Se comprenderá el largo periplo que un proyecto de esta naturaleza deberá recorrer en el Congreso antes de ver la luz. Santa Bárbara y Alto Bío Bío, donde pagan tarifas eléctricas incluso superiores a las nuestras, querrán ser beneficiadas. Y a la fila de pondrán Rapel, Colbún, Coronel, Mejillones, Tocopilla y un largo etcétera de comunidades.
Sigilosamente, sin que muchos se enteraran, un grupo de diputados presentó el 9 de enero en la Cámara Baja un proyecto de ley para “imponer descuentos en las cuentas de electricidad a aquellas personas que tienen domicilio en una comuna en cuyo territorio está ubicada una empresa generadora de electricidad”. La iniciativa fue patrocinada por Felipe Harboe (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Juan Carlos Latorre (DC), Luis Lemus (PS), Andrea Molina (UDI), Adriana Muñoz (PPD), José Pérez (PRSD), Ricardo Rincón (DC) y Patricio Vallespín (DC).
Se confirma así algo que veníamos expresando desde hace mucho tiempo. Es materia del Legislativo viabilizar la oferta de tarifas eléctricas a menor costo para la región, que se han encargado de promocionar sistemáticamente HidroAysén y Energía Austral. Bajo el silencio aliado de autoridades de gobierno que nunca aclararon a la ciudadanía que ninguna de tales empresas podía asegurar, como lo han hecho, rebajas en el valor de la cuenta de electricidad, ya que no tienen atribuciones para materializarlo porque se requiere del concurso de otros actores. Entre ellos, el Parlamento.
Es así que no fueron más que voladores de luces las condiciones que en mayo de 2011 la autoridad regional le impuso a HidroAysén, en el sentido de obligarle a rebajar a la mitad el costo de la energía en la zona, exigencia a la cual la empresa se opuso mediante un recurso de reclamación que, junto a cientos de otras presentaciones, debe resolver un postergado Comité de Ministros. Algo en lo que la Comisión de Evaluación Ambiental insistió con Energía Austral en septiembre pasado, obligándole a rebajar en un 21 % el costo de la electricidad, eso sí agregando una salida: si no fructifica la vía legislativa, impone que el compromiso se materialice mediante su equivalente monetario. Según algunos abogados consultados, la fórmula mágica tiene riesgo de ser declarada inconstitucional, toda vez que nuestra Carta Fundamental dice expresamente que “sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras”.
Pero sigamos analizando la iniciativa legal recientemente ingresada. Esta propone agregar el siguiente artículo a la Ley General de Servicios Eléctricos: “Las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio público de distribución a todos los usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, deberán rebajar, un 40% de las cuentas de consumo eléctrico a los clientes que tengan domicilio en la comuna donde este emplazada una unidad de generación conectada a un sistema eléctrico que posea una capacidad instalada igual o superior a 200 megawatts, y que corresponda a su concesión».
Es esta una versión 2.0 de la idea que en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet impulsara el titular de Energía, Marcelo Tokman. Conocida como “ley de compensaciones eléctricas”, tal mensaje presidencial establecía que “las empresas que a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, conecten unidades de generación a un sistema eléctrico que posea una capacidad instalada igual o superior a 200 megawatts, determinarán y pagarán por una sola vez, un impuesto específico de beneficio municipal equivalente a 270 Unidades Tributarias Mensuales por cada megawatt de potencia de placa que tenga cada unidad de generación”. Ahora, por cierto que el proyecto venía con trampa: las eléctricas podrían descontar tal pago de sus impuestos futuros. Es decir, todos los chilenos solventando esta especie de aplacamiento de la furia territorial.
Porque, lamentablemente, tal es el objetivo de este tipo de iniciativas. No es la equidad territorial ni la justicia socioambiental, es esencialmente una forma de hacer que los ciudadanos acepten, a cambio de dinero, poner en riesgo su salud y la de sus hijos, ya que “las externalidades negativas que los asentamientos de generadoras de electricidad provocan en la población que son muy altas y perniciosas, tales son los casos de niños contaminados en Puchuncaví, los daños ecológicos provocados en las costas de Coronel, entre muchos otras externalidades que hacen necesaria una revisión de la política energética en Chile”. El texto no es mío sino del propio proyecto de ley.
Es, en la práctica, ponerle precio a la vulneración de derechos. Algo muy de moda en el Chile de la responsabilidad social empresarial y la armonización, negociación y diálogo con la billetera en la mesa.
Se comprenderá el largo periplo que un proyecto de esta naturaleza deberá recorrer en el Congreso antes de ver la luz. Santa Bárbara y Alto Bío Bío, donde pagan tarifas eléctricas incluso superiores a las nuestras, querrán ser beneficiadas. Y a la fila de pondrán Rapel, Colbún, Coronel, Mejillones, Tocopilla y un largo etcétera de comunidades. Este miércoles, en sesión de la Comisión de Energía y Minería, comenzará la discusión en la Cámara Baja. Y claro, uno de los invitados especiales es precisamente Marcelo Tokman, cuya opinión al respecto ya conocemos.
Lo dijimos hace mucho tiempo. Rebajar el costo de las tarifas eléctricas es mucho más complejo que aceptar la oferta de una empresa, cuales cuentas de vidrio que ofrecen los conquistadores para validar su saqueo. Pasa por una reestructuración completa del sistema eléctrico nacional (e incluso energético), hoy orientado casi exclusivamente al beneficio privado de las corporaciones generadores, distribuidoras y transmisoras.
Por lo pronto, el mejor negocio para Aysén hoy es que tales proyectos mega hidráulicos no se materialicen. Mal que mal este año entre HidroAysén y Energía Austral deben pagar unos $ 4 mil millones en patentes por derechos de agua no utilizados, de los cuales un 65 % irá al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y un 10 % a los municipios correspondientes. El resto, al Erario nacional.
Y así, esperemos que algún día se aburran y devuelvan los derechos de agua usurpados a las comunidades. De donde su administración nunca debió salir.
Nota elquintopoder: Te invitamos a leer la respuesta del diputado y senador electo, Felipe Harboe.
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Foto: chilefotojp / Licencia CC
Comentarios
21 de enero
Y cuando devuelvan esos derechos de agua, quien los administrará?? La sabia burocracia, el operador nombrado por el partido de gobierno, el comité de sabios local? Cuanto cobrará, como asignará los recursos entre los ganaderos, agricultores, pobladores??
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22 de enero
Muchas comunidades indígenas solicitaron derechos de agua, para proteger sus esteros y ríos, ahora deben pagar patente, no me parece correcto.
Toda empresa que cause un impacto en el territorio debe pagar impuestos territoriales, que van mas allá de un simple descuento en la boleta de luz, como es este caso, desde siempre éstas empresas crean sus fundaciones para justificar sus robos y expropiaciones, los diputados senadores y presidentes tendrían descuentos en sus casas de veraneo jaajajaj….
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