La consigna del movimiento social por la educación gratuita ha sido clara al señalar que se busca erradicar completamente el mercado de la educación, ya que se parte de la concepción de la educación como derecho social.
Hace un par de semanas la presidenta Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, que hace alusión principalmente, a la forma cómo se organizan las instituciones privadas y se toman las decisiones dentro de las Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Si bien esta derogación ha sido vista desde el movimiento estudiantil como un avance y un pequeño triunfo logrado con organización y lucha durante el último tiempo, no deja de hacer ruido al interior de la organización estudiantil, dado que, como lo ha mencionado la vocería de la CONFECH, no se establece ninguna fórmula concreta de la forma, periodicidad y nivel de incidencia que deben tener los distintos miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones; sólo se prohíben las trabas a la participación y se establece un plazo de un año para que los establecimientos adecuen sus reglamentos.
La consigna del movimiento social por la educación gratuita ha sido clara al señalar que se busca erradicar completamente el mercado de la educación, ya que se parte de la concepción de la educación como derecho social. Sin embargo, el mercado no sólo opera en el sentido arancelario y el cobro por estudiar, sino que dentro de las Universidades Privadas, CFT e IP existe una forma de comprender la universidad como una empresa, en la cual la subcontratación de servicios juega un papel importante y no puede quedar fuera del debate por una nueva educación.
La derogación del DFL Nº2 y el nuevo escenario que genera, conlleva una nueva visión de las instituciones educacionales, de una manera comunitaria, en la cual, la toma de decisiones sea multi-estamental lo que implica la generación real de una comunidad universitaria activa y vinculante.
La derogación del DFL Nº2 persigue un ideal de democratización de las instituciones educacionales, sin embargo, sí dentro de las universidades privadas siguen existiendo trabajadores externos a la universidad ya sea de áreas de seguridad o de aseo, además de la alta existencia de académicos que no son contratados en la planta y que por ende difícilmente se encuentran sindicalizados, resulta imposible lograr este ideal de democratización con la mera derogación de un decreto.
Es aquí donde podemos encontrar la letra chica de este proceso de democratización de las universidades privadas, mientras exista una baja presencia de académicos contratados y la subcontratación de servicios, nunca podrá generarse una real comunidad universitaria, que se encamine de forma democrática hacia la toma, en conjunto, de decisiones y del diseño del proyecto educativo.
El construir una nueva educación al servicio de las necesidad de nuestro país es una tarea que si bien ya ha removido sentidos comunes y ha entrado dentro del debate social, aun se encuentra en una fase inicial, se debe seguir avanzando en generar espacios para que todos los que conforman las instituciones educativas tomen las decisiones y forjen un proyecto educativo que se encamine hacia la transformación de Chile.
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