Es evidente la vulneración de la Constitución española por parte de Generalitat, por ende, no puede sorprender que un Estado de Derecho utilice los medios coercitivos para defenderse cuando se promueve un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional
El referéndum convocado unilateralmente para el 1 de octubre por la Generalitat en Catalunya -“el procés”- ha agudizado la crisis territorial en española y puesto en cuestionamiento el acuerdo constitucional post franquismo de 1978. Para las nuevas élites de los partidos alineados detrás del independentismo catalán no basta con el modelo autonómico actualmente vigente, sino que exigen la total separación con el Estado español para conformar un Estado Catalán, el cual sería integrado por “los territorios que comparten la lengua, cultura y la historia catalana” (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y una franja de Aragón y del Rosellón). Para ellos representa una reivindicación histórica, política y económica.
Uno de los factores determinantes de la agudización del conflicto catalán es que el gobierno del PP, presidido por Rajoy, sigue creyendo que España es Madrid y se oponen a cualquier nuevo arreglo constitucional. Esta miopía y torpeza política del PP (que prácticamente se ha convertido en irrelevante en Catalunya) ha abonado el campo para llegar a esta situación. No es el único factor, pero sí es el principal, pues Rajoy lleva ya casi seis años en el gobierno central, cuatro de ellos con una holgada mayoría absoluta y no ha articulado ninguna propuesta política alternativa al independentismo.
La incapacidad del Gobierno de Rajoy de combinar los intereses de las diferentes nacionalidades en el Estado español, solo ayuda apuntalar las convicciones de quienes desean la independencia, alejando de España a miles y miles de catalanes que no se sienten cómodos en un país cuyo presidente utiliza la gasolina para apagar el fuego del separatismo, al no ofrecer un acuerdo que sea aceptable para la mayoría del Parlament de Cataluña y entusiasme a los catalanes a seguir formando parte de una España plurinacional e integradora.
Otro factor que dificulta un acuerdo es el partido de derecha PDeCAT, expresión política de la burguesía autóctona, más endogámica, tradicionalista y refractaria de Cataluña, asociada a la Bolsa de Catalunya y la defensa de los intereses proteccionistas del empresariado que extrae sus ganancias de los contratos obtenidos en exclusividad desde el erario público, junto con la cohorte de funcionarios a su servicio que no quiere perder sus privilegios; al contrario solo pretende incrementarlos. Todos vinculados al pujolismo y el pospujolismo, exponentes paradigmáticos de la corrupción en Cataluña y que han optado más por el conflicto que al diálogo.
Puigdemont y los suyos emplean el sueño secesionista como pantalla para evitar que se siga investigando los negocios turbios en que están involucrados. Se envuelven en la bandera y en la independencia para ocultar a los ciudadanos su gestión nefasta al frente del Govern. Un partido de derecha corrupto, paradojalmente, tiene el apoyo para seguir en el poder en Catalunya de partidos que se dicen de izquierda (ERE y la CUP). Esa derecha autóctona que es el sostén del neoliberalismo en ese territorio y la izquierda que dice querer ponerle término. ¡Un monumento a la incongruencia política!
Esa incoherencia lo expresa también la posición kafkiana de Gabriel Rufián, furibundo partidario de una República Catalana y diputado de Esquerra Republicana (ERE) en el Parlamento de Madrid, quién en el caso de secesión con España, plantea: “Yo creo que es lógico que hubiera representación de Catalunya en Madrid (…) Mi opinión personal es que la futura república catalana tiene que tener algún tipo de representación en Madrid y en Bruselas”. Este afán de representación en Madrid se debe, probablemente, a la opulenta renta de 8.435 euros brutos mensuales que reciben los diputados de Catalunya del congreso madrileño, como también del Parlamento europeo.
La conjunción de estas realidades y el statu quo fomentado por el gobierno de Rajoy todos estos años ha traído como consecuencia que el apoyo a la independencia en Cataluña ha subido drásticamente (pasando de alrededor del 15 o 20% antes de 2010 a superar el 40% poco después). Si el gobierno en Madrid cree que Cataluña se va a acercar a España a base de judicializar el problema (ya están imputados el president Carles Puigdemont y los consellers de la Generalitat), está en un profundo error puesto que la controversia es un tema eminentemente político.
Es evidente la vulneración de la Constitución española por parte de Generalitat, por ende, no puede sorprender que un Estado de Derecho utilice los medios coercitivos para defenderse cuando se promueve un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. También es cierto que no se puede pedir a la Fiscalía ni a los jueces que no actúen o se inhiban si se comete un delito como el perpetrado por el Govern de Cataluña. Por tanto, es una falacia, como lo plantean sectores de ultra izquierda y Unidos Podemos, que defender el Estado de Derecho es estar con Rajoy. Tal argumento es degradar el dialogo público sobre un tema de sumo complejo.
¿Cómo se explica, entonces, que más de 2.500 intelectuales y artistas autodefinidos como «de izquierdas», la gran mayoría catalanes, han publicado un manifiesto donde califican el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional como una «estafa antidemocrática» y una convocatoria «tramposa» opuesta al «ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña»?
Sin embargo la justicia penal no puede resolver un problema político que requiere diálogo y entendimiento en un asunto tan complejo entre diversos actores y lleno de facetas diferentes. Desatar el nudo gordiano catalán no es el todo o nada, ni aumentar la crispación (como lo intenta el PP que intenta insuflar el nacionalismo español para poner bajo la alfombra los episodios de su propia corrupción).
Lo que se requiere es establecer unas coordenadas básicas que permitan la convivencia virtuosa entre diferentes “naciones” para que encajen dentro del Estado español, puesto que la vía de judicializar el conflicto favorece la estrategia de ruptura de Carles Puigdemont: forzar un referéndum binario que posibilite una independencia unilateral.
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