La Super de Educación: ¿qué resuelve?

Patricio Meller hace un tiempo lanzó un libro dirigido hacia nosotros – los estudiantes – diciéndonos que el problema no es el lucro, sino el mercado. Bajo su tesis, había aspectos tales como el valor de los aranceles y su desregulación y que no debiéramos preocuparnos por el «legítimo lucro» de los “emprendedores de la educación”. De esta manera, Meller pasa a engrosar ese amplio segmento de la tecnocracia nacional – a la que también pertenecen el Ministro Beyer y figuras como J.J. Brunner- que creen que la gran receta a los problemas en la educación es por la vía de la «corrección del modelo» y que, por tanto, mediante el control del mercado de la educación podremos solucionar los problemas de ella. Así se va gestando el proyecto de Super intendencia de la Educación.

En este orden de ideas, la superintendencia que propone el Gobierno no es más que burocracia estatal, puesto que no prohíbe a las universidades mantener vínculos comerciales con empresas relacionadas. No termina con el lucro, sino que busca “regular” esos nexos, permitiéndolos bajo ciertas condiciones. Este estéril intento regulatorio implica que la ley orgánica constitucional que establece que las universidades son “corporaciones sin fines de lucro” siga siendo letra muerta. En esta dirección, una superintendencia tiene sentido sólo para aquellos devotos del mercado, sus falsos criterios y mitos asociados, quienes a ultranza defienden o consideran un avance la “supervigilancia” de la industria de la Educación. Esto da origen a la inmoralidad y a la corrupción.

El razonamiento consiste en que «el problema no es modelo de educación, sino la forma como ésta se entrega por los actores del modelo».

Bajo esta racionalidad, sólo hace falta un organismo que fiscalice un mercado desregulado que da lugar a abusos e irregularidades. Esa es la tesis de la tecnocracia criolla, también de Beyer y del gobierno. Sin embargo, hoy no existe certidumbre jurídica ni política en la institucionalidad, la que ha sido violada por más de 30 años, lo que mantiene vigente para los jóvenes el riesgo latente de estafas y el endeudamiento de por vida.

En Chile cada  vez que las cosas se ponen “feas” para varios ámbitos del mercado, se crea una institucionalidad que lo regula, o esa es la idea, al menos. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún organismo creado ha sido capaz de resolver aquello para lo cual se creó. Por ejemplo, un último escándalo fueron las repactaciones unilaterales de La Polar y para eso se creó el Sernac Financiero. ¿Se acabaron por ello las repactaciones unilaterales? No. Es más: aumentaron los reclamos. Por tanto, el derecho a la duda desde nuestra parte es legítimo: ¿Qué nos asegura que sea diferente bajo el sistema actual? Nada.

Pero lo que la hace más insuficiente e innecesaria, es que precisamente el problema de la educación no es de control, sino más profundo, es estructural. No se trata de un tornillo mal ajustado, es el aparato completo. Lo que ha evidenciado el movimiento estudiantil es la irracionalidad de un modelo educacional que crea y reproduce la desigualdad presente en la sociedad, lo cual es especialmente grave en sociedades segmentadas como la chilena. Esto que ha sido denunciado por el movimiento estudiantil, significa que si no se modifica estructuralmente el modelo, cualquier cambio o reforma que se haga no hará más que profundizar sus efectos. Así ha sido con toda la serie de ajustes que se hicieron durante los Gobiernos de la Concertación. En tal sentido, no nos sirve de nada una Superintendencia que nos enrostre (transparente, le dicen algunos) la forma como lucran los empresarios de la educación. El pretender controlar los precios (aranceles) y establecer un nuevo sistema de créditos colaborará, en última instancia, a una mayor desregulación del mercado, ya que el gobierno incorporará flujos frescos a la banca; se trata de la constatación de un primer paso hacia un rescate de la industria educacional, con la que pretenden resguardar la fe pública en el mercado. Este intento, en conjunto con la superintendencia y la agencia no hará más que profundizar la crisis del lucro y su burbuja.

El Estado debe terminar con la dilapidación del recurso fiscal, fruto del esfuerzo de las familias chilenas, e invertir en sus estudiantes, docentes y trabajadores. En definitiva, en la educación.

Debemos luchar por una nueva educación, entendida un derecho social, de acceso universal, gratuito e igualitaria, y no como un bien de mercado.

Hoy, inclusive el lucro en la educación funciona mal, su crisis resulta no sustentable para nuestro país. Económicamente lo que ha ocurrido es la creación de una burbuja financiera a raíz del mercado inmobiliario y crediticio. Así las cosas, el Estado no puede utilizar los recursos públicos para regular sólo excesos, salvaguardar y garantizar la existencia del lucro, sino que debe actuar garantizando nuestro derecho a educarnos.

Debe eliminarse el precio de la educación. Hay que avanzar con radicalidad hacia una educación de acceso universal, gratuita e igualitaria, que sea efectivamente un derecho, garantizado por el Estado, vínculo que se eliminó con la dictadura. El deber es nuestro.

Por lo mismo, los estudiantes del sector privado, más que caer en defensas corporativas o sectoriales, debemos exigir educación pública para Chile y su pueblo y partir señalando que las universidades se  deben nacionalizar, esto es, que desde un punto de vista económico, financiero y administrativo el Estado -garante de derechos- se ocupe de otorgar a las universidades un propósito mediante su incorporación a un Plan Nacional de Educación de cargo de un Servicio Nacional de Educación que, someta a las instituciones a un sistema integrado de educación. Ahora bien, nacionalizar no implica estatizar. La administración y gestión académica de cada universidad no se encontraría sometida al Estado. Por el contrario, se debe reivindicar la plena autonomía de la comunidad universitaria, involucrando democráticamente en su dirección a todos los estamentos e inclusive a organizaciones sociales, científicas, culturales, etcétera.

Esta propuesta significa gratuidad y la recuperación del necesario vínculo con la sociedad. De esta forma, se resguarda a los estudiantes y sus familias que se endeudan por poder educarnos en función de la última promesa que hizo este modelo de desarrollo: el de educarse y generar movilidad social.

Debe eliminarse el precio de la educación. Hay que avanzar con radicalidad hacia una educación de acceso universal, gratuita e igualitaria, que sea efectivamente un derecho, garantizado por el Estado, vínculo que se eliminó con la dictadura. El deber es nuestro.

* Fabián Navarrete, Presidente Federación de Estudiantes Universidad de las Américas, Sede Concepción, y Daniela López, Presidenta Federación de Estudiantes Universidad Central. 

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