Desde el regreso a clases presenciales durante las últimas semanas del mes de marzo del 2022, una serie de actos de violencia física y psicológica dentro de los establecimientos educativos han inundado los medios de comunicación con fuertes imágenes y acusaciones de acoso, agresión y amenazas de masacres escolares.
Según el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila, el abrupto retorno a clases presenciales produjo en enorme estallido de violencia dentro de las comunidades educativas, en virtud de la falta de planes y estrategias efectivas para abordar la nueva adaptación escolar de estudiantes que habían estado alejados de las aulas por cerca de dos años.
Las comunidades educativas han tenido que afrontar una serie de adversidades que dificultan su funcionamiento, dentro de ellas la falta de condiciones estructurales e insumos necesarios para garantizar las condiciones mínimas de seguridad para escuelas y liceos del país. Sumado a lo anterior, el saliente gobierno de Sebastián Piñera estableció como obligatorio el regreso a clases presenciales, presionando a los establecimientos a regresar para garantizar la subvención escolar, sin importar las reales condiciones y necesidades de las comunidades educativas.
Según MINEDUC, tras el retorno a las clases presenciales, las denuncias en la Superintendencia de Educación han aumentado en un 30%, siendo mayoritariamente sobre violencia escolar. En esta misma línea, los episodios de violencia, acoso y amenazas no solo han afectado a los estudiantes, sino, que se han presentado fuertemente en el cuerpo docente, asistentes y auxiliares de la educación. No es de extrañar que el aumento sostenido de licencias médicas en funcionarios de educación guarde relación con las condiciones socioemocionales actuales de padres, apoderados y estudiantes.
Las comunidades educativas actualmente viven una enorme presión, tanto administrativa como mediática. Desde el MINEDUC siguen en pie las fechas de entrega de los planes de mejoramiento educativo, la aplicación de evaluaciones estandarizadas, la evaluación docente y todas las declaraciones administrativas relacionadas a la subvención, sí a lo anterior le sumamos el contexto COVID y sus inmanejables protocolos, sin lugar a dudas nos encontramos ante un caldo de cultivo para una explosión de agresividad y enfermedades mentales de alto impacto.
Según MINEDUC, tras el retorno a las clases presenciales, las denuncias en la Superintendencia de Educación han aumentado en un 30%, siendo mayoritariamente sobre violencia escolar
Con las últimas orientaciones del MINEDUC sobre la posibilidad de flexibilizar la jornada escolar, las comunidades educativas tienen la oportunidad democráticamente de elegir la mejor opción para el desarrollo de sus procesos educativos, pudiendo optar por reducir las horas de clases y dar énfasis al apoyo emocional de sus miembros.
En un escenario complejo, la educación vive tiempos de incertidumbre y presión. Será tarea del nuevo gobierno fortalecer los lazos comunicantes con las escuelas y liceos del país, siendo la política nacional de convivencia escolar una de las más necesarias de ajustar a la realidad educativa actual.
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