“Sobre la injuria, la ofensa”, reza el dicho cuando se desea aludir a los extremos del descaro en actos contra la dignidad humana. Así ha de sentirse la ciudadanía guatemalteca cuando observa el desfile de individuos cuya posición de poder y privilegio les facilitó el acceso a los fondos públicos, de los cuales hicieron feria de la manera más descarada. Bien trajeados y pulcros, las lociones francesas pueden olerse a través del televisor.
El espectáculo que tiene perpleja a la opinión pública nacional e internacional —por lo inesperado y extenso de sus alcances— da material abundante para hacer comparaciones entre los déficit financieros de las dependencias estatales —hospitales, escuelas, programas de alimentación— y el derroche obsceno en costosos regalos para la pareja presidencial defenestrada, cuya ambición rebasa todo lo imaginable.La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de la masa crítica de ciudadanos cuya visión empieza a aclararse, a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.
Los contrastes van mucho más allá. Atendiendo a presiones de las instituciones religiosas —cuya pasividad ante los desmanes de los gobernantes da mucho en qué pensar—, los programas destinados a proveer a mujeres y adolescentes de métodos de planificación de embarazos y otros conocimientos en salud sexual y reproductiva fueron sistemáticamente rezagados en las políticas públicas, cuando no eliminados del todo.
Esto no solo ha significado un incremento en embarazos de niñas y adolescentes, sino también es un factor de discriminación al comprometer el futuro de un amplio sector de la población cuyo destino queda marcado por una maternidad no deseada, producto de violaciones pocas veces investigadas.
Desde esas políticas restrictivas por razones doctrinarias, se obliga a las víctimas a conservar embarazos producto de actos de violencia sexual, aún cuando ello represente un peligro de muerte, sin darles opción alguna de reparación de los daños físico, emocional y social derivados del hecho. Para ello no hay recursos.
Al observar la prepotencia de algunos sindicados concentrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, es posible colegir el nivel de influencia de estos personajes siniestros en una estructura diseñada y construida con el único objetivo de servir a sus intereses particulares, sin consideración alguna por el estado del Estado.
Es decir, sus posiciones de poder no solo les llevaron a las más altas cumbres del enriquecimiento ilícito, sino en proporción directa profundizaron las carencias de una ciudadanía abandonada a una suerte marcada por la violencia en un sistema creado para mantenerla ajena a las decisiones de los centros de poder político y económico.
En este escenario no resulta ajeno el destino de miles de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes, asesinados por estructuras criminales cuyo papel es crear inestabilidad y caos. Así, los ataques cotidianos a la seguridad de las personas contribuyen a consolidar propuestas de sectores cuyo papel en la historia del país se ha caracterizado por el secuestro de las libertades fundamentales y los derechos humanos.
La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de esa masa crítica de ciudadanos cuya visión por fin empieza a aclararse a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.
Este juego de contrastes entre la ostentación de unos y la miseria de otros debe ser el punto de partida para darle un giro rotundo al quehacer político, evitando acciones orientadas hacia un regreso al mismo punto de partida.
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