Hace 2 años, cuando el país salía de un gobierno cuyo liderazgo era ejercido por una mujer que tenía sobre el 80% de aprobación, y se entraba en la vereda incierta de la votación y los candidatos; un poco más de la mitad del padrón electoral, lo cual significa mayoría, votaba por un Presidente con un vasto currículo empresarial. Lo lógico es pensar que quien viene de las esferas del negocio, ponga en sus listas a personas de su confianza y técnicamente buenas para hacer negocios, las cuales miran el país desde un punto de vista numérico y estadístico. Por tanto hoy hacer análisis sobre la idoneidad de los elegidos es más bien un tema pendiente de nuestro electorado, antes que del mismo Presidente. Esta introducción es para enmarcar los términos en las que se hace una negociación; esta vez no se trata de una negociación pactada entre trabajadores y empresarios. Se trata de una negociación distinta: la que se vive hoy en la educación.
Leyendo la propuesta del gobierno, voy a citar textualmente algunos párrafos del texto para finalmente llegar a un análisis.
«El derecho de todo niño y joven de acceder a una educación de calidad, de acuerdo a sus méritos y esfuerzos», «de tal forma que todo estudiante con méritos pueda ingresar a la educación superior».
«Que exista una prueba obligatoria para los egresados de educación parvularia al término de sus estudios superiores».
«Prueba Inicia a los egresados de pedagogía, con resultados públicos por institución».
«contribuir a la formación de un nuevo grupo de directores con capacidad de liderar adecuadamente sus establecimientos».
«Desmunicipalizar la administración de la educación estatal, en aquellos municipios que no logren buenos resultados».
«Privar de cualquier tipo de subvención escolar a todo establecimiento que no alcance los mínimos niveles de calidad exigidos».
«Obligar a todo establecimiento que reciba aportes del Estado a rendir cuenta pública anual de todos sus ingresos y gastos».
«La prueba Inicia será obligatoria para los egresados de pedagogía».
«Desarrollar una prueba Simce piloto para medir los aprendizajes técnico profesionales».
“Incrementación de aporte basal estará condicionado a objetivos: formación de prof., ciencia y tecnología, desarrollo regional”.
«impulsaremos el financiamiento a las instituciones con aportes asociados a convenios de desempeño».
«garantizando el acceso a ellas para todos los alumnos meritorios pertenecientes al 40% más vulnerable de la población».
Todas las medidas, incrementos, subsidios, becas y créditos están ofrecidos bajo los siguientes parámetros: pobreza, rendimiento, control, evaluación y mérito. Esto no puede ser sorpresa, porque la ciudadanía sabe cuál es la tendencia de este gobierno, sabe que en el fondo está negociando con gerentes, directores, fundadores e inversionistas, personas con un sentido técnico altamente desarrollado. ¿Cuestionable? Puede ser, pero es la formación que tienen, y con la cual han llegado a posicionarse en el Gobierno. Todo incremento está sujeto a condiciones, nada se va a regalar, nada va a ser gratuito, toda entrega va a tener en su gestación un dato colateral que asegure que no existe un peso tirado al azar. Conjuntamente a este ojo por ojo, se dejó caer palabras que son convenientes para el desarrollo del mercado y por supuesto del negocio, la libertad y el derecho, esta libertad es la de elegir. Si un padre quiere pagar $200.000 por la mensualidad de su hijo, debe tener un establecimiento que cumpla con sus requerimientos; por tanto se hace válido lo siguiente:
“La libertad de enseñanza, la libertad de creación y administración de instituciones educaciones y la pluralidad de modelos educativos”.
“El derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades y opciones educacionales”.
¿Estamos ante una condición totalmente nueva de llevar la política que despertó nuestro indignación? ¿O realmente nadie dimensionó el impacto que podría generarse en un gobierno que en la balanza sacrifica la política en virtud del negocio?
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Foto: Todas las marchas
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