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“Tu pene o vagina deben determinar tus derechos”. Así puede resumirse la premisa plasmada en la columna publicada por el Sr. Claudio Alvarado el 13 de agosto de 2015 en el medio electrónico «El Mostrador». El Sr. Alvarado califica de errada la decisión de la Dirección Metropolitana de la Superintendencia de Educación al sancionar al Colegio Pumahue por discriminación hacía Andy, una niña trans cuyo caso ha sido dado a conocer en los medios de comunicación.
Según este abogado de la Universidad Católica, aspirante a Master en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios, la resolución de la Superintendencia de Educación desconoce la normativa de la propia ley anti-discriminación ya que ésta permitiría ciertas discriminaciones cuando ellas se basen en la libertad de enseñanza.
Lo que no puntualiza el Sr. Alvarado, caprichosa y convenientemente, es que la misma norma que él invoca habla de la necesidad de un ejercicio legítimo del derecho para que este pueda ser considerado. Así, el art. 2 de la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, señala que “se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones” que “se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental”.
De este modo, la discriminación realizada por el Colegio Pumahue, en el caso de Andy, no respondió a esa legitimidad ya que la libertad de enseñanza no puede utilizarse para justificar una segregación arbitraria y atentatoria contra la dignidad del ser humano y su legítimo derecho a la autodeterminación.
Del mismo modo, olvida el Sr. Alvarado mencionar que la ley anti-discriminación no sólo hace referencia al derecho interno, sino también, y en forma poco usual para nuestra legislación, hace mención al sistema internacional de Derechos Humanos. Así, el art. 2° inciso primero de la ley anti-discriminación señala: “Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable” que “cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes».
Contamos con un sistema internacional que hace ya un tiempo ha señalado la protección que deben tener las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. Así lo han señalado los llamados Principios de Yogyakarta elaborados a solicitud de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el año 2007.
De este modo la discriminación realizada por el Colegio Pumahue, en el caso de Andy, no respondió a esa legitimidad ya que la libertad de enseñanza no puede utilizarse para justificar una segregación arbitraria y atentatoria contra la dignidad del ser humano y su legítimo derecho a la autodeterminación.
A ello se suman las recomendaciones que organismos internacionales han realizado a Chile en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Así lo reflejan recomendaciones realizadas a Chile en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del año 2014, recomendaciones del Comité del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos en el año 2015 y, en junio de este año, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
Todo lo cual ha sido fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por lo tanto vinculante para nuestro país, que en el fallo “Atala e Hijas V/S Chile” condenó a nuestro país y señaló en su considerando 91: «Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención (Americana). Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual (e identidad de género) de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual (e identidad de género)».
De este modo, lo sustentado por el Sr. Alvarado resulta del todo alejado a un entendimiento real de la legislación nacional y del derecho internacional de derechos humanos. Siendo, por el contrario, del todo apropiada y ajustada a derecho la resolución de la Superintendencia de Educación al sancionar por discriminación al Colegio Pumahue y resguardar el derecho de identidad y no discriminación de Andy y su familia.
Columna en respuesta a la columna Niños Trans: La Ignorancia de la Superintendencia
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servallas
Ciertos consensos internacionales no significan que esas sean verdades o realidades, normalmente son acuerdos alcanzados con el activismo, sea este el que sea. Por otra parte, el concepto “niño transgénero”, una idea que se está poniendo en boga por ciertos colectivos interesados, no se puede asociar para nada con el hecho que una persona adulta luche y gane derechos que le son propios de su calidad de adulto. Un niño depende de su entorno, de su formación, de la copia que hace de su mundo, de sus juegos de roles y descubrimientos, asumir eso como una condición sexual permanente es a lo menos una intención adulta incorrecta, entonces, no es el abogado en cuestión, ni el colegio, ni la niña el problema, el problema probablemente es su entorno familiar.