Gracias a las movilizaciones de los estudiantes, por primera vez en más de 35 años, tenemos la posibilidad de debatir sobre nuestro sistema educativo. Tuvimos que tocar fondo y llegar a ostentar 5 impresentables récords para que recién el sistema político reaccionara:
i) Somos el segundo país con la mayor segregación escolar del mundo (los pobres estudian con los pobres y los ricos con los ricos).
ii) Somos el único país en el mundo que entrega recursos públicos a escuelas privadas (particulares subvencionadas) y permite que estas seleccionen alumnos, le cobren mensualidad a los padres y lucren.
iii) Somos el país que tiene mayor matrícula privada en educación superior en todo el planeta.
iv) Somos la nación en donde se registra mayor aporte de las familias en educación superior. De cada $100 que se gastan, las familias chilenas colocan $86, mientras que, por ejemplo en Dinamarca, solo deben gastar $3.
v) Chile es el país que cobra los aranceles más caros del mundo en educación superior.
¿Cómo fue posible que la educación chilena se transformara en este engendro?
La respuesta es obvia: este modelo educativo fue impuesto en dictadura, en donde se diseñó un esquema deliberado que consistió en traspasar las escuelas públicas a los municipios, inventar un sistema de financiamiento que consiste en una subvención por cada niño que asiste a clases y entregar todas las facilidades posibles para que se crearan escuelas y establecimientos de educación superior privados.
La idea era avanzar en el desafío de la cobertura, a través de la oferta privada, de tal forma de crear un lucrativo negocio y al mismo tiempo destruir la educación pública, ya que allí es el espacio por excelencia donde niños y niñas se transforman en ciudadanos conscientes, donde conviven con compañeros de distintos niveles socioeconómicos, donde se puede trascender el espacio individual y “pensar” un proyecto país, en síntesis, el lugar donde pierde lugar el “peso de la noche”.
De esta forma, y con el gentil auspicio de los gobiernos de la Concertación, que crearon dos nefastas leyes como son el Financiamiento Compartido en 1993 (las escuelas que reciben recursos públicos pueden cobrar mensualidad a los padres que matriculan a sus hijos) y el Crédito con Aval del Estado en 2005, el sistema educativo se transformó en un lucrativo negocio, desprovisto de sentido y en donde la educación es solo vista como una inversión y no como un derecho.
A las universidades estatales se les dejó de financiar, a las escuelas municipales se les dejó morir y a todo el resto se les permitió lucrar. Ese fue el alto precio que tuvimos que pagar para aumentar la cobertura. No se planificó, no se le preguntó a nadie. Nunca se hizo el cálculo básico de cuánto costaba la educación de un niño y cuántos recursos necesitaban las escuelas para entregar educación de calidad. Nunca se pensó que en cada comuna de Chile debía existir una oferta pública de establecimientos que aseguraran educación de calidad (aceptable, asequible, accesible y adaptable), sin seleccionar, sin cobrar a los padres, favoreciendo la inclusión.
Y ahora, luego de más de 3 meses de paros, tomas y movilizaciones, el Gobierno hace sus propuestas, pero no logra dejar a nadie conforme. ¿Por qué? No por intransigencia de los estudiantes, ni porque se quiera lograr en algunos meses lo que no se hizo en cuatro décadas, sino que simplemente porque aunque al mono lo vistan de seda, mono queda, y en la solución propuesta por el Gobierno no se quiere tocar los fundamentos del sistema, por mucho que se le maquille.
No se quiere recuperar el proyecto de educación pública que la mayoría de los países tiene, sino que se quiere dar respiración artificial al enfermo con la desmunicipalización. No se quiere amenazar la rentabilidad del negocio, ya que directa o indirectamente, políticos de ambos bandos tienen intereses vía propiedad directa de escuelas, universidades, CFT o IP o indirectamente con agencias, fundaciones u otras organizaciones que prestan servicios a las escuelas más vulnerables, aquellas que el Estado dejó morir.
Parece imposible que el Gobierno entregue una propuesta que sitúe a la Educación como un derecho, como un bien público universal que fortalece el alma de esta Nación, por ello las movilizaciones son tan importantes, por eso todos tenemos que transformarnos en estudiantes, aquellos que no defienden un negocio y por tanto son fieles a sus convicciones, aquellos que por un momento se dejan de preocupar de sí mismos y comienzan a mirar a la calle con esperanzas.
* Marco Kremerman / Investigador Fundación SOL
@lafundacionsol
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Foto: tutuwon / Licencia CC
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