publicitan como tales, terminan por dinamitar los cimientos de la propia democracia.
Lo peor, es que esos procedimientos se consideran democráticos según el ejecutor, y no en base a su real o ficticio carácter democrático en términos estrictos. Así, tenemos golpistas de derecha e izquierda, que luego dicen defender la democracia o que buscan promoverla.
Ya el Latinobarómetro 2010, indicaba que en los últimos 15 años las preferencias con respecto a un régimen autoritario a nivel latinoamericano no han disminuido de manera significativa. Eso no es algo menor. No sólo la carta se pone a prueba, sino nuestras propias convicciones democráticas.
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