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Reforma tributaria para financiar derechos

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lo importante de una reforma tributaria no es quién se beneficia y con cuánto, o quién es perjudicado y cómo. Lo importante es cómo financiar derechos universales.

Es difícil comprender la discusión sobre la reforma tributaria. Quizá sea la victoria cultural de los defensores de un sistema político que ha eliminado la deliberación de sus ciudadanos y la ha reemplazado por las decisiones tecnocráticas de los “expertos”. Con ese secuestro discursivo y práctico, se ha logrado transformar discusiones políticas en una maraña de argumentaciones técnicas sobre las cuáles se asume una neutralidad inexistente. Obviamente este modelo de hacer política es una herencia de quienes han construido nuestro autoritario Estado moderno. Sin embargo, la intención declarativa de ser un Estado “democrático” (moderno, desarrollado, y bla, bla, bla) se enfrenta contradictoriamente a la exclusión  que experimenta la mayoría de participar abiertamente sobre los principios morales que guíen a la sociedad mediante el uso de la política. Y ello ocurre también en la discusión educativa cuando se solapa con la discusión sobre cómo obtener y distribuir recursos en la sociedad.

Las ideologías son, literalmente, un conjunto de ideas. Pero no son entendidas como cualquier idea: son ideas articuladas y coherentes, muchas veces de forma implícita, sobre quiénes deben disfrutar los recursos sociales y materiales de la naturaleza y la humanidad, y cómo deben hacerlo. Las ideologías ordenan acciones, establecen principios de comportamiento y también establecen, mediante numerosos mecanismos coercitivos y culturales, lo que tiene y no tiene valor. Por ello es importante situar la discusión de la reforma tributaria “para la educación” en términos más ideológicos que simplemente técnicos sobre cuánta plata se obtiene y cómo se “mejora” la educación con esa plata.

El conflicto sobre la reforma tributaria se ha dibujado artificialmente en la prensa, en dos polos. Por un lado, el oficialismo, que habla de que la clase media es la mayor beneficiada con la reducción tributaria para quienes ganan menos de 6 millones de pesos al mes y las exenciones por los gastos incurridos en educación (léase, gasto privado para escuelas privadas). Por otro lado, la oposición concertacionista y otros críticos han planteado que la reforma tributaria otorga beneficios tributarios más allá de la línea de los 6  millones de pesos, reduciendo impuestos a la renta de los más ricos, y que es un ataque directo a la educación pública debido a que “premia” la inversión privada en educación.

El cierre de estas posiciones puede resolverse fácilmente con un diálogo en el Congreso (o en los clubes de fin de semana). Ello porque pensar reformas tributarias con el modelo de un Estado subsidiario no es parte de la discusión. Por Estado subsidiario se entiende la institucionalidad pública que se encarga de distribuir recursos públicos de forma focalizada. La idea es que estos recursos lleguen a grupos de interés con el fin de promover su participación en determinados mercados con los que acceden a otros recursos. O sea, el Estado subsidiario es una posición ideológica. Es fácil sospechar que tanto el oficialismo como la oposición Concertacionista ya no están interesados, hace mucho rato, en un Estado de derechos. Muy por el contrario, su posición ideológica articula la institucionalidad en una especie de “mercado de derechos”. Al ser el mercado un espacio desigual por naturaleza, las discusiones políticas se transforman en argumentos técnicos sobre quiénes debiesen tener prioridad en recibir los recursos públicos de tal forma para comprar derechos.

La educación como derecho garantizado y gratuito en todos sus niveles ha sido y es la demanda central que ha movido a los estudiantes a la calle y a la política en los últimos años. La discusión de fondo que nos plantean a la sociedad toda es la búsqueda de una nueva estructura institucional de nuestra democracia con el fin de tener un conjunto de derechos básicos que no pueden depender de un mercado y que requieren ser parte central del compromiso de un Estado. Este tema hace ver que lo importante de una reforma tributaria no es quién se beneficia y con cuánto, o quién es perjudicado y cómo. Lo importante es cómo financiar derechos universales. Sobre financiar a quien compra un derecho en el mercado de los derechos y cómo lo hace es la paja molida que escuchará en la radio, la tele, y leerá en los diarios. Por mientras, habrá que seguir pensando y modelando un nuevo modelo de Estado y democracia.

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Foto: J.P. Catepillan

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13 de agosto

Un sistema de derechos tiene siempre dos corolarios: se le debe adosar un sistema de control, y un sistema de subsidios.
Porque el derecho libre no es posible. Si, por ejemplo, ponemos que el aire es un derecho libre, yo puedo hacer lo que quiera con el aire, entonces puedo contaminar, etc. Por lo tanto se debe poner un sistema que controle cuanto se consume, etc.
Y respecto al subsidio, al ser un derecho, no se puede cobrar por él, ya que quien no tenga, o simplemente no quiera gastar en ese derecho, no lo hará. Entonces el proveedor del derecho (el Estado) debe gastar en ese subsidio, obteniendo recursos de otras actividades
Por lo tanto, para pensar en una sociedad de «derechos», hay que pensar inmediatamente en una sociedad de controles y subsidios.

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