Ya no hay alternativa. El CRUCH debe “golpear la mesa” y salirse de esta malhecha gratuidad.
Y es que la “gratuidad” propuesta por el gobierno ya es cualquier cosa menos un avance hacia comprender la educación como un derecho social y no como una mercancía. De lo contrario, ¿cómo se explica que la propuesta del gobierno para sortear el revés sufrido ante el Tribunal Constitucional en materia de gratuidad en educación superior deje fuera a tres universidades públicas? Claro, surgen inmediatamente las voces de quienes se llenan la boca con la “calidad”, aplaudiendo que se privilegie a instituciones que entregan un buen servicio (de “calidad”), con independencia de si su dueño es el Estado o un privado.
Pero para ver lo falaz del argumento basta con aplicar la misma lógica con otro servicio prestado por el
Estado. Imaginemos que el Estado dijera que ya no va a financiar a los hospitales porque prestan un servicio deficiente, y en cambio va a entregarle un voucher al 50% de la población más pobre para que se atienda en la clínica u hospital que quiera, pero de cierta “calidad” para arriba. El anuncio del gobierno sería algo así: “Estimada población de Valdivia, dado que el hospital público de su ciudad funciona deficientemente, vamos a castigarlo quitándole financiamiento…”Y es que con sus bemoles y desaciertos, el CRUCH sigue siendo de las pocas instituciones que pueden cambiar el rumbo de estas discusiones reduccionistas sobre porcentajes más o menos, y pensar un Sistema de Educación Superior verdaderamente al servicio de los intereses de todos.
Suena raro porque la tarea del Estado es justamente la contraria: si un hospital no está funcionando bien su obligación es hacer que esto cambie, inyectándole más recursos (entre otras cosas), pues no es posible que el Estado diga: ¡Aun cuando es mi obligación, dejaré de financiarlo por criterios de mercado! Eso es, precisamente, lo que diferencia un derecho social de un bien de consumo.
Lo que se pretende hacer con la “gratuidad” en educación superior es lo mismo: dejar afuera a tres universidades del Estado porque no cuentan con 4 años de acreditación es el triunfo de la lógica individual de mercado y centralista por sobre la de derecho social y de responsabilidad del Estado con la educación. En el caso de dos de ellas (Universidad de Los Lagos y Universidad Arturo Prat), estamos hablando de universidades regionales que cumplen un rol fundamental en sus territorios como agentes de desarrollo social, económico y cultural. Ambas sostienen, entre otras, carreras de pedagogía que forman a la mayor parte de los profesores de sus regiones. No hay duda de que la formación pedagógica requiere mejorías profundas. ¡Pero por lo mismo la respuesta del Estado no puede ser quitarles el financiamiento! Debería ser lo contrario: las universidades que cumplen un rol público y regional tan relevante y que presentan problemas importantes, debiesen ser materia preferente para el Estado (y eso que ni siquiera hemos dicho que los problemas que estas tres universidades arrastran provienen, precisamente, de que el Estado las olvidó y las empujó a competir en un mercado altamente desregulado, obligándolas a sobrevivir abriendo carreras y sedes sin destino ni justificación).
Pero la responsabilidad la tiene el gobierno de la Nueva Mayoría. Para nadie era un misterio la posibilidad cierta de que el Tribunal Constitucional rechazara esta glosa. Es más, para nadie es un misterio que tratar de implementar la gratuidad vía glosa presupuestaria es la mejor carta que encontró el gobierno para evitar una discusión de fondo sobre el Sistema de Educación Superior. Si a eso le sumamos que el Proyecto de Ley sobre Educación Superior va a ser enviado por el gobierno en diciembre o enero (la mejor fecha para evitar reacciones colectivas) y que, al igual que todas las reformas en materia de educación propuestas por el gobierno, ésta no ha sido discutida con nadie, ni con los actores educativos principales ni con la ciudadanía (haciendo gala de un hermetismo iluminista propio de la época del despotismo ilustrado), ya no quedan dudas: esto no se explica ni por torpeza ni porque la derecha hace uso de estos resquicios constitucionales dictatoriales. No. La responsabilidad es del gobierno y de la Nueva Mayoría, quienes pese a las gárgaras de estos años, nunca han tenido la intención de considerar la educación como un derecho social, sencillamente porque su imaginario de país es otro; uno donde el Estado cumple el rol de evitar los excesos de los privados y entrega mínimos básicos a la población más pobre, pero no cumple un rol activo en el desarrollo social, económico ni político de los territorios y su población.
Por eso, la única alternativa es que el CRUCH se salga de este tongo. Pero que se salga ahora. Sin conversaciones previas ni negociaciones por debajo. Ya no basta con que el gobierno incluya o no a estas tres universidades estatales, sino de trata de que el debate deje de bailarse al ritmo del gobierno (si quieren gratuidad están conmigo y mis aberraciones, si no están con la derecha).
Y es que con sus bemoles y desaciertos, el CRUCH sigue siendo de las pocas instituciones que pueden cambiar el rumbo de estas discusiones reduccionistas sobre porcentajes más o menos, y pensar un Sistema de Educación Superior verdaderamente al servicio de los intereses de todos.
El gobierno puede hacer caso omiso a manifestaciones masivas en las calles, a las federaciones estudiantiles, e incluso a los parlamentarios de sus filas que se opongan a esta iniciativa. Pero no puede continuar con este “realismo mágico” (como lo calificó el rector Vivaldi) si las universidades del CRUCH dejan de apoyarlo.
Es la única manera de que el gobierno eche pie atrás a una política de gratuidad que nació con olor a podrido, y que con este cambio de última hora (¡ya van más de 10!) profundiza la privatización y favorece la centralización, toda vez que mete en un mismo saco a instituciones públicas, estatales y privadas; regionales y metropolitanas; con y sin un mínimo de democracia interna; instituciones cuya finalidad es aumentar su matrícula y otras que buscan el desarrollo de sus territorios; con y sin procesos judiciales en curso, etc.
¡Universidades del CRUCH uníos!
Comentarios
18 de diciembre
Las universidades del Estado por lo general siempre están pidiendo que el gobierno las financie con los impuestos que pagan todos los chilenos (hasta los sectores más desposeído porque al comprar un kilo de pan pagan el IVA). Sin embargo, cuando las instituciones del Estado quieren que las universidades estén alineadas con las políticas públicas de desarrollo del país, aducen la “Autonomía Universitaria” si le afectan sus propios intereses.
Para mayor precisión de lo anterior, un tema relevante son los gobiernos universitarios que actualmente están centralizado en los académicos. En algunas universidades al rector actualmente lo eligen 130 académicos aproximadamente, no participa los estudiantes y tampoco los funcionarios, y menos los egresados. Ahora si las universidades quisieran ser realmente del Estado deberían abrirse a la participación de todos los chilenos, por ejemplo, para elegir sus autoridades no solo debería participar toda la comunidad universitaria sino los ciudadanos de la región. Para mayor claridad, por ejemplo, si tomamos el caso de la Universidad de Los Lagos, los ciudadanos de la región de Los Lagos debieran participar en las elecciones de sus autoridades, con las ponderaciones adecuadas, esto permitirían universidades comprometidas con su región y con un mayor sentido de pertenencias y pertinencia.
Y si quieren llamarse Universidades del Estado en el Consejo Superior o Junta Directiva de estas universidades deberían estar constituidas por representante d
+1
19 de diciembre
La «universidades del Estado» fue una de las privatizaciones más exitosas de la dictadura.
Se entregó un bien público a un grupo privadísimo de personas, su cuerpo de profesores, los que deciden todo incluso sus sueldos y negociados, Como Economía de la Chile, cuyos profesores armaron una empresa paralela que le saca plata a la universidad (vía contratos) y hace contratos truchos afuera, como los del MOP GATE.
En EEUU una universidad estatal está dirigida por un consejo, designado por el gobernador del estado.
Esa sí es una universidad «del Estado».
Su ejemplo de un hospital público es lamentable, los buenos sistemas públicos de salud, como el canadiense, no necesitan tener prestadores estatales.
TODA la atención primaria de Canada la otorgan médicos en sus consultas privadas. El estado simplemente paga la cuenta.
Sospecho que la sra. Juanita preferiría que su parto sea atendido en una clínica antes que en el hospital San Juan de Dios …..
Dejemos atrás la crueldad de considerar a los pobres como clientela cautiva de los gremios fiscales.
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20 de diciembre
Disculpe Juan Pablo pero me parece que está bastante desorientado. El estado debe primero procurar el bienestar de la ciudadanía Juan, no el bienestar de hospitales, universidades o ideologías. Si por mantener en buen funcionamiento un hospital público atendiendo en calidad y gratuidad a sus pacientes debe decidir a los pocos que atiende porque no tiene presupuesto para mantener a todos y el resto se queda sin atención hospitalaria excepto que tenga dinero para un hospital privado, entonces por supuesto que seria mejor entregar el presupuesto a las familias que necesiten atención medica para que se atiendan en algún hospital público o privado.
Además en este caso las personas mas vulnerables económicamente están en universidades privadas y las de estrato alto en universidades del estado, a quienes usted pretende darle gratuidad quitándole al resto la posibilidad de entrar a la universidad.
Todos los estudios indican que nunca hubo mas movilidad social que con el modelo educativo y nunca la mayor parte de los estudiantes había sido primera generación profesional. ¿Y usted quiere atropellar a los ciudadanos mas vulnerables por su idea de que endiosar a las instituciones estatales?
Saludos
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