En Chile desde hace más de tres meses, los estudiantes universitarios y secundarios se encuentran movilizados, lo cual ha generado un movimiento ciudadano transversal (80% de apoyo). Dentro de los aspectos más relevantes en discusión, se encuentra el financiamiento, el lucro, la calidad y la segregación del sistema educativo.
A minutos del encuentro en La Moneda es necesario tener presente que Chile se caracteriza por ser el único sistema a nivel mundial donde existen las escuelas con financiamiento compartido (particulares subvencionadas) con fines de lucro. Es decir, escuelas que reciben subvención estatal, que cobran una mensualidad y cuyos dueños (sostenedores) obtienen utilidades a partir de ellas.
En Educación Superior se encuentra prohibido el lucro (universidades), no obstante, la escasez de fiscalización hace que diversas instituciones “adornen” sus resultados obteniendo utilidades, es decir, incurriendo en una ilegalidad (http://bit.ly/qjLkhA). Sumado a lo anterior según la OCDE, Chile ostenta el segundo lugar (por detrás de Estados Unidos) en el costo de los aranceles universitarios, donde por ejemplo las universidades públicas cobran mensualidad que cuadruplican los aranceles de España y son 19 veces mayores que los de sus pares franceses, lo cual coloca en evidencia o "justifica" el escaso aporte del Estado.
Ante este escenario es pertinente preguntarse por los resultados obtenidos por el país utilizando este modelo en educación básica y educación superior.
Educación Básica
La educación pública en Chile es administrada por los municipios y en forma consistente ha ido perdiendo matrícula que se ha traspasado a la educación particular subvencionada en base a la menor cantidad de paros y los supuestos mejores resultados obtenidos por estos últimos. Los resultados de la prueba SIMCE (Sistema de medición de calidad de la educación) aplicada a nivel nacional muestra que los mejores rendimientos los obtienen los colegios privados, seguidos por los particulares subvencionados y por últimos los municipales. No obstante, la composición de los estudiantes que asisten a cada tipo de establecimiento no resulta comparable, dado que existen claras diferencias en el nivel socioeconómico (NSE) de las familias y de las escuelas. En efecto, al controlar por NSE las diferencias entre escuelas municipales y particulares subvencionadas desaparecen y en algunos casos (sectores más vulnerables) los municipales obtienen mejores resultados. Mardones y Aguilar, indican que las escuelas con fines de lucro tienen resultados significativamente más bajos en la mayoría de los grupos considerados. Bajo esta evidencia ¿resulta razonable que el Estado entregue recursos públicos a sostenedores privados con fines de lucro, sin que los resultados de sus estudiantes sean mejores?, ¿es lógico que los padres realicen un esfuerzo para aumentar el monto de la subvención sin obtener resultados positivos?.
Según datos de la prueba PISA, Montt (OCDE) indica que Chile es el país con mayor segregación socioeconómica de los que rinden esta prueba. Valenzuela (CIAE) es claro en indicar que el financiamiento compartido, propio de las escuelas particulares subvencionadas resulta ser uno de los principales factores de segregación del sistema educativo. Elacqua (CPCE) profundiza aún más e indica que las escuelas con fines de lucro son las que presentan mayor segregación y las municipales las que tiene menor índice. ¿es lógico que recursos públicos sean destinados a escuelas que contribuyen a tener un sistema más segregado en educación?
Educación Superior
En educación superior, la situación reúne aspectos similares y otro no tanto. Por ejemplo, es factible comparar a nivel internacional, donde si existen universidades con fines de lucro y en ese sentido la evidencia es clara en demostrar que de las 100 primeras universidades del ranking mundial, escasean las universidades con fines de lucro.
La baja inversión de Chile en educación superior, puede tener un sustento en el retorno privado que supone este tipo de instrucción, lo cual validaría que mediante créditos sea posible financiar una carrera universitaria o técnica. En esta misma línea, una investigación del Centro de Estudios Avanzados en Educación muestra que al examinar la tasa interna de retorno (TIR) de diversas carreras se obtienen TIR desde un 15% hasta un 30% lo cual respalda esta teoría. Sin embargo, estas tasas son un promedio y no reflejan que el retorno esperado sea solamente asociado a la carrera que se estudió. La encuesta CASEN muestra que los ingresos dependen del quintil del cual proviene el profesional con lo cual nuevamente el NSE aparece en escena.
Chile implementó durante el Gobierno del Presidente Lagos el crédito con aval del Estado, el cual consiste en que la banca es quien proporciona el crédito y en caso de no pago el Estado es quien responde. Este crédito permitió el acceso de muchos jóvenes al sistema educativo, que adquirieron deudas equivalentes a la compra de un departamento dado los altos aranceles y la alta tasa para este tipo de créditos (6%). Por supuesto quienes solicitan los créditos son los sectores menos favorecidos y quienes recibirán salarios menores en comparación a sus colegas de quintiles superiores. En efecto, se da un escenario de sobreendeudamiento que genera una burbuja que en algún momento tiene que explotar.
Si a lo anterior se suma un sistema de acreditación laxo, con fuertes incentivos a la captura de las agencias privadas de acreditación por parte de las distintas carreras, sin criterios objetivos y sin sanciones por mala evaluación, junto con una facilidad extrema para crear una institución de educación superior, configuran un escenario poco favorable para los estudiantes de Chile y muy proclive para los inversionistas que quieren obtener altas tasas de rentabilidad. Sin la existencia de una regulación en la creación de instituciones, en el número de carreras y profesionales que el país requiere, el riesgo de una sobre educación (de mala calidad) de la población se ve en el mediano plazo como algo latente junto con el déficit respectivo de técnicos que ya es una realidad.
En este contexto el país y sus autoridades tienen la obligación de actuar dejando ideologías propias de la guerra fría en el lugar que merecen y hacerse cargo de una situación sistémica que atenta contra el desarrollo del país y de una sociedad más justa. El Estado es quien debe garantizar que los estudiantes de Chile puedan acceder a una educación de calidad sin distinción de su NSE y no transformarse en un elemento que fomenta la segregación y que destina recursos públicos para beneficio privado como lo hace en la actualidad.
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