mientras Eyzaguirre es el actor principal y casi único en la avanzada por un nuevo destino para la educación chilena, aún permanecen en cargos claves funcionarios que se oponen a los cambios estructurales en educación. Además, siguen su itinerario como si en educación no estuviera pasando nada instancias que deben reconstituirse, adecuándose al nuevo escenario como son la Superintendencia de Educación, el Consejo Superior de Educación y la Agencia de calidad.
Haciendo un examen somero de las acciones en juego pro y contra reforma educativa, aparece sobre la superficie la opinión predominante de actores más preocupados de defender sus interés corporativos que pensar en los cambios estructurales que la calle, actor político indiscutible, viene reclamando desde el año 2005.
Desde el Consorcio de Universidades (curioso nombre para defender lo público), la Asociación de Municipalidades (aparentemente divididos), el Colegio de Profesores (que priorizó su carrera docente), la FIDE (en su cruzada por defender el copago) y otros sectores de opinión levantan sus reivindicaciones sectoriales en momentos que el interés debe centrarse en el bien común representado por la gratuidad de la enseñanza, la desmunicipalización y la no discriminación de alumnos y alumnas.
En particular, es destacable la emergencia de la organización “Alto al SIMCE” que ha sido capaz de revelar que “este instrumento de evaluación es tan solo uno de los mecanismos que promueven la Educación de mercado, a través de la competencia entre escuelas por los resultados, las consecuencias negativas de un bajo SIMCE para las comunidades y profesores, así como el empobrecimiento de un currículum reducido sólo a lo medible”. Será necesario escuchar a este grupo de investigadores educacionales que ha puesto el acento en la inutilidad de esta prueba que solo mide la diferenciación social o la segmentación con la que se organiza el sistema educativo.
En ese contexto, las iniciativas del Ministro Eyzaguirre de conversar con sectores representativos en lo social, pero carentes de proyectos específicos debe ir acompañada de un diálogo con el mundo académico alternativo representado en educación 2020, en el Observatorio de políticas educativas (OPECH), Educar Chile y otras instancias que han acumulado suficiente masa crítica para aportar al como aterrizar y emprender los cambios más demandados por la población.
Por su parte el Gobierno tiene en discusión la reforma tributaria, la que será perfeccionada en el debate parlamentario y lo más probable es que esté aprobada antes del 21 de mayo. También, ha retirado proyectos de ley obstructivos al proceso en marcha y está pronto a presentar 3 proyectos para poner fin al copago, al lucro y la selección discriminatoria de alumnos. Este despliegue está marcando un ritmo y una celeridad que tiene al Ministro de Educación trabajando a “120 por hora” pero a la cabeza de una institución que no se pone a la altura de los acontecimientos.
En efecto, mientras Eyzaguirre es el actor principal y casi único en la avanzada por un nuevo destino para la educación chilena, aún permanecen en cargos claves funcionarios que se oponen a los cambios estructurales en educación. Además, siguen su itinerario como si en educación no estuviera pasando nada instancias que deben reconstituirse, adecuándose al nuevo escenario como son la Superintendencia de Educación, el Consejo Superior de Educación y la Agencia de calidad.
Para colmo, los equipos a conformar destinados a implementar la política educativa, difundir sus contenidos y enfrentar la contrarreforma aún están en etapa de “casting”, pasando rigurosos sistemas de selección técnica, como si fuesen agencias de selección de personal para empresas con productos en el mercado. Más bien se debe optar por profesionales con competencias para desarrollar un conjunto de tareas que son esencialmente políticas. Es necesario consignar que las reformas sobre todo las educacionales no son puramente administrativas o jurídicas, requieren de compromiso, de identificación, de profesionales con convicción dispuestos a difundir y defender los cambios y sobre todo recoger iniciativas de los padres, alumnos y profesores, porque las escuelas están esperando vincularse a un proyecto que sienten suyo y al que están dispuestos a aportar.
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