Considerar a la política exterior de Chile como una política de Estado, se ha convertido en un lugar común, una palabra talismán usada para conjurar la diferencia y evitar la discusión. Cosa distinta es afirmar que, en este ámbito, “deben” producirse acuerdos, pues se requiere toda la potencia de un amplio consenso para proyectar con éxito los intereses nacionales, sobre todo en un sistema internacional donde el poder es fluido y la incertidumbre su característica más relevante.
Tampoco cabe hablar ya del “interés nacional” como regla suprema, sino de la suma variopinta de intereses ciudadanos, definidos tras una adecuada deliberación democrática.
Se supone que la razón de Estado se aplica para incrementar la influencia de los países y darle continuidad en el tiempo, todo ello considerado como una dimensión privilegiada de la política, aunque tal interpretación haya sido cuestionada por las transformaciones radicales de la post Guerra Fría, origen de un sistema internacional globalizado, con variados actores y sin hegemonías claras, donde la distinción entre los ámbitos interno y externo se diluye progresivamente.
Por ello, las políticas exteriores se han politizado y pasaron a ser materia del debate doméstico, justificando los consensos sólo si se reconoce la existencia de asuntos esenciales que se sustraen de la cotidianidad democrática. Tampoco cabe hablar ya del “interés nacional” como regla suprema, sino de la suma variopinta de intereses ciudadanos, definidos tras una adecuada deliberación democrática.
En esta perspectiva, es más probable alcanzar acuerdos mínimos compatibles con el cambio permanente. Al contrario de lo que sucede en el caso chileno, donde el consenso se opone a la idea de cambio y no requiere la ratificación de la sociedad, puesto que se conforma con la ausencia o debilidad de visiones alternativas.
Se trata, en realidad, de un consenso hegemónico ante la fuerza que por diversas causas poseen grupos y estructuras protagónicas en la transición democrática (1990-2010). Si a esto agregamos la falta de debate y el secretismo con que se tratan estos temas, nos encontramos con una excesiva personalización y con la inexistencia de opciones explícitas.
Cuando asumió Michelle Bachelet su segundo periodo presidencial, parece inaugurarse un “nuevo ciclo” político. Ello también debe reflejarse en la proyección exterior del país. Si esta situación existe, el pretendido consenso se desvanece, aunque los poderes fácticos se resistan a aceptarlo, requiriéndose construir un consenso verdadero, que no tema a la crítica, a la confrontación y al debate, indispensables en un Estado democrático.
En todo caso, la búsqueda de estos acuerdos mínimos implica intentar converger en las líneas esenciales, las prioridades y los principios básicos que definen la política exterior, dejando los objetivos tácticos, el desarrollo, el despliegue concreto y la articulación práctica a proyectos específicos de partidos y Gobiernos.
Del resultado de la libre confrontación de ideas se deriva la viabilidad de un consenso que creemos positivo, aunque si eso no es posible podrán deducirse los límites al disenso, haciendo posible proyectar al extranjero una identidad nacional íntegra o parcial, con probabilidades ciertas de hacerse realidad.
Cristián Fuentes. Académico Escuela de Ciencia Política-UCEN
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Foto: redinnovagro
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