La serie interminable de asesinatos de mujeres —la cual nos agrede a diario a través de la Prensa y los reportes policiales— es uno de esos grandes “pendientes” para las autoridades que asuman el poder en enero del próximo año. Esta realidad se suma a la trata de personas y la violencia contra niños y adolescentes, en un apretado paquete de delitos aparentemente amparados por los mismos aparatos de investigación y justicia que deberían atacarlos. La altísima tasa de impunidad y la escasa capacidad de las fuerzas del orden para combatirlos no solo demuestran su ineficiencia, también hablan de una especie de indiferencia ante una de las mayores muestras de crueldad y sadismo.
Mientras en las pandillas se compite para ver quién comete el crimen más salvaje, muchas veces escogiendo a sus víctimas —mujeres, la mayoría— entre vecinas o totales desconocidas que se cruzaron en su camino, el Estado reduce sus aportes y su interés en las instancias que podrían contribuir en la lucha contra este flagelo.El gobierno electo en las urnas tiene la obligación absoluta y prioritaria de abrir para las mujeres todos esos espacios que le han sido escatimados por medio de trampas legales, acuerdos entre sectores de poder, zancadillas partidistas y otros trucos tan torpes como destructivos.
Hace poco, en una conversación con Norma Cruz, me enteré de la situación por la cual atraviesa la Fundación Sobrevivientes. Patética, desprovista de apoyo, con un raquítico aporte del Estado, el cual por intereses oscuros se le limita o se le retrasa, esa Fundación ha sido durante años uno de los pocos espacios en donde se lucha por la justicia en casos de femicidio, librando una batalla feroz por establecer y mantener el único refugio existente en el país para las víctimas de violencia doméstica, prestando el apoyo legal para evitar la impunidad casi inherente a los delitos contra mujeres.
Por otro lado, la Secretaría Presidencial de la Mujer ha sufrido toda clase de manipulaciones a través de los años, convirtiéndose finalmente en una entidad que responde a intereses políticos y perdiendo así la esencia de su función, que es trabajar por el desarrollo de este importante sector de la población. Una entidad cuyos alcances deberían haberla convertido ya en un ministerio, con todo lo que eso representa en términos de poder de decisión y capacidades técnicas para transformar el estado de exclusión en el cual se encuentra esta mayoría ciudadana.
El gobierno electo en las urnas tiene la obligación absoluta y prioritaria de abrir para las mujeres todos esos espacios que le han sido escatimados por medio de trampas legales, acuerdos entre sectores de poder, zancadillas partidistas y otros trucos tan torpes como destructivos. La mujer guatemalteca ha sido la gran sacrificada en esta historia de dominadores y dominados, resabios de un colonialismo estéril. Es el momento de retribuir con oportunidades de desarrollo su gran aporte a la economía, su papel fundamental como guardiana de las nuevas generaciones y su calidad de forjadora de valores.
La fortaleza de la mujer guatemalteca es una de esas cualidades que, como una perversa ironía, la coloca en riesgo de muerte por oponerla a un machismo basado en el monopolio del poder. Un poder que, compartido por igual, podría ser el poderoso motor capaz de transformar a esta sociedad en una auténtica democracia.
Fuente: Prensa Libre
Blog personal: El Quinto Patio
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