Mujeres lesbianas y políticas públicas

---

Las lesbianas constituimos un sector expuesto, doblemente, a problemas sociales y económicos derivados del hecho de ser mujer y de la orientación sexual: doble discriminación y violencia, falta de capacitación y sensibilización en las atenciones de salud, acceso limitado y controlado a la reproducción asistida, a la adopción y a las relaciones familiares y de pareja protegida, inexistencia de apoyo y contención a menores en situación de exclusión familiar, invisibilización de la violencia intrafamiliar y una educación formal sesgada por la normativa heterosexual que reproduce el patrón discriminatorio y violento.

Las políticas públicas son propias de las democracias, pues obligan al Estado y al gobierno a interactuar con otras instancias políticas, económicas y sociales en el análisis científico de los problemas sociales: su origen, su priorización como “problema público” y las medidas o actividades que dichas autoridades puedan realizar para solucionarlos. La priorización depende de las preferencias y metas que logren consensuar los actores indicados, donde se utilizan métodos cuantitativos vinculados al libre mercado y métodos cualitativos que estudian las particularidades y resultados de una política pública.

Dicha priorización requiere del involucramiento del Ejecutivo en todas sus etapas, desde el inicio del proyecto de Ley respectivo, hasta la ejecución y gestión de las medidas específicas para la solución del “problema público”. En los restantes casos requiere que la presión sectorial o social exija tal tratamiento.

Las lesbianas constituimos un sector expuesto, doblemente, a problemas sociales y económicos derivados del hecho de ser mujer y de la orientación sexual: doble discriminación y violencia, falta de capacitación y sensibilización en las atenciones de salud, acceso limitado y controlado a la reproducción asistida, a la adopción y a las relaciones familiares y de pareja protegida, inexistencia de apoyo y contención a menores en situación de exclusión familiar, invisibilización de la violencia intrafamiliar y una educación formal sesgada por la normativa heterosexual que reproduce el patrón discriminatorio y violento. Cabe entonces la necesidad de relevarlos como “problema público” para el diseño y ejecución de medidas orientadas a su solución.

En la actualidad, las políticas públicas con incidencia tienen su eje en la diversidad sexual y en las mujeres. En el primer eje se ha avanzado hasta la censura legal de la discriminación y en la ejecución de programas acotados de promoción de la diversidad sexual, encontrándose actualmente en debate el reconocimiento de parejas del mismo sexo y de su familia en el sistema jurídico. En el segundo eje se tiene mayor maduración estatal con diferentes programas destinados a la erradicación de la violencia, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, a la promoción de la igualdad de oportunidades y la equitativa distribución del poder, contando para ello con una institucionalidad propia (en vías de transformarse en un ministerio).

Existe entonces la necesidad de solucionar tanto dichos problemas sociales específicos de la población lésbica como también los problemas comunes con las mujeres y con la diversidad sexual. Si el Estado y el gobierno carecen de interés y conocimiento necesario para su tratamiento como “problema público”, urge entonces la creación de espacios y de grupos lésbicos que ejerzan presión crítica sobre ellos, tanto desde el trabajo específico como también desde el trabajo articulado con otros grupos lésbicos, de mujeres y/o de la diversidad sexual, que posean visiones, objetivos y propuestas afines. Para ello la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio inició un nuevo camino para trabajar estos temas que nos urgen como comunidad.

Autora: Bárbara Orellana B. Abogada. Encargada de Políticas Públicas y Programas de Gobierno. Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio