Lo que ocurrió ayer en Ecuador fue una dura prueba a su democracia, una dura prueba que al final del día resultó positiva. Y no sólo a su democracia, sino a una debilitada institucionalidad que en la última década ha visto caer mandatos presidenciales en medio de protestas ciudadanas y levantamientos militares de distinta índole. El 30 S para Ecuador seguramente marcará una nueva etapa en su historia, ya que es la primera vez en los últimos trece años que el pueblo sale a defender a su Presidente y no a exigir su renuncia.
Lo de ayer parecía un golpe de estado, hasta que el ejército, el congreso y la masa popular ecuatoriana defendieron a su Presidente “secuestrado” por grupos policiales en el Hospital Militar de Quito.
Parlamentarios (asambleístas) de todos los partidos políticos de gobierno y oposición condenaron la insurrección policial y defendieron la democracia de manera tajante. El líder del partido Roldosista Ecuatoriano y uno de sus más férreos opositores apoyó incondicionalmente al Presidente electo por mandato popular. Así mismo, alcaldes de distintas regiones ecuatorianas llamaron incluso a movilizar a la ciudadanía rumbo a Quito para ir a defender la democracia.
Este respaldo del Congreso Nacional dio luces que la insurrección representaba a una minoría, ya que efectivamente no contaba con el apoyo político necesario para un golpe de estado. La decisión de las FF.AA. de apoya la institucionalidad y llamar a la Policía a deponer su actitud marcó por otro lado la fortaleza del proceso político ecuatoriano.
Y en las calles la situación se vivía de manera especial también. En los tres derrocamientos presidenciales anteriores, Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005), la presión popular y las manifestaciones ciudadanas e indígenas demostraban con fuerza la decisión del pueblo de revocar la confianza otorgada por las urnas y obligarlos a deponer su gobierno.
Lo que ocurrió ayer en Ecuador fortaleció no sólo la figura de Rafael Correa como un mandatario sólido, sino que a la democracia ecuatoriana como tal. Donde lo que primó en el desarrollo de la crisis fue la conservación institucional como un derecho que debía ser defendido por sus propios ciudadanos.
Rafael Correa enfrentó a la Policía Nacional políticamente, dirigiéndose al Regimiento Quito lugar en el cual recibió una bomba lacrimógena y los insultos de los policías, hecho que lo condujo al Hospital Militar, donde después fue retenido por un cerco policial hasta que el Presidente no revocara la Ley de Servicio Civil.
Correa no aceptó presiones policiales y manifestó que saldría de ese Hospital como Presidente o como cadáver. El mensaje era muy claro. El Presidente que tenían al frente los insurrectos no se dejaría intimidar. Y consultado por su rescate vía telefónica durante la tarde, Correa manifestó que no había dado la orden al comando que lo sacaría de allí, esperando que la policía depusiera su actitud y se evitara un enfrentamiento armado.
Hasta la última hora, el Presidente apostaba por el diálogo. Los manifestantes en las calles expresaban su apoyo pacífico, el Ejército se hallaba subordinado a las órdenes presidenciales, los ministros en el Palacio de Gobierno y sólo un pequeño grupo de policías intentando conseguir por la fuerza, anclados en un formato de desestabilización institucional que la mayoría del país rechazó de la manera más tajante.
La soberanía popular para el pueblo ecuatoriano demostró ayer que es un ejercicio democrático real. Es un mandato que renovó los votos de confianza tanto a la figura presidencial como al proceso político de “revolución ciudadana” que se está llevando a cabo en el país.
Comentarios
01 de octubre
Lo que pasó ayer en Ecuador demuestra que la ciudadanía está dispuesta a defender a toda costa lo que tantos años, muertos por medio, le ha costado construir. Democracias estables, en comparación con la que tuvieron hace pocos años. Correa ha sido el único Presidente que en los últimos 20 años ha dado gobernabilidad y respeto a la democracia ecuatoriana.
Un hipotético derrocamiento hubiera sido otro antecedente fatal para las democracias endebles latinoamericanas que luchan por consolidarse con muchos adversarios militares como políticos en contra, que no han dudado en sedición y traiciones para buscar por la fuerza lo que no han logrado por las urnas.
Ya tenemos los antecedentes de la intentona golpista de los departamentos opositores en Bolivia, donde UNASUR jugó un rol fundamental y de rápido accionar y condena. NO QUEREMOS MÁS HONDURAS en Latinoamérica, caso típico del Estado «bananero» de débil institucuionalidad y gran influencia externa, cuna de los «Contras» (auspiciados y armados por la CIA) que atacaron procesos revolucionarios en El Salvador como Nicaragua en los 80.
Hay que dar más respaldo político, económico e incluso militar a la UNASUR, porque una duda me surge de todo esto, ¿Por qué si la OTAN cuenta con un ejército multinacional para defender sus intereses, incluso en otras naciones (como Afganistán), no puede Sudamérica organizar algo similar? Muchos pondrán el grito en el cielo, pero Latinoamérica está harta de intervencionismos y ser mandatados externamente, UNASUR debe suceder a la OEA en su rol político y de autonomía regional para no seguir haciéndose lo que dicten EEUU y otros.
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