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SIMCE y democracia

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Hace poco se anunció que el SIMCE 2019 se aplicaría como una prueba de diagnóstico, sin consecuencias para los establecimientos. Es extraño que el Ministerio haya decidido aplicar el SIMCE dado que es un pésimo momento para realizar un diagnóstico válido y útil del aprendizaje de los estudiantes. El nivel de trauma, la falta de confianza en el Gobierno, y el sin sentido de una prueba estandarizada en momentos en que el país se deshace en cuestiones profundas e importantes, son razones suficientes para congelar su administración. Es curioso también que se haya decidido realizar en este momento, a pesar del enorme costo económico que implica y los muchos usos alternativos que tienen esos recursos públicos.


La coyuntura actual nos invita, de forma casi inédita, a repensar nuestro país en su totalidad, incluido el rol y las formas que debiese tomar la evaluación del aprendizaje en el sistema educativo.

Es más extraño aún que un cierto sector de la sociedad condene tan categóricamente el cuestionar u oponerse a este sistema de evaluación, incluso en estos días. Por ejemplo, dada la decisión de aplicar el SIMCE 2019, el colegio de profesores llamó a los estudiantes y sus familias a boicotear el sistema, vale decir, a no rendir la prueba. En reacción, se alzaron voces criticando al magisterio, sugiriendo que boicotear el SIMCE era irresponsable y perjudicial para los estudiantes, puesto que sus resultados se usarían “para mejorar la calidad y equidad de la educación”. Algunas voces fueron más allá y calificaron el llamado a boicot como violento.

Las pruebas estandarizadas sí tienen valor y la información que proveen puede ser útil en muchas circunstancias. Pero calificar de violento el llamado a boicotear un sistema de pruebas estandarizadas como el SIMCE es de lo más radical que he escuchado. En general, las pruebas tipo SIMCE se utilizan para dotar a un sistema educativo de un mecanismo de rendición de cuentas– el monitoreo continuo del aprendizaje de los estudiantes facilita al Estado y en teoría, al público, elaborar juicios respecto del éxito de un proyecto educativo y tomar acciones para garantizarlo. La naturaleza de estos juicios y acciones es diversa, pero una cosa es clara y es que las pruebas tipo SIMCE tienen altas consecuencias. Por lo mismo, este tipo de pruebas se someten a procesos de validación bastante rigurosos. En el caso chileno, diversos investigadores han identificado consecuencias negativas del SIMCE en el sistema y sus actores, pero hasta la fecha, el Ministerio no ha publicado estudios de validez concluyentes que permitan descartarlas y tener confianza en su aplicación. Más aún, los sistemas de pruebas estandarizadas como el SIMCE se someten continuamente al escrutinio público y deben ser cuestionadas cada vez que no cumplen con lo que prometen. Incluso en países de larga tradición del uso de pruebas estandarizadas en educación, como Estados Unidos, existen cláusulas que protegen la decisión de las familias a no participar de dichas pruebas cuando así lo deciden. Esto, pues se considera que el derecho a elegir es más importante que el compromiso de participar de un monitoreo estandarizado del aprendizaje.

La crisis por la que atraviesa Chile es una crisis democrática en su sentido más literal. Entre muchas cosas, existe una desconfianza profunda hacia la clase política y hacia el Gobierno de turno debido a su inhabilidad de articular las demandas sociales en políticas que efectivamente estén orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos. Además, existen pocas instancias de participación ciudadana y existen aún menos oportunidades para la disidencia civil no violenta, como, por ejemplo, negarse a rendir una prueba. Si la educación pública pretende formar ciudadanos competentes, críticos y tolerantes, no se les puede convencer de tomar una prueba como el SIMCE, cuyo impacto positivo en el aprendizaje queda en entredicho, en base a la tradición, la coerción o la narrativa del deber. Por el contrario, la clase política debiera ofrecer explicaciones claras y contundentes de por qué sus esfuerzos son válidos y necesarios. No olvidemos que los políticos tienen como rol representar a los ciudadanos y que las políticas públicas son financiadas por todos, incluso por las familias de aquellos estudiantes que deciden restarse del proceso.  Por lo demás, es totalmente inconsecuente tildar de irresponsables y violentos a quienes deciden no dar una prueba en un país donde hasta el voto es voluntario. Merecemos mejores argumentos.

La salida del estallido social actual será lenta y construir una democracia sana será tarea de todos. La coyuntura actual nos invita, de forma casi inédita, a repensar nuestro país en su totalidad, incluido el rol y las formas que debiese tomar la evaluación del aprendizaje en el sistema educativo. Elevemos el debate y exijamos medias sensatas que realmente se hagan cargo de las necesidades de los chilenos.

TAGS: #ChileDespertó #EstandarizaciónEducativa #SIMCE pruebas estandarizadas

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