En estos días hay crisis de convivencia en la educación chilena. Parte importante de tal crisis es el tema del lucro en las universidades, vinculado a otros como el financiamiento de las universidades públicas y la equidad de los aportes del Estado a los distintos grupos sociales, en especial, los pobres y los sectores medios de bajos ingresos.
El movimiento de los estudiantes y el masivo apoyo que éste concita, dejan en claro que la sociedad chilena no puede seguir tolerando la farsa de una educación superior “sin fines de lucro”, en el que numerosas universidades lucran. Tampoco parece tolerable que el Estado se desentienda de las funciones de investigación, desarrollo y extensión de las universidades como ocurre con el actual sistema. No es aceptable que el Estado financie a quienes más tienen y no financie a quienes realmente lo necesitan. Y mucho menos es aceptable que los egresados de los liceos y colegios más pobres no ingresen a las mejores universidades del país porque la calidad de la educación que reciben en sus hogares y establecimientos escolares es tan baja, que no les permite competir en igualdad de condiciones en la PSU. Esto va directamente contra el Artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos que postula que solamente el mérito (se entiende que personal) de cada estudiante es la única condición para que éste acceda a la educación superior.
Hay consenso en que ha llegado el momento de des-municipalizar la educación básica y media porque la municipalización ha sido un fracaso. Pero no hay consenso en cómo hacerlo. Mientras el movimiento estudiantil y el Colegio de Profesores plantean una suerte de re-estatización, el Gobierno y fuerzas de la Concertación quieren un modelo de gestión basado en corporaciones, lo que obviamente termina siendo una suerte de privatización.
¿Cuál es la solución que abarca el mayor conjunto de soluciones a todos esos problemas? ¿Cuál es el “punto arquimédico”? La solución no es imposible y se ha venido desarrollando ante los ojos de quien quiera verlo en los últimos cinco años. Se trata de los liceos con propedéutico (ver www.propedeutico.cl)
Los liceos y colegios con propedéutico son instituciones que atienden a poblaciones de bajos ingresos para que un 5% o más de sus mejores alumnos ingresen a las universidades cualquiera sea su puntaje en la PSU. Obviamente esos alumnos no son bonificados por el AFI, pero pueden obtener algunas de las becas que ofrece el Estado chileno para estos alumnos. Ese modelo, generalizado, puede ser la base de la solución a los males que aquejan a las universidades chilenas.
En efecto, si se separa a las universidades que quieren lucrar de las demás, las que no buscan el lucro, se puede dar lugar a un conjunto perfectamente definido de instituciones. Esas instituciones pueden aceptar a un 30, 40 o 50% de estudiantes que provienen de establecimientos subvencionados. Esos estudiantes, que han sido subvencionados por el Estado a lo largo de su carrera escolar, no tienen por qué perder el apoyo cuando más lo necesitan y cuando más se define su futuro y el de sus familias. El Estado los sigue subsidiando. A cambio, baja proporcionalmente el AFI y la proporción que resta se otorga por estándares relacionados con la investigación, con las publicaciones que aparecen en los índices de citas en sus respectivas especialidades, o con patentes industriales inscritas. Asimismo, se financian funciones de teatro (después de un cierto número de representaciones), o de música, o sus exposiciones, etcétera.
Para atender a esa población sin dejar de recibir a los estudiantes con buenos resultados en la PSU, se requeriría un esfuerzo en incremento de la planta física y docencia de las universidades con propedéutico, de magnitudes casi equivalentes al esfuerzo de los gobiernos de la Concertación para hacer efectiva la jornada completa en casi todos los establecimientos del país. Fue para eso que se mantuvo el IVA en un 19% y –que sepamos- el 2% de esos recursos deberían seguir disponibles para inversiones en educación.
Pero eso no es todo. Los liceos municipales no tienen por qué depender de una corporación, cualquiera sea su estatus jurídico. Los liceos municipales perfectamente pueden ser entidades autónomas, supervisadas por las universidades que más se acerque a su proyecto educativo institucional, cuyo rector y algunos de sus docentes pasarían a ser miembros del Consejo Escolar del establecimiento, junto con los padres, los profesores y los estudiantes. El Consejo Escolar es el órgano consultivo y supervisor en primera instancia del Liceo. Los recursos de la subvención bajarían directamente al liceo.
Varios liceos podrían asociarse para hacer compras y adquisiciones aplicando economías de escala. Para ello, y también para gestionar los recursos financieros y humanos necesitarían buenos administradores.
Al cortar el cordón que ata a los liceos de los municipios o a cualquier forma de administración superior, se da a sus planteles de directivos y docentes la responsabilidad de ir mejorando ante los ojos de quienes serían sus socios estratégicos, las universidades.
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Foto: eme é ele á / Licencia CC
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