Los medios de prensa en Guatemala coparon sus portadas noticiosas el 25 de octubre 2015 con la decisión notable e inédita de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de inhabilitar la elección de 16 Diputados comprometidos en antejuicios, tráfico de influencia, abuso de autoridad y participación en contratos con el Estado a través de empresas ad hoc o de familiares o terceros consaguíneos. Es primera vez que una decisión de esta magnitud abarca a tantos parlamentarios de un total de 158. Guatemala tiene Cámara unilateral. Acá no existen Senadores.
Desde inicios de este año el país ha vivido (y continúa en ello) un complejo y profundo proceso de protesta ciudadana, que comenzó en abril 2015 con una primera gran movilización en la Plaza de la Constitución, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) reveló ante el país la trama de un poderoso, millonario y extendido fraude aduanero a través de una asociación ilícita de funcionarios públicos organizados en «La Línea», denominada así porque gran parte de las «transacciones» fraudulentas -que implicaron grandes pérdidas para el Estado- se realizaban de preferencia por vía telefónica. Tales funcionarios obtenían importantes «ingresos alternativos» que se repartían incrementando sus fortunas.La decisión reciente del TSE en Guatemala de inhabilitar a 16 Diputados electos, es una señal conmovedora de parte de una sociedad que quiere liberarse del peso de la corrupción. Como señala Agustín Squella, en su reciente artículo en la Revista Mensaje, el tema no es la democracia sino la calidad de nuestra democracia; no es la política, sino la calidad de nuestros políticos.
En un breve resumen, los efectos de la paciente investigación de la CICIG permitieron descubrir que el hilo de esta operación estaba radicado en la misma Vicepresidencia de la República. Descubiertos los hechos, y dados a conocer a la opinión pública, el Jefe de Gabinete de la Vicepresidenta se dio a la fuga y los ciudadanos comenzaron a salir a las calles a exigir la salida de Roxana Baldetti, Vicepresidenta, a quien sindicaron como responsable de estos hechos. En pocas semanas de protesta, finalmente debió presentar su renuncia y se inició un juicio en su contra. No conforme con ello, el pueblo guatemalteco siguió saliendo a las calles y la CICIG continuó desenrrollando los hilos de esta trama revelando nuevos detalles que sorprendieron al país. Los ciudadanos apuntaron entonces a la cabeza del Ejecutivo y en las siguientes semanas, y luego de un paro nacional, el Congreso retiró la inmunidad del Presidente y un Tribunal ordenó su aprehensión y se dió inicio a un juicio público en su contra. En este momento, ambos personeros, la ex Vicepresidenta, señora Baldetti y el ex Presidente de Guatemala, señor Otto Pérez, están encarcelados y en pleno proceso. En tanto, el fugado jefe de gabinete se entregó a la justicia y confirmó en un juicio televisado a nivel nacional que ambos personeros estarían efectivamente involucrados en los graves hechos. el Ministerio Público presentó como evidencia, entre otros elementos, una serie de escuchas telefónicas que sorprendieron al país.
En paralelo, el Ministerio Público y el Tribunal que sigue la causa han continuado su trabajo de resolver los casos de corrupción gubernamental y han logrado desbaratar redes judiciales, policiales, de gobierno y ahora del Parlamento. Los investigadores habían señalado su voluntad de avanzar hasta dar con más hechos punibles. Diversos postulantes al parlamento hicieron caso omiso de las advertencias y no se retiraron a tiempo, en medio de intensas críticas ciudadanas. Finalmente, y aún cuando fueron elegidos en las urnas, la Justicia los alcanzó y el Tribunal Supremo Electoral los inhabilitó para ejercer su cargo parlamentario y tendrán que ser reemplazados por quienes les siguieron en los resultados electorales.
Diversos analistas de la realidad guatemalteca destacan estos hechos como importantes progresos en la limitada democracia guatemalteca en favor de la paz, la justicia y en la lucha contra la corrupción política. Pero todos tienen conciencia de que estos pasos son todavía mínimos y que persisten poderosas redes que siguen poniendo en peligro la transparencia y la probidad pública. La decisión reciente del TSE es una señal conmovedora de parte de una sociedad que quiere liberarse del peso de la corrupción. Como señala Agustín Squella, en su reciente artículo en la Revista Mensaje, el tema no es la democracia sino la calidad de nuestra democracia; no es la política, sino la calidad de nuestros políticos. Como verán, estos temas se abren en profundidad en el debate ciudadano en todo nuestro continente moreno. Bienvenida sea la lucha contra toda forma de corrupción.
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