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Ayer, 6 de junio de 2011, 75 alumnos del Liceo Barros Borgoño, de Santiago, fueron apresados por Carabineros por “tomarse” el liceo, reclamando mejoras en el sistema educacional y el cumplimiento de las promesas de reconstrucción posteriores al terremoto de 2010. El alcalde de Santiago ha calificado esta “Toma” como un acto “violentista”. El diálogo social se reduce nuevamente a medir cuán represores hay que ser con los jóvenes, más que a intentar solucionar el tema.
Las masivas marchas callejeras, los paros de actividades y las tomas de escuelas de estos últimos años coinciden tristemente en una demanda que no encuentra lugar en los canales de representación democrática de nuestras instituciones. El Estado chileno parece que aún no puede recuperarse del secuestro militar neoliberal del que fue víctima durante la dictadura, cuando las familias chilenas tuvieron que comenzar a pagar mensualidades en las nuevas escuelas particulares con subvención estatal, y aranceles en las universidades estatales y privadas nuevas.
Hoy Chile gasta cerca de un 7% de su PIB en educación. Sin embargo, de este porcentaje sólo un 4% es gasto público (Banco Mundial), mientras el resto es aporte privado, es decir de la capacidad de pago y endeudamiento de las familias y estudiantes que trabajan para pagar sus estudios. A nivel internacional, esta es una situación completamente fuera de la norma.
La mediocridad del gasto público en educación contrasta con la generosa parte que se gasta en Defensa (3,1% del PIB), cualquier analista podría pensar que nos encontramos en situación de guerra inminente. Nuestros vecinos destacan justamente por gastar muy poco en este ítem: Argentina (0,8%), Bolivia y Perú (1,6%). Cuba destina una parte du PIB similar a la nuestra a Defensa (3,2%), sin embargo su gato público en educación alcanza un 13,6%.
Probablemente tantos años en cuasi-democracia nos tienen confundidos. Las deudas e intereses bancarios que tenemos hoy día angustiando a tantos miles de chilenos y chilenas por causa de haber comprado una “mercancía educacional” es un engaño ideológico digno de una novela de José Saramago. Nosotros los deudores seríamos aquellos ciegos que deambulan en la ciudad, intentando sobrevivir como sea bajo una especie de ley del más fuerte.
Los miles de estudiantes secundarios y universitarios reclaman este 2011, como lo hicieron en 2006, por el ahogo de las “Deudas individualizadas” que tanto han favorecido a los bancos. El derecho a la educación ha quedado inscrito en una placa empolvada de alguna escuela, mientras la libertad de emprendimiento brilla en el frontis de una universidad muy lucrativa para su junta de accionistas.
Las soluciones esbozadas por las autoridades siguen enmarcándose en el desconocimiento de la deuda del Estado con su pueblo. La educación, la salud y la previsión social siguen siendo bienes transables en la bolsa, mientras se fomenta una categorización social absurda según los recursos económicos que se tengan.
¡El Estado chileno a DICOM!
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Foto: Leslie Salinas
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