Las falacias de La Tercera: Las obsesiones de la derecha en educación

---

Realizan esta argumentación desde el fundamentalismo de la educación como bien de consumo, con lucro, pago de la familia, selección de estudiantes, precariedad del trabajo docente e instrucción para pruebas. Principios todos de lo que hoy se denomina “Industria Educacional” y que ha sido derrotada por el movimiento social y político.

El editorial del diario La Tercera del día 13 de agosto se queja amargamente de la respuesta que el gobierno ha dado a la lucha docente e insiste en concepciones instructoras y desprofesionalizantes de la docencia, al cuestionar los avances que la respuesta del gobierno representa para un mejor ejercicio de la profesión. La derecha no sabe conjugar docencia con decencia en la enseñanza, confunde instrucción con educación.

La editorial supone que las demandas son privilegios para los docentes, las que serían:

a) Titularidad de horas realizadas en aula para profesores que el sistema ha precarizado en contratos a plazo fijo hasta por 21 años. La editorial se queja, pues supone, como lo hizo el gobierno anterior, que la  precariedad en las condiciones de enseñanza para el ejercicio de la docencia hará que los profesores hagan bien las cosas.

b) Reajuste salarial al sector particular subvencionado del ingreso mínimo docente de un 12,4% dado que los empresarios de la educación no habían reajustado dicho monto desde hace cinco años. No obstante, recibir el reajuste anual del sector público vía Unidad de Subvención Escolar, que en este caso lo pasaron a utilidades. “Buena práctica” a propósito de la preocupación por buenas prácticas docentes del periódico en su editorial.

c) Bono de retiro indemnizado para que los y las docentes puedan jubilar, pues en el sistema previsional promovido por la derecha desde la dictadura cívico militar y alabado por La Tercera desde aquella época hasta nuestros días, las y los profesores jubilan con un promedio de 36% de tasa de reemplazo: un robo en descampado a quienes han desarrollado una vida en el servicio civil del Estado, en educación.

Frente a todo lo anterior, es necesario aclarar que confunden intencionadamente las condiciones de enseñanza que la sociedad y el Estado establecen para el ejercicio de la docencia con privilegios para los docentes. Realizan esta argumentación desde el fundamentalismo de la educación como bien de consumo, con lucro, pago de la familia, selección de estudiantes, precariedad del trabajo docente e instrucción para pruebas. Principios todos de lo que hoy se denomina “Industria Educacional” y que ha sido derrotada por el movimiento social y político.

d) El “agobio docente y escolar” es reconocido por moros y cristianos, ya que se vive a diario en todas las aulas del país y tensiona tanto las condiciones en que se enseña como la convivencia escolar de profesores y estudiantes. De allí la importancia de haber logrado que se establezca un ordenamiento racional y se eviten burocracias y superposiciones en la fiscalización e intervención de los órganos del Estado, intervenciones que también produce otro mercado, como el de las ATEs.

El editorialista cuestiona el acuerdo por “inconsulto”. ¿Con quién? ¿Hay alguien que tenga capacidad de veto para que el actual gobierno llegue a un acuerdo en cuatro meses y medio, el mismo al que no llegó el anterior gobierno en cuatro años? Hay aquí un tufillo nostálgico de la política de los consensos sazonado en cocinas y que no enfrentó nunca de frente y en la plaza pública al paradigma de la educación como bien de consumo.

Sostienen que el estatuto de la profesión docente es causa de una supuesta baja calidad de la educación pública respecto de la privada financiada por el Estado. Sin embargo, la evidencia de sus propias mediciones y diversas investigaciones demuestran: i) que el sector privado es más precarizado, pues está sujeto al código laboral y ii) cuando se considera tipo de administración, resultado y factor socioeconómico, no es mejor que la educación pública, y ella en algunos contextos es mejor que la privada, aunque ambas se encuentran por debajo de una buena enseñanza y buena educación, cuestión que parece no preocuparle a la editorial en cuestión.

La Tercera, al igual que la derecha, apela a terminar con el estatuto y establecer “motivos fundados” para despedir discrecional y arbitrariamente a los docentes, como ocurre en el sector particular subvencionado. Es otra falacia más, pues es falso que la docencia tenga inamovilidad. Por el contrario, el código laboral posee siete causales de despido y los docentes sujetos al estatuto poseen once causales de despido, alguna de ellas sujetas a sumario para evitar arbitrariedades y clientelismos, que objetivamente impactan en el ámbito escolar.

No conformes con haber intervenido con Joaquín Lavín la Evaluación Profesional Docente, al fundir las rúbricas de básico con insatisfactorio, con las que Gaus y su campana dejaron de sonar, ahora sugieren que esta evaluación no alcanza. No les gusta que los docentes salgan bien, pues les destruye la profecía autocumplida de que los docentes son los responsables de los males del infierno neoliberal.

La editorial vuelve una y otra vez con la cantinela del pago por rendimiento, haciendo el ridículo hasta internacional, pues existe más que suficiente evidencia que los principales factores que inciden en los rendimientos escolares son la desigualdad económica y la herencia cultural de las familias, las condiciones, climas de enseñanza y mucho después la escuela y los docentes.

Finalmente, el periódico desestima la reparación justa que demandamos y requieren los y las docentes dañados arbitrariamente por la municipalización de la dictadura cívico militar. Lo que se quiere desconocer es que el año 1999 se recuperó recién el mejor nivel de sueldos y salarios que en 1972 tenían en promedio los trabajadores chilenos. Sin embargo, los docentes permanecieron a la misma fecha un 43 % bajo ese promedio, producto, entre otros, del daño causado por la municipalización. Las conquistas posteriores no consiguieron paliar todo el daño. Un mecanismo para dicha reparación pueden ser las pensiones. El gobierno se abre a reconocer y reparar las miserables pensiones que recibe el magisterio, y como he señalado, dicha medida no es comparable con las pérdidas de otros sectores, como mañosamente el periódico pretende oponer.

Obtener una buena respuesta a la agenda corta es una gran conquista del Colegio de Profesores de Chile, pero sobre todo es una gran noticia para el país, pues se generan mucho mejores condiciones para avanzar en la nueva institucionalidad de la educación pública y la construcción de la carrera profesional docente para todas las profesoras y todos los profesores del país. Se fortalece la educación como derecho social.