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En el transcurso de las escasas semanas que han pasado desde que se realizó la lectura pública del fallo en que la Corte Internacional de La Haya definió el límite marítimo entre nuestro país y Perú, diversas voces en Chile claman la necesidad o conveniencia de denunciar la participación del país en el Pacto de Bogotá, a fin de no continuar obligándose a concurrir ante dicha Corte Internacional por eventuales demandas que terceros países puedan interponernos.
Algunos parlamentarios nacionales, tanto oficialistas como de oposición, plantean que frente al resultado obtenido en el juicio limítrofe con Perú, no parece razonable seguir sometidos a una jurisdicción que lejos de fallar en derecho busca equilibrar los resultados para que los mismos sean aceptables para las partes y que ninguna de ellas sea perjudicada en demasía. Asimismo, argumentan que de seguir siendo miembro del Pacto de Bogotá nuestro país podría exponerse al riesgo de nuevas demandas limítrofes en el futuro, ante lo cual, sería del todo conveniente para los intereses nacionales retirarse de dicho Pacto. Por su parte, el Presidente de la República, para no ser menos, ha solicitado un estudio sobre la conveniencia o no de seguir siendo parte del referido instrumento internacional.
Pero más allá de la simple polémica coyuntural, probablemente más interesada en dar muestras a la ciudadanía de determinación en la protección de los intereses nacionales que de velar realmente por los mismos, parece obtuso desechar un pacífico, legítimo y útil mecanismo de solución de controversias internacionales, sobre la base de que el resultado no fue como las autoridades políticas nos convencieron que sería, dado que el derecho internacional nos acompañaría sin lugar a dudas o que, en el futuro, podríamos correr con similar suerte ante eventuales juicios interpuestos por hipotéticos terceros estados.
Es claro que, difícilmente se habría resuelto el diferendo limítrofe marítimo con Perú de no mediar el juicio ante la Corte Internacional de la Haya. Una prueba evidente de ello es el conflicto surgido entre nuestro país y Perú por la delimitación de la frontera terrestre, dado que el tribunal internacional no se pronunció respecto de si dicho límite se iniciaba en el punto concordia o el Hito 1. Tal conflicto, se ha convertido en una verdadera honoris causa entre los dos países, pasando lo accesorio a ser el tema principal en las relaciones bilaterales y deteriorando sustantivamente las mismas.
De igual modo, la aspiración boliviana de salida al mar difícilmente será resuelta con Chile de no mediar la intervención de un tercero imparcial, con jurisdicción internacional obligatoria para las partes. Si bien, las negociaciones bilaterales basadas en la denominada Agenda de los Trece Puntos fue un intento sincero por avanzar en diversos ámbitos de integración, en el punto seis de la misma, relativo al tema marítimo, no se lograron avances concretos y, dada la realidad política chilena, era muy improbable que se pudiera alcanzar algún acuerdo, aunque tales negociaciones hubieran continuado durante el actual período presidencial en Chile.
En tal contexto, parece del todo razonable para Chile entender la demanda presentada ante la Corte Internacional de la Haya por Bolivia, en el marco del Pacto de Bogotá, como una oportunidad de paz y futuro que permitirá resolver un conflicto que por su fuerte naturaleza simbólica estará siempre enturbiando las relaciones bilaterales. Asimismo, es un camino de solución pacifico en un contexto político nacional que difícilmente logrará alcanzar las mayorías necesarias para resolver el tema, si no es mediante éste mecanismo internacional.
La aspiración boliviana de salida al mar difícilmente será resuelta con Chile de no mediar la intervención de un tercero imparcial, con jurisdicción internacional obligatoria para las partes.
* Entrada publicada originalmente en globedia.com
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Foto: Wikimedia Commons
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