Los jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público de Guatemala se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.
La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.
Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.
Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.
Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos, es decir, los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.
La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.
La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida en esta actividad tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas como el narcotráfico.
Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y la Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.
¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64% de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?
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