Hay muchos días que dan ganas de salir a la ventana y gritar. Tal vez, todas estemos conectadas silenciosamente como en la película Avatar y, de alguna forma, sale ese grito sororo que nos ilumina y nos hace sentir acompañadas, puesto que en este sistema patriarcal estamos desamparadas. Sólo hay que ver los argumentos utilizados en la defensa de Martín Pradenas, acusado de abuso sexual y violación, para sentir la necesidad de exigir, una vez más, una educación no sexista que cuestione y derribe los prejuicios existentes en torno al sexo sin consentimiento; una educación sexual integral que desafíe la cultura de la violación en la que vivimos y un sistema judicial con perspectiva de género que conozca los procesos emocionales internos que viven las personas sobrevivientes de violación.
Son días muy difíciles para las mujeres y niñas en Chile. Nos encontramos bajo unas medidas de confinamiento que buscan protegernos del virus Covid-19, pero que no nos protegen de la usual desigualdad al interior del hogar, donde la mayoría de las mujeres cargamos diariamente con la triple jornada de trabajo: el remunerado, el cuidado de la familia y las labores domésticas. Este confinamiento tampoco nos protege de la violencia de género, ya que según afirma el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile aumentó en un 70% las llamadas al fono de ayuda 1455 durante el primer fin de semana del confinamiento.Claramente la pandemia ha acentuado la desprotección de nuestros derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto
Esta desigualdad nos afecta también en la protección de nuestra salud sexual y reproductiva y, más específicamente, en la utilización de la ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal letal y gestación producto de violación sexual. Claramente la pandemia ha acentuado la desprotección de nuestros derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto. Sin embargo, ante escenario debemos saber que existen vías de reclamo cuando no se ha respetado nuestro derecho a decidir.
En este contexto, el 30 de julio se llevó a cabo la “Marcha Virtual Por el Aborto” y muchísimos pañuelos verdes inundaron las redes sociales. Y es que la pandemia no va a impedir que nos movilicemos en defensa de nuestra salud sexual y reproductiva, lucha que seguiremos dando hasta conseguir que el Estado de Chile respete y nos proteja debidamente, tal y como estipula la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979, ratificada por Chile, en su artículo 16° letra E: “(las mujeres tienen) los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y tendrán acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. No permitiremos que nuestros derechos sigan quedando relegados a un segundo lugar y tampoco permitiremos que sigamos siendo el segundo sexo, tal y como criticaba Simone de Beauvoir en la década de los sesenta.
Lamentablemente, para muchas mujeres es habitual quedar relegadas, somos “lo otro”, lo que queda al margen en esta sociedad y, por lo tanto, es esperable que así sea también con los derechos sexuales y reproductivos, puesto que es a través del control de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres como históricamente nos han tratado de dominar para mantener nuestra subordinación. La consecuencia de esta negligencia por parte del Estado chileno es empujar a las mujeres, a embarazos no deseados, maternidades forzadas y al aumento de abortos ilegales e inseguros junto a otras complicaciones obstétricas.
La pandemia ha visibilizado aún más el sistema patriarcal en el que vivimos, las vulneraciones que genera en los derechos humanos, y que nos afecta directamente a las mujeres, especialmente a aquellas históricamente marginadas que se ven obligadas a asumir una maternidad no deseada, fruto de una imposición social que niega de manera constante nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Por Paula Bustos, activista de Amnistía Internacional – Chile.
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