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Los otros recursos contra HidroAysén que el gobierno evita resolver

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Porque aunque eventualmente en Santiago las autoridades determinen luego de las elecciones dar su visto bueno definitivo a HidroAysén, se mantendrá pendiente la decisión que el gobierno adopte sobre estos requerimientos, los cuales llegarán, de seguro, a los recientemente estrenados tribunales ambientales. Tribunales que, como se ha visto en los fallos del Camino de la Fruta, la central Tagua Tagua o el mall Plaza Egaña, las empresas han tenido importantes reveses.

Menuda controversia se generó hace un tiempo cuando El Mercurio filtró que el gobierno habría determinado postergar la decisión sobre las reclamaciones contra la aprobación de HidroAysén para después de las elecciones presidenciales del 17 de noviembre. La empresaactores políticos y medios de comunicación han salido a cuestionar que por motivos ajenos al procedimiento no se resuelva la viabilidad (o inviabilidad) del proyecto a más de dos años de su visto a nivel local.  Queja que obvia, en todo caso, que aún no se ha ingresado el obligatorio estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico, o que la compañía tampoco tiene los derechos de agua ni las concesiones eléctricas necesarias, entre otros trámites pendientes

Pero las cientos de reclamaciones sobre las que debe dirimir el Comité de Ministros no son la única arista de la cuestionada iniciativa a la cual el gobierno le está sacando haciendo el quite. Este verdadero “limbo administrativo” se repite con dos escritos ingresados hace cinco meses en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, los que representan un serio riesgo para el proyecto y podrían significar su paralización definitiva. Mientras no se resuelvan, la eventual materialización seguirá en suspenso.

Los recursos que el gobierno no quiere ver

El 31 de mayo de este año fueron presentados simultáneamente en Coyhaique dos recursos de invalidación. Estos fueron dirigidos a la Comisión de Evaluación Ambiental local y firmados por diversos pobladores directamente afectados por las obras, además de vecinos y dirigentes políticos: uno contra la resolución de calificación ambiental por omisiones relevantes en la tramitación y aprobación del proyecto, y el segundo exigiendo la nulidad de la notificación, ya que ésta no se hizo personalmente sino por prensa escrita a quienes presentaron observaciones al estudio de impacto ambiental, lo cual les afectó en sus posibilidades de presentar reclamaciones a tiempo.

Los documentos fueron suscritos, entre otros, por la ex intendenta Viviana Betancourt, la comunicadora social Claudia Torres, el presidente de la Fundación Aysén Futuro Antonio Horvath Gutiérrez, el dirigente de los pescadores artesanales Iván Fuentes, el senador RN Antonio Horvath Kiss, la empresaria regional Miriam Chible, además de los pobladores afectados por el proyecto Lili Schindele, René Muñoz y Rosa Millar Quinto, los vecinos de Cochrane Carlos Garrido, Elvis Valdés, Gabriel Garrido, Elena Cea, además del obispo Luis Infanti.

A la fecha el gobierno no ha emitido un pronunciamiento sobre ninguno de los dos requerimientos, en circunstancias que el artículo 27 de la ley señala que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Tampoco ha notificado a los demás interesados en el resultado de la acción, lo cual fuera solicitado expresamente por los recurrentes.  Y a pesar de la práctica habitual del SEA de transparentar en el sistema electrónico toda la tramitación del proyecto, éstos no se han subido al sistema.

En concreto, el gobierno ha hecho como que el recurso no existiera.

El problema de eludir un pronunciamiento sobre esta materia previo a la decisión del Comité de Ministros viene de sus implicancias en materia judicial.  Porque aunque eventualmente en Santiago las autoridades determinen luego de las elecciones dar su visto bueno definitivo a HidroAysén, se mantendrá pendiente la decisión que el gobierno adopte sobre estos requerimientos, los cuales llegarán, de seguro, a los recientemente estrenados tribunales ambientales.  Tribunales que, como se ha visto en los fallos del Camino de la Fruta, la central Tagua Tagua o el mall Plaza Egaña, las empresas han tenido importantes reveses.

Muchos se preguntan hoy si no sería más conveniente para la autoridad resolver antes sobre estos recursos, zanjando así ya una posible futura controversia.  Pero al parecer, eso no encaja en el estilo de la actual administración.

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29 de octubre

Estos comentarios «legales» nos tienen pagando la energía más cara del continente….

29 de octubre

Estimado señor Bertin:

Si con eso alude al éxito de la causa Patagonia sin Represas, gracias por sus palabras le damos todos quienes adherimos a ella.

Ahora, si lo que quiere decir es que por falta de generación a través de represas y termoeléctricas que no se hacen cargo de sus impactos ambientales, sociales e incluso económicos pagamos las tarifas que pagamos, puedo decir que comentarios «económicos» como el suyo (dicho en una línea), son los que nos tienen en tal situación. Esto, debido a que no es la falta de generación sino el modelo eléctrico nacional (orientado hacia el interés privado de las grandes empresas y no el bien colectivo, donde la máxima es «mientras más vendo más gano») el que nos tiene como estamos.

No es posible que en un país donde supuestamente estamos en crisis eléctrica (no energética, que es mucho más que lo que sale del enchufe) sea el sector eléctrico el que obtiene las mayores utilidades después de… la minería.

Saludos y lo animo a profundizar en un artículo sus planteamientos.

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