La visión de la educación que la Confech propone, si bien acierta parcialmente en algunos diagnósticos, está sustentada en una neutralidad ética, que implica sostener que en el debate educativo no hay un terreno común sobre el cual construir el diálogo, sino tan sólo dos visiones opuestas que disputan su hegemonía.
La Confech ha validado su voz ante la opinión pública como autoridad de confianza para diagnosticar y resolver problemas educativos. Por eso, cada cierto tiempo, con motivo de las marchas estudiantiles, esta entidad ha dado a conocer petitorios con sus respectivos fundamentos.
¿Cuál ha sido, hasta ahora, el razonamiento de la Confech?
Existen dos proyectos de sociedad en disputa. El primero, concibe a la educación como un “bien de consumo” y el segundo, la entiende como un “derecho social”.
La dificultad de este razonamiento es que se hace insostenible. Los hechos demuestran que existe una gran cantidad de matices que la Confech no parece captar. Tras la oposición tenaz al “lucro” y la premisa de que el “interés particular” es siempre contrario al “interés general” (idea desarrollada en extenso en el último petitorio), se esconden aspectos que difícilmente desde la teorización pueden ser valorados. Por ejemplo, desde esta perspectiva, los colegios subvencionados sin fines de lucro, sin financiamiento compartido y con proyectos educativos de inspiración religiosa, no deberían existir, cuando consta sólo por el testimonio de los sentidos el bien que generan.
En la misma línea, la ausencia del sentido de la realidad tampoco les permite valorar el pluralismo educativo. Si bien lo mencionan como una de las cualidades del sistema que proponen, no hay referencias en la diversidad de proyectos educacionales, que son expresión de las distintas perspectivas éticas con que se reflexiona sobre la educación y que conviven en la unidad nacional. Ello también es contradictorio con una enseñanza democrática, que es uno de los ejes de sus demandas.
Una democracia que olvida al pluralismo como su fundamento, va contra ella misma. Si no se reconocen las diferentes perspectivas de vida y visiones sobre la enseñanza, no se garantizan las libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y religiosa, etc., sobre todo cuando en el debate educativo existe un amplio margen de temáticas que son contingentes y por lo tanto opinables, o que dependen de tradiciones éticas que deben ser respetadas en función de la jerarquía de valores en juego y la conciencia de las personas.
Las propuestas de la Confech, al estar sustentadas en la teoría más que en la práctica, sólo parecen reproducir el conflicto entre estas dos visiones de la educación. En ella rige una lógica del poder, en la cual no existe una visión común y objetiva del proceso educativo, cuya salida sólo es el voluntarismo de las mayorías, expresada en la idea de “interés general”, un reduccionismo de la auténtica idea de bien común, que jamás es contrario a los intereses particulares cuando éstos están dirigidos al bien de la comunidad.
Por el contrario, la realidad muestra que existen aspectos comunes, que no dependen de las lógicas del poder o los consensos, tales como los derechos universales del hombre (de donde extraen los derechos sociales), pero que para la Confech parecen interpretables según las contingencias.
La visión de la educación que la Confech propone, si bien acierta parcialmente en algunos diagnósticos, está sustentada en una neutralidad ética, que implica sostener que en el debate educativo no hay un terreno común sobre el cual construir el diálogo, sino tan sólo dos visiones opuestas que disputan su hegemonía.
En efecto, el debate se ha centrado sobre aspectos estructurales que es necesario resolver, como el financiamiento universitario, la segregación escolar, los criterios de admisión a las universidades, etc., pero poco o nada se ha debatido sobre educación.
Ello demuestra que la “Nueva Educación” no es tan “nueva” como parece. Lo será en la medida que reflexionen el fenómeno educativo desde lo concreto y desde allí se extraigan los principios. Sólo así es posible aportar a esta discusión, desde soluciones reales, inspiradas en un auténtico desarrollo integral.
* Entrada escrita por Luis Robert, investigador de IdeaPaís
Comentarios
22 de octubre
«Por ejemplo, desde esta perspectiva, los colegios subvencionados sin fines de lucro, sin financiamiento compartido y con proyectos educativos de inspiración religiosa, no deberían existir»
De donde sacaron los autores que el movimiento estudiantil está por hacer desaparecer toda la educación no entragada por Estado? Sólo se exige que esa educación provista por otros agendes sea sin fines de lucro (asegurar calidad), sin financiamiento compartido (evitar la segregación) y que no puedan seleccionar (que es otra forma de segregación no-económica).
El problema es que el sector que representan los autores creen que si no se hace un negocio de la educación entonces no puede haber educación privada. Lo anterior es 1) Falso, porque siempre ha existido educación privada orientada a la comunidad (como lo son la Universidad Austral y de Conceptación) y 2) Desnaturaliza el debate y lo que entendemos como educación.
En definitiva, todo el artículo parte de un supuesto errado y de una falacia del espantapájaros y por tanto no sirve más que para re-asegurar los «principios» de la derecha en educación, que al final del día sólo se usan para defender el negocio y la segregación.
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24 de octubre
Estimado Pablo:
Agradezco tu comentario.
1.- Respecto a lo que me dices que la Confech solo plantea que la educación debe ser provista por agentes sin fines de lucro, te copio lo que esta misma entidad dice al respecto, para que te des cuenta que su planteamiento va más allá de prohibir el lubro y prueba lo que digo en mi columna.
En efecto, el planteamiento de la Confech es que todo interés particular (proyecto religioso, por ejemplo), es contrario al «interés general» y, por ello, debe ser prohibido en tanto no afecto el interés general. Sí te concedo que el acento de la selección, por ejemplo, en los colegios particulares, está centrado más en los colegios que en las familias, cuando son éstas quienes deberían «seleccionar» el colegio (aquí entra el tema de la segregación escolar, que está relacionado con las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de la libertad de enseñanza), pero no es razonable prohibir absolutamente la selección, cuando ella es conforme a la ley (podremos discutir las condiciones incluso) y es en conformidad a la libertad de enseñanza que tiene toda familia para elegir el colegio que, según sus preferencias y creencias, crean que es mejor para sus hijos.
La Confech está al filo poner en duda estos derechos y garantías fundamentales.
Características de la educación:
«Autónomo, democrático y pluralista, para preservar el proceso educativo de todo interés particular, ya sea de carácter partidista, religioso o económico».
2.- No representamos a ningún sector. Si te fijas, hago también una crítica a la otra visión, que concibe a la educación como bien de consumo, al comienzo de la columna. Sería bueno que la releyeras.
4.- ¿Qué significa que la educación sea un negocio? ¿Qué entiendes por lucro? ¿Debe reinvertirse ese excedente o ganancia, en la educación, o debe permitirse que los agentes educativos lucren? Si la respuesta es no, ¿están asegurados los mecanismos legales para que ello no ocurra, en el actual derecho vigente? Si la respuesta es sí, ¿qué estatuto propones para las universidades que opten por organizarse con fines de lucro y bajo qué condiciones?
Son las preguntas que sería bueno responder.
3.- Siento que incurres en el mismo análisis dialéctico que en mi columna critico, sobre todo de la lectura de tu último párrafo. Observa que, en la columna, sostengo que hay que hacerse cargo de la segregación escolar, por ejemplo, de los «aspectos estructurales», pero que hay un debate más de fondo, que no se ha dado y que no tiene que ver con dialécticas o visiones que luchan por imponerse unas a otras.
Cordialmente,