Las nuevas normas deben establecer criterios y modalidades para la protección de los jóvenes que resulten víctimas del colapso de una Universidad. Aun cuando un buen sistema de fiscalización reduciría significativamente la posibilidad de tal ocurrencia, el Estado debe dar garantía a los estudiantes de no perder sus años de estudio y su dinero por irresponsabilidades que nos les son atribuibles. Las medidas de relocalización y compensación no pueden quedar sólo al arbitrio del Gobierno en ejercicio.
Para realizar cambios efectivos es indispensable un buen diagnóstico de las razones que generaron el colapso de la Universidad del Mar. Desde mi perspectiva, la causa fundamental es un sistema de educación superior de mercado, sin mecanismos de supervisión y regulación públicos.
Los cambios necesarios para corregir esta distorsión son al menos cuatro.
Primero: modificar la ley orgánica constitucional en lo relativo a la educación superior. Dicha ley orgánica (LOCE) fue promulgada el 9 de marzo de 1990, dos días antes del término de la dictadura y de la asunción del presidente Aylwin. Y subsiste hasta hoy.
¿Por qué no se ha modificado? En 1992 el presidente de la República envió una propuesta de reforma para reemplazar las disposiciones de la dictadura en materia de educación superior. Ellas no fueron aceptadas por la oposición de entonces, que no dio los quórum ni siquiera para votar la idea general de legislar. Las leyes orgánicas constitucionales requieren de 4/7 de los miembros de ambas cámaras del congreso. Hasta 2006 hubo senadores designados y, aún sin ellos, jamás la oposición actual dispuso de los cuatro séptimos.
Dicha ley orgánica constitucional fue recién modificada de modo relevante a partir de 2006, luego de la movilización de los estudiantes secundarios, pero abarcó sólo la educación escolar. El gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó reformas de importancia, la creación de una superintendencia, una agencia de calidad, regulaciones a los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados, normas para prohibir la selección de alumnos y también cambios en la organización escolar, pasando a dos períodos de seis años cada uno, para la educación primaria y secundaria.
Sin embargo, la normativa aplicable a la educación superior no fue tocada entonces. El artículo 53 de la LOCE aún persiste, estableciendo el modo de aprobación de las universidades nuevas, y un procedimiento de licenciamiento que puede durar seis o más años, al cabo del cual la universidad que cumple los requisitos dispone de una autonomía total para crear carreras y otorgar títulos, no disponiéndose atribuciones para que Estado fiscalice o sancione las faltas que surjan después del otorgamiento de esa autonomía. Hoy sólo cabe la revocación del licenciamiento por el Consejo Nacional de Educación (CNE).
Esa misma norma orgánica constitucional establece que las universidades son instituciones sin fines de lucro, pero no regula la forma de garantizar su efectividad. Además, mantiene el lucro a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Como ambos son parte del sistema universitario, y muchas universidades son dueñas o cuentan con tales institutos, se genera una diferencia injustificada, que además puede prestarse para la transferencia de utilidades de unas a otras, burlando la ley. Por tanto, en el proyecto que modifique la LOCE, el gobierno debería proponer al Congreso la misma norma, sin fines de lucro, para todas esas instituciones de educación superior.
La segunda modificación concierne a la ley de acreditación, aprobada en 2006. Su despacho fue extremadamente difícil. La oposición de derecha introdujo más de 600 indicaciones para impedir su aprobación. La argumentación de los detractores fue que el mercado regularía la calidad de las universidades y el Estado debía cumplir una función subsidiaria, sin intromisión ni fiscalización. Tras tres años de tramitación se logró aprobar la Comisión Nacional de Acreditación ( CNA). Ello significó un gran paso con respecto de la situación previa, carente de toda norma legal de evaluación pública. Se lograron buenos resultados, pero quedó una institucionalidad débil, expuesta a los intereses de los acreditables. Así por ejemplo, la composición de la comisión nacional fue modificada respecto del proyecto enviado por el presidente Lagos en 2003, y en lugar de la propuesta del ejecutivo de que sus miembros fueran designados por el presidente de la República se impuso una composición con representación designada por grupos de interés, adquiriendo un carácter corporativo. Simultáneamente se redujeron las facultades de la comisión nacional para regular a las agencias privadas.
Y en 2010, durante este gobierno, la CNA concedió la acreditación a la U del Mar. El presidente Piñera no designó durante un año al presidente de la CNA, como establecía la ley, dejándola en manos de los demás representantes.
El sistema de supervisión y evaluación actual posee, entonces, dos instrumentos: la autonomía, otorgada por el CNE, y acreditación otorgada por la CNA. Son distintas. El propósito de la segunda no es fiscalizar, sino instalar normas y procedimientos que empujen a una mejor calidad de la educación superior. Este sistema debe ahora cambiarse e instalar un sistema de supervisión estatal luego de otorgada la autonomía. También se debería vincular los antecedentes recogidos por el sistema de acreditación con la supervisión que debería ejercer la CNE. Así, si los antecedentes lo ameritan la CNE podría quitar la autonomía y devolver a la institución cuestionada a la fase de licenciamiento, o a otra intermedia.
La tercera modificación es aprobar la nueva Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley se halla en el Congreso. Esta institución regularía y verificaría la transparencia en el uso de los recursos, asegurando que se respete el carácter de instituciones sin fines de lucro, y acrecentando la capacidad fiscalizadora del Estado.
Una cuarta iniciativa necesaria es fortalecer a las universidades de Estado. Frente a la demanda por más matrículas de calidad, el Estado debe llevar a cabo un plan de expansión de la matrícula de sus universidades y otorgarles financiamiento para infraestructura, personal docente e investigación. En el sistema público de educación superior se debe reformar la forma de gobierno de las universidades del Estado, de modo que respondan mejor a la misión que les encomienda la sociedad y sean responsables ante ella. Además, ellas deben constituirse en red y evitar duplicaciones, estableciendo además una colaboración con reconocimiento cruzado de créditos por cursos realizados, que cumplan con estándares acordados.
Por último, las nuevas normas deben establecer criterios y modalidades para la protección de los jóvenes que resulten víctimas del colapso de una Universidad. Aun cuando un buen sistema de fiscalización reduciría significativamente la posibilidad de tal ocurrencia, el Estado debe dar garantía a los estudiantes de no perder sus años de estudio y su dinero por irresponsabilidades que nos les son atribuibles. Las medidas de relocalización y compensación no pueden quedar sólo al arbitrio del gobierno en ejercicio.
—
Fuente de fotografía
Comentarios
11 de enero
Todos son Generales después de la batalla
+1
14 de enero
Estimado Sergio,
En tu propuesta se pierde la dimensión regional, a pesar de que la calidad de la educación también está muy concentrada en unas pocas comunas de Santiago principalmente. Medidas de corte nacional, así sean tan importantes como las que propones, no ayudan, por si solas, a que tengamos una mayor cohesión territorial en calidad de la educación. En cada una de tus cuatro propuestas podrías incorporar elementos específicos que incorporen esa dimensión territorial.
0
14 de enero
Creo que don Sergio debe actualizarse, ya que la LOCE no existe. Fue sustituida como consecuencia de los pingüinazos, por la LGE siendo ministra Yasna Provoste, quien fue premiada luego con su destitución política. El fondo es que en lugar de tratar de salvar la Educación Superior «Privada», el páis debe tratar de reconstruir la prestigiosa Educación Pública Superior, GRATUITA Y DE CALIDAD, aportando fondos para docencia e investigación y modificando los criterios de diseño de carreras y de ingreso, para terminar con el ghetto educacional del actual sistema que ve a la EDUCA$ION como un gigantesco negocio y no como una palanca para salir del subdesarrollo mental y económico que tenemos.
Por lo demás, en este tema, debe considerarse la opinion de verdaderos expertos, como son los docentes mismos y no la opinión de cualquiera que se crea con derecho a hablar de lo que no sabe.
+1
14 de enero
Este señor ha sido el peor ministro de educación que hemos tenido, no sé cómo se atreve a recomendar a otros. Aún me duele la ley sobre el crédito fiscal que me quita año tras año mis escuálidas retenciones de impuesto y más encima me mandó para siempre a DICOM, al final no pago nada de nada y mi deuda se incrementó a las nubes. Las universidades privadas deben agradecer a este señor mucho de lo que hoy son, y la educación pública su descalabro.
+2
14 de enero
Interesante lo planteado por este Bitar. Pero está equivocado
Otro más que se va por las ramas, poner parches curita no resuelve el tema central
El meollo de este esta trifulca educacional es más fondo
1.- Los hechos han demostrado que el sistema educacional está en crisis total, nadie que tenga dos dedos de frente puede desmentirlo.
2.- El neo liberalismo ha demostrado su fracaso en estos cuarenta años de enseñanza protegida (derivada de los conceptos democracia protegida de J. Guzman UDI.)
3.- Basta ver como se enriquecen los colegios subvencionados, técnicos e universidades.
4.- Las ganancias desmedidas, eludiendo legalmente lo dispuesto en la ley son el pan de cada día.
5.- Por otra parte en el caso de la U. del Mar son 18.000 estudiantes que su futuro se fue a traste, que hizo el Estado, alargar el tema sin resolverlo del todo.
6.- Cuando se trata de una enorme estafa que afectó a miles de estudiantes. EL gobernante y el ministro se han preocupado de salvar los bienes de los estafadores según su filosofía de mercaderes, esto es más importante.
7.- Una estafa de este orden que afecta al futuro de nuestra juventud, es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto las acciones normales de un gobierno decente es apelar a la confiscación de los bienes y haber dado continuidad a la seudo universidad con los mismos docentes. mientras se resuelve su caso. Por menos en otras democracias liberales, los meten presos al instante. EL apoyo del electorado habría sido fulminante.
8.- Ahora, basta ver como se forman actualmente los docente, los cuales son solo pasa materias, de acuerdo a su especialidad, la culpa no es de ellos sino del sistema vigente. Hay que reformarlo.
Siguiendo el hilo, de puede decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque justamente la filosofía de este fracasado sistema, está orientado a la ganancia fácil, su doctrina no incluye, temas digamos como la calidad de lo que ofrecen, esto permite entregar al final del proceso profesionales mercantilizados (salvo excepciones), sin conciencia social, marcados por el consumismo y la farándula, mejor dicho de escasa.formación cultural.
No alargo el tema
LA SOLUCIÓN ES UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA.
El nuevo enfoque educacional
a) Debe tener un horizonte filosófico distinto al actual, guiado por principios que permitan la mejor calidad en la educación de nuestro jóvenes y como el futuro de la patria depende de nuestra juventud, el Estado debe ser el que de la orientación general a partir de los parvularios, formación de los docentes hasta la Universidad.
b) Las universidades deben volver a tomar en consideración un principio básico universal, si se les a olvidado aquí va
» LA UNIVERSIDAD BUSCA EL CONOCIMIENTO EN SU PROPIO FIN, NO ES SOLO EL MEDIO PARA ALCANZAR UN FIN»
Si deja de lado este principio abandona su propia esencia y se convierte en un instrumento sea del Estado , del culto, o de intereses partidistas o mercantilistas. Siempre ha sido incompatible el dogma con la hipótesis.
d) El sistema de formación de los profesores debe ser orientado no solo a sus especialidades académicas, sin a transformarlos en docentes de gran cultura general capaces de responder a las inquietudes de sus educando.
c) Los maestros son la clave para un mejor futuro de nuestra juventud y el futuro de Chile, por lo tanto su que hacer debe estar orientado bajo el signo de la libertad de enseñanza.
Por otra parte, Se debe considerar a los docentes, en cualquier nivel de la enseñanza, en el futuro sistema pedagógico desde la parvularia hasta la universidad como los verdaderos gurúes de nuestra democracia.
Finalmente , doy solo un esbozo para donde debe ir nuestro sistema educacional, si quieren conocer más estoy a la disposición de todo mis compatriotas para dialogar en serio sobre esta crisis y como resolverla.
Atentamente
0
15 de enero
Le gustan las enumeraciones a Bitar – un poco entre el cosismo de Lavin y la urgencia teatral de Waissbluth. Como dispara sin direccion, termina enredado entre generalidades y cuestiones muy especificas. Lo que le falta es obvio: la vision de conjunto.
Lo mas triste del panorama de la educacion superior no son sus problemas, sino la incapacidad de nuestros «expertos» para observar las causas y no quedarse en los puros efectos. Es increible que con todo el espacio medial que ocupan, solo puedan reaccionar en lo puntual.
Asi como vamos, nunca generaremos una plataforma institucional que oriente el desarrollo de las universidades en el largo plazo.
+2
24 de marzo
Otroi Ministro que no hizo la pega ahora apunta su dedo y buenas intenciones… que no van al centro del modelo de una educacion de mercado y para el mercado yq ue Concertacion tanto reforzo…
La educación para la transformacion de la sociedad no puede ser ujna orientada a lograr mas competitividad y el triunfo de los antivalores. Pobre Bitar, víctima de su educación!!! Resulta un chiste de mal gusto sus propuestas…
0