#Energía

De imágenes y realidades en la Política Energética chilena

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En una reciente columna en El Mercurio, el ministro de Energía Máximo Pacheco se refiere a la Nueva Política Energética de Chile. Nos habla de “diálogo sin reservas”, de dejar de “concebir la historia como un acontecer natural” y de Energía 2050 “abriendo el espacio de lo posible”.


El ministro omite algo fundamental: el marco regulatorio, la Ley Eléctrica (y el Código de Aguas y la Constitución), sigue intacto. Un marco que consiste en altas rentabilidades para el sector privado a costa de subsidios estatales y de los consumidores. Sin ordenamiento territorial ni real participación de las comunidades afectadas.

Una semántica que ha sido la tónica del ministro Pacheco desde que asumiera en 2014. Una semántica que enfatiza el diálogo, lo ciudadano, lo cercano y amigable, a la vez que el trabajo serio, técnico y objetivo. “Nos tomó más de un año y medio elaborar esta política energética de largo plazo, con validación social y técnica. Hicimos más de 130 talleres regionales, con una participación superior a las 4 mil personas. Formamos un comité consultivo de 27 personas de diversa formación y origen…”.

Esto mismo lo repite el ministro en el Congreso cuando presenta los proyectos de ley de la cartera, por ejemplo, la Ley de Transmisión. Proyectos que siempre requieren urgente y rápida tramitación. Los parlamentarios deben confiar, los argumentos técnicos están, la participación está, es cosa de votar y aprobar. Porque Chile necesita energía, porque Chile necesita desarrollo, no hay que perderse en discusiones ideológicas.

La presentación es siempre acompañada de fotos con hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, a lo largo del país. Garantía de, como dice el ministro, que el “proceso ha desvanecido las opiniones particulares en favor de una convicción fundada y colectiva en materia energética”.

Sin embargo, la realidad es más compleja. Como en toda sociedad democrática, no existen convicciones tan absolutas (por suerte) que permitan desvanecer no sólo las opiniones particulares, sino que lo particular: desde lo territorial hasta lo identitario, pasando por muchas otras particularidades que las comunidades que al ministro tanto le gusta fotografiar conocen y viven día a día.

El ministro no señala que en la región de Aysén varios integrantes de la comisión a cargo de desarrollar la política energética regional se rebelan una y otra vez a decisiones tomadas de antemano y sin previa consulta. Y es que, ¿Qué pasa si Aysén no quiere ser la pila de Chile? Una señal igual de preocupante les da la aprobación de Río Cuervo, mega-represa que cambia no sólo el territorio, sino que la definición de política energética regional. Cuando el ministro habla de energías renovables, evita ponerles apellido (no convencionales) y dar cuenta de los múltiples conflictos con comunidades indígenas por mega proyectos hidroeléctricos en el centro y sur del país.

Y es que no se trata sólo de la tecnología, sino que de cómo y dónde se instala. La escala. Quiénes ganan y quiénes pierden. Y bajo qué marco regulatorio. Es aquí donde también el ministro omite algo fundamental: el marco regulatorio, la Ley Eléctrica (y el Código de Aguas y la Constitución), sigue intacto. Y es refrendado y fortalecido una y otra vez en el Congreso. Ni siquiera los parlamentarios tienen derecho a discutirlo y cambiarlo. Un marco que consiste en altas rentabilidades para el sector privado a costa de subsidios estatales y de los consumidores. Sin ordenamiento territorial ni real participación de las comunidades afectadas.

Y cuando parlamentarios de la misma coalición del gobierno insisten en incorporar mínimos que aseguren el interés público y cambien este marco regulatorio, el ministro no da su brazo a torcer.  Alude al compromiso con el gobierno, incluso al compromiso entre socialistas. Y si es necesario, aprueba los proyectos (como la Ley de Transmisión) con votos de la oposición.

Es en ese entramado donde realmente se juega la revolución energética de la que nos quiere convencer. Ahí es donde hay que cambiar las reglas del juego. Quién paga, quién es dueño, cuánto renta.

Esas son las preguntas. El resto son sólo imágenes.

TAGS: comunidades Política Energética proyectos energéticos

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Aminta

27 de marzo

Siempre, me he preguntado lo mismo; Quien gana con estos mega proyectos energéticos??. Cancelo al rededor de $20.000 por consumo de energia más entre $4.000 y $6.000.- por concepto de reliquidaciones que nadie sabe por que las cobran a la ciudadania, lo que hace un total de casi $30.000 mensual.
Si yo te preguntara y por favor responder con toda franquesa. Estos mega-proyectos son financiados y ejecutados por Chile?? O mas bien son empresas extranjeras inversoras que se aprovechan de lo «mano de guagua» (mezquinos), que somos para invertir en nuestro propio beneficio y se prefiere nuevos inversores para sacar provecho de nuestros bienes naturales como Ríos y Bahías tranquilas en caso de las thermoelectricas y asi cobrarnos por algo que naturalmente lo entrega esta tierra.

28 de marzo

Hola Aminta, gracias por tu comentario e interés. Estos proyectos no son financiados ni ejecutados por Chile, si por Chile te refieres al Estado chileno. En general son empresas transnacionales. De hecho, es un negocio muy bueno y rentable, por lo mismo, los que invierten en estas empresas son por ejemplo los fondos de pensiones de países como Canadá. Puedes ver más información en las presentaciones que hay en este link y que iremos subiendo: http://www.ojoconelparlamento.cl/proyecto-de-ley/establece-nuevos-sistemas-de-transmisi%C3%B3n-de-energ%C3%ADa-el%C3%A9ctrica-y-crea-un-organismo (ver, por ejemplo, la de Transelec cuando esté disponible). Saludos!

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