Las universidades y la (in)movilidad social

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Día a día se nos concientiza de que los cambios se realizan de a poco, pero si somos honestos, la mayoría de los estudiantes termina con un orgulloso título y un tremendo pagaré de créditos interminables.

Si las universidades no pueden lucrar y reciben aporte estatal, ¿ por qué  no establecer límites a los intereses que se aplican por deuda, generando un sistema único y conocido por todos para que las instituciones de educación superior puedan realizar la recuperación de esos dineros? ¿Será  posible estandarizar los sistemas de cobros de las universidades?  Si el Estado realiza aportes al financiamiento de las Universidades, ¿por qué no otorga garantías a los estudiantes para que puedan terminar sus estudios? 

La modernidad nos obliga a  encaminarnos a ser una sociedad pluralista y abierta al cambio. Para lograr este objetivo, se deben entregar garantías mínimas de titulación, que el dinero deje de ser un obstáculo y la educación se transforme en una herramienta de crecimiento personal, social y sea una real muestra de democracia universitaria.

En una sociedad democrática, el ideal de la educación es que esta se constituya como un instrumento de movilidad social.   En este sentido,  durante años,  gobiernos y políticos han utilizado este argumento para generar mecanismos que permitan a todas las personas acceder a la educación superior, pero ¿es realmente así?

Hoy vemos  que los mecanismos de financiamiento estatal para las universidades están completamente obsoletos. Paradójicamente,  contamos con universidades estatales, que forman parte de la administración del Estado y a la vez, se rigen por normas de la Superintendencia de Valores y Seguros; no menos anecdótico es que estas  instituciones (“universidades estatales”) reciban un aporte fiscal  en promedio solo un 12%  de su presupuesto anual de manos del Estado y  las tradicionales no estatales reciban un  21%  (como lo señala el “Análisis de Universidades Estatales” de la Contraloría General de la Republica del año 2011).

Podemos asumir que el fortalecimiento de la educación estatal no sea un objetivo por estos días, pero al menos podríamos esperar que la orientación de las actuales regulaciones de las instituciones educacionales sí vaya orientada  a terminar con conceptos discriminadores. Adicionalmente, sería esperable que la educación, a su vez, vaya orientada a terminar con barreras como la clase social, racial y cultural y que rompa con una jerarquía social predestinada por la cuna.

Existen miles de testimonios de estudiantes que no logran alcanzar su tan preciado título por una deuda que se incrementa día a día, deudas de arancel  directo a las universidades, las que utilizan los más diversos métodos de presión, además de intereses altísimos, que transforman las deudas de pesos a UF . Esta situación solo aumenta el círculo vicioso del endeudamiento. Nos encontramos con alumnos que no logran ser profesionales, por ende, no pueden acceder a mejores fuentes laborales para asumir sus compromisos y mientras no cumplan con el pago de la deuda, no se podrán titular. Día a día se nos concientiza de que los cambios se realizan de a poco, pero si somos honestos,  la mayoría termina con un  orgulloso título y un tremendo pagaré de créditos interminables.

El Estado debe asumir un rol más fuerte con respecto a las deudas generadas por aranceles universitarios, debiendo establecer garantías. Ya hemos visto cómo el crédito con aval del Estado se ha regulado con los mismos límites del crédito solidario, pero no es suficiente. No puede volver a suceder que estudiantes con créditos CORFO sean embargados por deudas infladas con intereses, que los estudiantes no puedan titularse o seguir estudiando por una deuda,  que durante décadas los deudores de créditos estudiantiles trabajen solo para cubrir sus créditos. De no ser así ¿dónde queda el objetivo final que busca cada estudiante, es decir la movilidad social?

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