La educación y el lucro: debate improcedente

Luego de haber visto y analizado la última cadena nacional, podemos darnos cuenta de que, si bien se avanzó en algunas exigencias, el tema de fondo y estructural no se ha tocado de manera alguna por parte del ejecutivo. El gobierno anuncia reformas positivas, como por ejemplo: la creación de una superintendencia de educación superior y la profundización de los sistemas de acreditación. Sin embargo, estas reformas, son simplemente "reformas" de un sistema establecido de manera inconsulta y antidemocrática, que no refleja el sentir de una ciudadanía agotada de las desigualdades existentes, y no sólo en el paupérrimo sistema educacional, sino que en todas las esferas de nuestra sociedad actual.

Entrando al tema que nos convoca, el Presidente de la República nos invita a reflexionar acerca del reconocimiento -en forma legal- de las universidades con fines de lucro, siendo este el gran debate suscitado, no sólo después de la cadena, sino que también con anterioridad por algunas autoridades del gobierno.

Sin embargo, y como se dice vulgarmente, el lucro ¡no es tema! El art. 53 del DFL N° 2 del 2010 (ley general de educación) es claro y precisa que: “las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.”

Por lo tanto, considero y sostengo que debatir sobre esta obstinación, resulta totalmente improcedente y extemporáneo; debiéndose optar por parte de los estudiantes, en no entrar en esa discusión “inútil” y responder al unísono que ese tema ya se encuentra ¡zanjado!

Pero lo anterior no sólo se dirige para impedir la posible legalización de una ilegalidad, sino que también, para impedir que nos desviemos de los temas de fondo y ejes centrales de las demandas estudiantiles, que se resumen en las siguientes:

–           Financiamiento

–           Acceso

–           Democratización

Financiamiento: debemos recordar que el Estado sólo financia en un 16% (en promedio) a las universidades estatales y tradicionales, siendo el gran motivo del por qué se cobran aranceles altísimos -eso sumado a la necesidad de conseguir aportes, por parte de privados, que limitan la imparcialidad de investigación y docente que debiese tener todo tipo de universidad-.

Acceso: el sistema actual de medición (PSU) es un sistema arcaico, que establece una discriminación arbitraria según criterios netamente socio-económicos, ya que el estudiante que ingresa a una universidad de calidad, es el mismo que tuvo los recursos para estudiar en un colegio particular y/o pagar un pre-universitario “salvo excepciones particularísimas a nivel nacional”.

Democratización: es necesaria la derogación de los artículos 56 letra e), 67 letra e) y 75 letra e) del DFL N° 2 del 2010 y así lograr la plena participación de los estudiantes, académicos y administrativos en la toma de decisiones de las diversas casas de estudios (la centralización no sólo se vive a nivel país, sino que también a nivel universitario).

Para finalizar, y a modo de conclusión, solicito, requiero e imploro a la ciudadanía a no entrar en ese juego del lucro en la educación superior. La ley es clara y no necesitamos debatir sobre una cuestión que tiene un rechazo mayoritario por parte de la población y que además se encuentra prohibida por una ley orgánica constitucional.