Mujeres y política: cinco razones a favor de una ley de cuotas

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Las cuotas de género han demostrado ser exitosas a nivel internacional. No existe país que haya establecido leyes de cuotas de género que no haya, asimismo, aumentado la participación política de las mujeres. Por citar dos ejemplos de América Latina en participación de mujeres en las cámaras bajas: a) la ley argentina de 1991 supuso un aumento de un 6 a un 37, 8 %; y b) la ley ecuatoriana de 1997 implicó se pasara de un 4 un 32, 3 %.

El 7 de marzo pasado el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que establece incentivos económicos a las candidaturas de mujeres. Este proyecto es complementario a otros que disponen de cuotas de género (70/30% y 60/40%). Quisiera plantear cinco razones fundamentales a favor de una ley de cuotas de género que, en los hechos —y no solamente en el papel, que todo lo aguanta—, apunte a incrementar la participación de las mujeres en política:

1. Existe en Chile una notoria desigualdad de facto entre hombres y mujeres no sólo en el plano económico-social, sino también en el político-electoral. La desigualdad de facto (no meramente formal) entre hombres y mujeres se da en los más diversos ámbitos. Por ejemplo, en 2009 la brecha salarial entre ambos sexos ascendía a un 15, 8 %. ¿Y qué sucede en al plano político? Desde la perspectiva de la representación efectiva en el Congreso, actualmente existen sólo 17 mujeres, de un total de 120, en la Cámara de diputados, lo que equivale al 14 %; y 5, de un total de 38, en el Senado, lo que alcanza el 13 %. Claramente, estas cifras están muy por debajo de los promedios internacionales: 19, 2 % a nivel mundial; y 22, 5 % en América Latina.

Pero esta desigualdad no se reduce sólo a los resultados, a los escaños efectivos, sino que se amplía a las oportunidades, a las candidaturas presentadas por los partidos. En este sentido, resulta impactante enterarse de que en las últimas seis elecciones parlamentarias, entre 1989 y 2009, los partidos políticos presentaron un 90, 5 % de candidatos hombres y sólo un 9, 5 % de candidatas mujeres. Esta cifra baja un poco en el plano municipal (85-15 %), en buena medida gracias al sistema de listas que rige en las elecciones de concejales, lo que ayuda a ampliar la diversidad identitaria de las candidaturas.

2. Las medidas de acción positiva (como las cuotas) apuntan a superar la desigualdad de oportunidades de facto que afecta a grupos históricamente discriminados, entre ellos las mujeres. Tal como señaló la profesora Verónica Undurraga en la Comisión Mixta del Congreso que tramitó la Ley Antidiscriminación (2012), las medidas de acción positiva “en materia de igualdad y no discriminación, son herramientas que tienen como objetivo contrarrestar una situación social o cultural de discriminación que sufren ciertos grupos o colectivos en una sociedad”. Y agrega que ellas “permiten la verdadera igualdad de oportunidades para todas las personas”.

Es importante considerar que estas medidas tienen dos características fundamentales: son especiales y temporales. Lo primero significa que persiguen objetivos específicos y concretos, relacionados con grupos históricamente discriminados. Lo segundo, implica que se deben terminar cuando se ha alcanzado la igualdad de oportunidades que se buscaba superar.

3. El Estado de Chile se ha comprometido ante el sistema internacional de los derechos humanos a propiciar medidas de acción positiva a favor de las mujeres, incluso en materia de participación política.

Nuestro país ratificó la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1989), cuyo artículo 4°establece: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención”. Y la misma disposición agrega que “estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato”. Y específicamente sobre participación política, el artículo 7° dispone que los “Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública”.

Asimismo, no hay que olvidar que, conforme al artículo 5° de nuestra Constitución, es obligación de los órganos del Estado garantizar el respeto a los derechos humanos que deriven de “los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, como es el caso de la CEDAW.

4. Las cuotas de género que actualmente se proponen en Chile son de oportunidades, no de resultados; de candidaturas, no de escaños:

En efecto, los dos proyectos de ley de cuotas en actual tramitación en nuestro Congreso, no establecen cuotas de escaños, sino de candidaturas. Por ejemplo, la moción de 2003 (boletín 3206-18) dispone, tanto para las elecciones parlamentarias como municipales, que “en la declaración de candidaturas de cada partido o pacto, incluyéndose los independientes que hayan pactado o subpactado con aquellos, ningún sexo podrá superar el 60 % del total de candidaturas presentadas”.

En el mismo sentido, aunque variando los porcentajes, se pronuncia el proyecto presentado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2007 (boletín 5553-06) que establece: “Las declaraciones e inscripciones de candidaturas de los partidos políticos o de los pactos electorales, no podrán incluir más de un 70 % de personas de un mismo sexo”.

5. Las cuotas de género han demostrado ser exitosas a nivel internacional. No existe país que haya establecido leyes de cuotas de género que no haya, asimismo, aumentado la participación política de las mujeres. Por citar dos ejemplos de América Latina en participación de mujeres en las cámaras bajas: a) la ley argentina de 1991 supuso un aumento de un 6 a un 37, 8 %; y b) la ley ecuatoriana de 1997 implicó se pasara de un 4 un 32, 3 %.

Por su parte, un cuadro elaborado en un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (“Mujer y Política”, 2012) —que, curiosamente se opone a la normativa en cuestión—, demuestra que los países con leyes de cuotas (sean obligatorias o voluntarias) han aumentado en un 85 % la participación política de las mujeres versus los países que no disponen de estas leyes que lo han hecho en solo un 15 %.

Haciendo un uso cuestionable de las cifras, los autores de este informe suman los países sin  leyes de cuotas con los que establecen cuotas voluntarias a partidos, con lo que llegan a un 60 % versus el 45 de los países que establecen leyes de cuotas obligatorias. Me parece que se trata de un manejo cuestionable de las cifras, puesto que, de las tres categorías mencionadas, lo lógico sería sumar los países con leyes de cuotas (sean o no obligatorias) versus los que no tienen estas leyes; o, al menos, los que establecen cuotas obligatorias versus los que no establecen ningún tipo de cuota. Bajo cualquiera de estas formas de comparación, se llega a un aumento notorio de la participación de mujeres en la vida pública.

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