La educación pública actual tiene en su origen un problema que no es de tipo práctico, que no está atado a recursos ni estrategias, sino a lógicas y definiciones que la mantienen estancada sin poder avanzar.
Por un lado tenemos la lógica “País”, la cual entiende que la educación es un “Bien Público” donde el sistema de educación estatal es el encargado de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad. Bajo esta lógica lo esperable es que el Gobierno asegure que la educación pública sea buena, de modo que cualquier ciudadano, a la hora de elegir un establecimiento educacional para sus hijos, no tenga que poner en la balanza las variables costo v/s calidad, permitiendo así que todos, ricos y pobres, puedan encontrarse dentro del sistema de educación pública, sin que nadie sacrifique ni deje de recibir educación de calidad.
Por otro lado la lógica de “Mercado”, establece que el rol de la educación pública es asegurar acceso a la educación donde la oferta privada no llega. Es decir, ofrecer educación a quienes no tienen los recursos para pagar educación privada, o bien, ofrecer educación donde ésta no es un buen negocio. Quienes sostienen este punto de vista afirman que los recursos son escasos, que éstos se deben utilizar para atender a los más necesitados, y que quienes pueden pagar su educación, o la de sus hijos, deben hacerlo para que el Estado pueda liberarse de ese gasto.
Si se analiza con detención esta mirada, es posible ver que en la práctica resulta bastante extraña, sino perversa.
Bajo esta lógica se define que lo que regirá al sistema educativo serán las leyes del libre mercado, utilizando al sistema de educación pública como medio para apartar y excluir a quienes no cuenten con los recursos suficientes para pagar por su “producto”. Como la lógica del mercado es “más para los que pagan más” se asume, implícitamente, que el que no paga debe recibir menos y, más aún, debe agradecer porque en realidad no le corresponde recibir nada.
Asimismo, bajo esta perspectiva, resulta “ilógico” que los estudiantes protesten y se movilicen, porque es igualmente “ilógico” que quieran recibir por igual, aquello por lo que otros han pagado o, que en “módicas” cuotas, tendrán que pagar. Así, la calidad del sistema de educación pública no puede alcanzar, ni menos superar, la calidad del sistema de educación privada porque si ello ocurre, el negocio deja de funcionar.
¿Por qué hoy día en Chile la segunda lógica es la que prima y opera?
Porque quienes toman las decisiones sobre la educación del país son personas que creen en el libre mercado, porque tienen suficientes recursos para elegir para sus hijos el colegio que más les acomode dentro de la amplia gama de colegios particulares pagados. Personas que no muestran mayor preocupación por los efectos de la segregación ni menos del lucro, ya que al final del día estos problemas, más que problemas, son fenómenos que “lógicamente” juegan a su favor.
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Foto: Chile ayuda a Chile / Licencia CC
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