Los recuerdos de aquellas vacaciones se borraban brutalmente con cada golpe. Tendido en el suelo, no sólo él notó que algo se quebraba en su interior, todo Chile comenzaba a sentir su alma partida en dos.
Con cada brutal embestida de odio, la sangre de Daniel comenzaba a llenar las manos de muchos, pocos fueron castigados.Los asesinos de Daniel Zamudio no están presos, siguen en las calles, la violencia y la discriminación (reales asesinos) no han sido combatidas, siguen acechando las calles de nuestro país. El Estado no se ha hecho cargo de tomar las medidas necesarias para evitar nuevos casos como el de Daniel, no ha sido capaz de tomar medidas afirmativas en favor de la igualdad y no discriminación.
Era la madrugada del dos de marzo de 2012 y la discriminación daba comienzo a una larga agonía que terminaría cobrando, muy caro, las falencias de un Estado que nada ha hecho por el respeto a la diversidad.
En el tercer aniversario de uno (no el único, ni menos el último) de los ataques discriminatorios más brutales de nuestra historia y siendo uno de los más mediáticos, es difícil no hacer una reflexión.
En una mirada simplista podríamos indicar el caso Zamudio como catalizador para la aprobación de la ley N° 20.609 (Ley que establece medidas contra la discriminación) y, probablemente para la recientemente aprobada Ley de Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo una mirada más crítica de estos avances legislativos, nos obliga a entender el caso Zamudio como un crimen sin resolver.
Las falencias obvias de la ley N° 20.609 no hacen más que una triste utilización del nombre de Zamudio y del dolor de una familia y un país golpeado por la intolerancia. Siendo una ley que judicializa la discriminación a través de una acción legal que sólo actúa después de ocurrido el hecho y en donde la víctima denunciante posee toda la carga probatoria, es casi nulo el avance que esta legislación introdujo en nuestro país para combatir el fenómeno de discriminación que vive Chile.
Nuestro país sigue presentando altas tasas de discriminación, así lo demuestra la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2013 del INDH que refleja que sobre el ochenta por ciento (80%) de las personas encuestadas declara haberse sentido discriminado en once de las doce categorías sospechosas de discriminación consultadas. Del mismo modo la “Primera Consulta Ciudadana sobre la Discriminación en Chile” del Ministerio Secretaría General de Gobierno del año 2013 estableció que el 31% de las personas que respondieron la consulta declara que sí ha discriminado arbitrariamente a alguien, mientras que el 52% de los consultados indicó que sí se ha sentido discriminado/a arbitrariamente.
Por otra parte, la ley que Acuerdo de Unión Civil representa, sin duda, un avance en el reconocimiento de derechos civiles para las personas de la diversidad sexual y el cual fue alcanzado, en parte, gracias a la nueva sensibilidad existente actualmente hacía estas temáticas, luego del caso Zamudio. No obstante esta relación es indirecta y resulta en un derecho civil. Lejos de ser una vía para educar a Chile, se trata de un avance de derechos privados de las personas de la Diversidad Sexual.
De lo anterior resulta claro que el caso Zamudio dista mucho de haber resultado en un avance hacía una cultura respetuosa de la diversidad, hacia un Chile sin discriminación.
Los asesinos de Daniel Zamudio no están presos, siguen en las calles, la violencia y la discriminación (reales asesinos) no han sido combatidas, siguen acechando las calles de nuestro país. El Estado no se ha hecho cargo de tomar las medidas necesarias para evitar nuevos casos como el de Daniel, no ha sido capaz de tomar medidas afirmativas en favor de la igualdad y no discriminación. Esta falta de equidad y comprensión de la diversidad, continúa amenazando a todas y todos quienes nos declaremos diversos. La segregación y los estereotipos continúan oprimiendo a migrantes, a la diversidad sexual, a descendientes indígenas, a las mujeres, a personas en situación de discapacidad y a un largo etcétera de personas discriminadas.
A tres años del ataque, ha quedado claro que la discriminación no termina con una ley, sino con políticas públicas y el impulso de la diversidad como un valor en la construcción de una real democracia. La falta de impulso y real compromiso político para la creación de un Instituto Nacional de la Diversidad e Inclusión INADI es muestra de esta falta de responsabilidad por parte del gobierno y del Estado de Chile en el respeto de los derechos humanos de sus habitantes.
Esta deuda del Estado es la que mantiene impune el crimen contra Daniel Zamudio, sin resolver ni afrontar el real problema, la discriminación institucionalizada en nuestro país, de una sociedad que aún no entiende la convivencia democrática en donde no somos iguales ni debemos serlo, sino todas y todos distintos pero iguales en derechos.
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