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Mercado y cuasimercado en la educación chilena

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«-…la transformación del sistema de mercado en uno de derechos sociales asegurados, estará interferida por la continuidad de la lógica de mercado que impone el subsidio a la demanda, ya que entidades con y sin fin de lucro entrarán en la lógica comercial, comportándose ambas exactamente igual.»

En el contexto del modelo capitalista de desarrollo chileno el diseño del sistema educativo se basa en un concepto restrictivo de subsidiariedad y uno muy amplio del mercado como asignador de recursos y orientador de un conjunto de transacciones entre “compradores” y “proveedores”. Se entiende la educación como un bien de consumo transable en un mercado. El rol subsidiario opera cuando hay insuficiencias del mercado, a través del subsidio, para asegurar el acceso de las familias que no pueden adquirir autónomamente educación para sus hijos.

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 pusieron la crítica al sistema educacional en el centro de la discusión pública y plantearon reivindicaciones que están presentes en la agenda país. Las que más destacan son el fin del lucro, término de la selección adversa, gratuidad universal y fortalecimiento de la educación pública. Ya en una columna anterior señalé que lograr estos tres objetivos, no va a cambiar la lógica del sistema: la educación como un bien de consumo transable en el mercado. En las líneas siguientes intento develar esta lógica y sus mecanismos de operación.

Es necesario antes que nada despejar un aspecto conceptual: desde el punto de vista macroeconómico, el mercado educativo en su forma natural es bastante reducido en Chile: 5,1% de los proveedores y 7,2% de los consumidores. El resto, técnicamente es un cuasimercado, es decir, un mercado creado por el Estado a través de reglas de financiamiento, operación, adquisición y provisión del servicio. Pero que sea un cuasimercado no implica que funcione de manera distinta de un mercado natural, al revés, funciona como un mercado cualquiera en el cual consumidores y proveedores se relacionan a través de contratos de compraventa.

¿Cuál es la forma en que este bien público y derecho social se transforma en bien de consumo transable? La respuesta está en la metodología de financiamiento que opera como subsidio a la demanda. El proveedor obtiene el subsidio en la medida que logre incorporar alumnos a su matrícula, o sea, cuando las familias adoptan decisiones de compra que favorezcan a ese proveedor. De este modo los ingresos del proveedor dependen de la decisión de compra de la familia.

El Estado refuerza la conducta mercantil señalada con un procedimiento de señalización de calidad de todos y cada uno de los establecimientos educativos del país a través de una prueba nacional estandarizada, el SIMCE, que supuestamente orienta a las familias en su decisión de compra, a los proveedores en sus decisiones de gestión y al Estado para premiar o sancionar y eventualmente para retirar del mercado a los proveedores según el nivel de cumplimiento de estándares de rendimiento.

En la lógica de precios que impone el financiamiento compartido, la clasificación espuria del SIMCE impulsa al alza los precios de los establecimientos señalizados como “buenos”, lo que limita la decisión de compra autónoma solo a las familias que disponen de recursos para pagar ese precio, mientras aquellos que no disponen de excedentes tienen un rango mucho más estrecho de decisión. Además, mirando la distribución de los rendimientos escolares en la prueba SIMCE podemos darnos cuenta que los sectores vulnerables concentran la mayor parte de los bajos rendimientos, con lo cual la opción que tienen esas familia de educar a sus hijos en establecimientos señalizados como “mejores” es más limitada aún. Se estructura así una estratificación según la capacidad de pago de las familias.

Para elevar sus ingresos entonces, los proveedores buscarán lograr mejores puntajes en el SIMCE, y lo harán por los medios más eficientes, es decir que maximicen el resultado y minimicen el costo. Esto incentiva la discriminación de los alumnos que no presentan características predictivas de mayor rendimiento: origen cultural, rendimiento escolar previo, conducta escolar, presencia o ausencia de trastornos del aprendizaje o  de la atención, rendimiento en un examen de admisión, etc. De lo que resulta una segregación y estratificación por rendimiento, impidiendo así un importante factor de aprendizaje cognitivo y valórico del escolar, el efecto pares.

Resulta entonces que la transformación del sistema de mercado en uno de derechos sociales asegurados, estará interferida por la continuidad de la lógica de mercado que impone el subsidio a la demanda, ya que entidades con y sin fin de lucro entrarán en la lógica comercial, comportándose ambas exactamente igual.

Será necesario entonces terminar con este modelo y financiar la oferta, colocando estándares y requisitos exigentes para lograr el subsidio, así se incentivará una gestión que mire hacia los elementos que significan reales mejoras de calidad, respeto de la diversidad e integración social, para que el sistema educativo chileno pueda ser más equitativo, más integrado y centrado en la calidad.

——–

Foto: OREALC/UNESCO Santiago / Licencia CC

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Comentarios

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jose-luis-silva

26 de enero

Señor voy a responder bien su pregunta: ¿Cuál es la forma en que este bien público y derecho social se transforma en bien de consumo transable?

El bien y derecho social no se «transforma» en eso, sino que además de eso “es” lo que UD llama “un bien de consumo transable” Auque no conozco ninguno intransable ni creo que sea de consumo porque sirve para crear otros bienes. Pero la forma en que además de ser “bien público” se hace un “bien de consumo transable” la determina el financiamiento necesario para llevarlo a cabo: hay que adquirir los bienes raíces, pagar a profesores, a los que construyen las salas, auxiliares, hacer mantenimiento etc… No necesita leyes lindas y “justas” sino que financiamiento para hacerlo.

No necesita ninguna ley para determinar que el aire es un bien publico y que todos tenemos derecho a respirar porque el aire afortunadamente es gratis y está disponible para todos. Pero si llega el día que haya que instalar máquinas, edificios y pagarle a profesionales y técnicos para que respiremos entonces tampoco sacará nada limitándose a crear mil leyes por el derecho a respirar porque nos asfixiaremos todos igual si no hay una operación de compraventa en la que se financie la respiración, esa instancia será un mercado. En ese momento (Dios quiera que nunca llegue), inevitablemente el bien social será además lo que Ud llama un “bien de consumo transable”, igual que la educación.

Probablemente en los ricos estados del norte de Europa podrán hacer respiración financiada por el estado para todos y con la última tecnología. Acá habrá que decidir si el estado financia respiración hasta donde le alcance la plata y el resto muera asfixiado o dar la posibilidad a privados para que lucren en un negocio de “aire respirable” y así dar la posibilidad que todos o casi todos puedan respirar, aunque sea endeudándose. Asi de simple

Saludos

Saludos

29 de enero

Don José Luis, Ud. tiene razón en que la educación es por definición un bien de consumo, excluible y rival. También, como Ud. dice, ya que sirve para crear otros bienes, la calidad «de consumo» puede ser cuestionada y más bien se trata de un bien de capital. Pero lo que intento decir es que la calidad de bien público (que se considera socialmente útil) y derecho social (que deben recibirla todos los integrantes de esa sociedad), atributos que son producto de la evolución del derecho y la cultura, se gestiona en un cuasi mercado como si fuera SOLO un bien de consumo, modelo que nace a partir de la forma cómo se aporta el financiamiento de la actividad educativa. A eso agrego que este modelo de financiamiento y el uso de un señalizador como el SIMCE, generan externalidades negativas: la discriminación, la segregación y estratificación según ingresos y rendimiento (o hipótesis de rendimiento del alumno) de este mercado artificialmente creado. Y que tal modelo es resistente a cambios meramente sintomáticos como el fin del lucro, los incrementos de las transferencias al proveedor o las exigencias legales para terminar con cosas como la discriminación, la segregación y estratificación del sistema.

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