Ver hoy los comentarios oficialistas que defienden el proyecto de reforma a la Carrera Docente es un verdadero despropósito. Resulta increíble que, de todas las consecuencias que acarrea este proyecto, el gobierno y el Ministro Eyzaguirre haga gala de sólo una: subir los sueldos a los profesores.
Ojalá el proyecto fuese una simple subida de sueldo a los profesores. En realidad, detrás de dicho ‘aumento’ existe una gran serie de consecuencias para la comunidad educativa (sí, incluyendo a nuestros estudiantes), las cuales legitiman la indignación de cualquier miembro de ésta. A continuación, pasaré a explicar algunas de ellas:«Poniendo en frente de un estudiante de escasos recursos a un profesor, el cual el propio gobierno ha evaluado con bajo rango, se destruyen las expectativas del estudiante, al mostrar al profesor como un medio deficiente para la mejora de sus habilidades.»
a) Profundiza gravemente el problema de la desigualdad en la Educación: la reforma se caracteriza por dejar muchos aspectos sin modificar.
Uno de ellos es la diferencia de poder entre directores de establecimientos. La reforma sólo les entregará autonomía, sin embargo, no asegura que el director de un colegio de escasos recursos deje de tener las limitaciones en sus decisiones que no tiene, por ejemplo, el director de una escuela propiedad de una municipalidad con recursos (como Providencia, Santiago, Vitacura, etc.). Por lo que no se resuelve el problema de fuga intelectual para estas comunas. A pesar del bono que se les ofrece a los directores para atraerlos, son varios los factores los que determinan la decisión de un profesor de dónde trabajar (qué alumnos tendrá, por ejemplo) por lo que este sería insuficiente, sumado a que este dinero lo recibe la municipalidad, la cual lo puede administrar según sea su interés. Por lo que podría persistir la desigualdad de calidad docente entre colegios.
Además, se hará público el resultado de la evaluación docente, por lo que podrían los propios estudiantes saber qué ‘rango’ tiene su profesor.
Esto lo considero particularmente nocivo para la educación, ya que, como pedagogo, entiendo que uno de los factores más importantes de ella es la expectativa. Y poniendo en frente de un estudiante de escasos recursos a un profesor, el cual el propio gobierno ha evaluado con bajo rango, se destruyen las expectativas del estudiante, al mostrar al profesor como un medio deficiente para la mejora de sus habilidades. Por otro lado, si un estudiante es consciente de que fue educado por profesores con alto rango, tendrá altas expectativas sobre su futuro, agudizándose gravemente entonces la desigualdad respecto del futuro entre un alumno de colegio de escasos recursos con un alumno de colegios emblemáticos o con altos recursos.
b) Permite y acoge el acoso laboral al docente: por otro lado, la medida no explicita el contenido de los criterios para la evaluación docente, sino los deja a criterio de cada municipalidad, otorgando excesivas facultades a los directores para poder tomar decisiones arbitrarias. Incluso permitiendo el proselitismo, clientelismo y nepotismo por parte de los directores. Esto quiere decir, que el director podría obligar a sus empleados a cumplir determinadas labores que no les corresponden como condición de una buena evaluación, o bien evaluar positivamente a quien estime por razones anexas a lo laboral, destrozando la dignidad laboral del docente, quien podría verse sometido a arbitrios para conseguir la evaluación que desea alcanzar.
c) La reforma atenta contra la meritocracia: ni los contenidos de la prueba inicia ni de las evaluaciones docentes son transparentados con esta reforma. Esto significa que un profesor no podría prepararse por sí mismo para rendir estas pruebas y poder alcanzar los niveles esperados, sino sólo parece evaluar si el profesional estudió en un casa de estudios que le entregó las herramientas necesarias para desarrollarse en el mundo laboral.
Además, la existencia de estas evaluaciones es altamente contradictoria con la presencia de las agencias acreditadoras que circundan las universidades, las cuales fijan a su propio criterio los factores para el funcionamiento de éstas, sin ningún trabajo en conjunto con los mecanismos que preparan las evaluaciones. Es realmente contraproducente, indigno e inaceptable que el Estado permita que existan casas de estudio que formen profesores que a éste mismo no le sean de utilidad. Demuestra que para el Estado la Educación es un negocio, en el cual sólo las utilidades importan.
Debemos estar conscientes de todas las consecuencias que podría traer una medida antes de aprobarla. Y con estas consecuencias, sólo queda pensar dos cosas. La primera sería que el Estado y los realizadores de esta reforma perdieron la cordura y no toman en cuenta todos estos efectos secundarios, o simplemente tienen el interés puesto en otra cosa. Mientras tanto, los realmente interesados por el bien de nuestra comunidad educativa, seguiremos alzando la voz para evitar todo este daño a aquello que más queremos: nuestro trabajo.
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