El incipiente debate sobre financiamiento público a los partidos políticos, no puede dejar de incorporar la equidad de género como uno de los temas centrales; sólo así lograremos superar las barreras de incorporación de mujeres a la toma de decisiones políticas que actualmente nos coloca vergonzosamente bajo la media de América Latina.
A propósito del proyecto de ley de reforma a la ley de partidos políticos anunciado por el Ejecutivo, que busca profundizar los derechos de participación e información de los militantes y la obligación de transparencia a través de sus sitios web, han comenzado a levantarse voces correctoras desde el Senado.
Tal es el caso de Hernán Larraín y Soledad Alvear, respecto de la necesidad de incorporar un financiamiento fiscal que permita hacer efectivo lo que la iniciativa busca, que es transparentar e informar a los/as militantes no sólo sobre cómo se organizan los partidos, sino, sobre todo, cómo se financian y se distribuyen los recursos al interior de los mismos. En ese sentido, vale resaltar que en América Latina 10 de 16 países cuentan con un financiamiento para la política permanente, es decir no sólo para los procesos electorales.
En esta línea es importante considerar dos temas: el primero es que sabemos de sobra las dificultades que experimentan las mujeres para participar en política y acceder a puestos de decisión, en donde un factor determinante es el acceso a recursos.
Asimismo, que los recursos económicos son hoy día un prerrequisito para competir en los sistemas políticos, tanto internos de los partidos, como en cargos de representación popular, por lo que el financiamiento político y su relación con la equidad de género no son variables independientes.
Es por esto que una reforma al financiamiento político debe contener una referencia explícita a la equidad de género en la distribución de los fondos públicos, así como también medidas que permitan disminuir esta barrera. Así lo han hecho algunos países de la región, donde se han incorporado porcentajes importantes del financiamiento de los partidos para la capacitación y liderazgo de mujeres al interior de los mismos, así como medidas de acción afirmativa que permiten incorporar los costos invisibles (como el cuidado de hijos/as) dentro de los costos de campañas.
El segundo punto es que la reforma a los partidos debe garantizar respecto de su organización interna, la necesaria paridad que debe existir en los puestos de decisión, así como en las candidaturas a procesos de elección popular.
Si de lo que se trata es de avanzar en participación y transparencia, así como de superar la brecha y desafección que existe entre los partidos y la ciudadanía, al analizar reformas a la ley de financiamiento de la política no se puede dejar de considerar las discriminaciones existentes, tales como las brechas salariales entre hombres y mujeres, la baja inserción laboral de las mujeres o las dificultades que éstas presentan para la obtención de créditos.
Las mujeres representan el 53% del electorado y el 50% de los padrones internos de los partidos políticos. Dado que los partidos son promotores de los cambios sociales y representantes de las demandas ciudadanas -donde una central es terminar con la porfiada división sexual del trabajo que posibilite erradicar la subordinación de las mujeres, tanto en lo público como en lo privado-, el incipiente debate sobre financiamiento público a los partidos políticos no puede dejar de incorporar la equidad de género como uno de los temas centrales; sólo así lograremos superar las barreras de incorporación de mujeres a la toma de decisiones políticas que actualmente nos coloca vergonzosamente bajo la media de América Latina.
Vale recordar que en octubre del presente año, al Estado de Chile le corresponde dar cuenta de los avances respecto de la situación de las mujeres chilenas ante el Comité de la CEDAW. Esperemos, entonces, que los poderes del Estado -al menos el Legislativo- consideren que uno de los temas donde estamos en falta es respecto de la participación política de las mujeres y sea un elemento más a considerar en los debates y votaciones respecto de las necesarias reformas políticas que este país requiere.
*Por Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas. Columna anteriormente publicada en el Blog de La Tercera
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Foto: Kena Lorenzini
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