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Inclusión y educación superior: ¿hacemos un ejercicio?

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Imagine usted que le permiten volver a esos años locos en que salió del colegio. Le pido que se concentre en toda la fuerza que tenía en esos momentos, en todas las inseguridades, sueños, ganas y sobre todo, disyuntivas que, apuesto, habitaban sus días. Probablemente, la universidad era la meta de muchos y quizá el cúmulo de nervios, ansiedades y esperanzas futuras eran también parte de sus familias. Esos nervios antes de la prueba de selección, esas lecturas de folletos y test vocacionales, esas visitas a ferias universitarias, una locura emocionante.


El punto es que estos esfuerzos deben ser comunicados. Hace falta triangular esta política de inclusión con el estadio anterior de educación por el que transitan las personas con discapacidad, se trata de una cuestión sistémica.

Ahora, traspasemos esas sensaciones al escenario de un joven con discapacidad que ha hecho el camino regular de educación y quiere ingresar a la universidad. Démonos unos segundos y veamos cómo se modifican algunos elementos. Probablemente, el peso social que sienta sea importante, porque de seguro ha escuchado que la educación superior es el único camino para construir una inserción positiva, herencia más que probable del discurso tradicional. Seguramente, se comerá las uñas pensando qué posibilidades reales existen para que pueda ingresar a la universidad y es incluso factible, que esté ajustando sus deseos a dichas posibilidades. Las carreras accesibles, los recursos económicos, tecnológicos, sus competencias intelectuales y naturalmente, las expectativas y anhelos de su familia.

El periplo que recorre una persona con discapacidad para entrar a la educación superior es a menudo engorroso, muy estrecho y bastante solitario; ciertamente hemos avanzado, pero aún hay una serie de dificultades que debe sortear, sin saber que tiene aliados que están trabajando por facilitarle el trayecto. Algunas de estas personas optarán por otro camino de inserción; pero aquellos que persistan, averigüen y “golpeen puertas” ingresarán y descubrirán que no todo es tan oscuro como parece.

Desde hace un tiempo, varias casas de estudio han respondido al insoslayable llamado de la ley 20422, en que se señala entre otras cosas, la obligatoriedad de brindar educación a las personas con discapacidad. Para ello, se ha creado la Red de educación superior inclusiva, donde se hacen presente al menos, 24 universidades. Cada a una a su ritmo y con sus posibilidades, abren camino y crean las instancias para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad. Poco a poco, se lucha contra la fosilización institucional, los prejuicios, la falta de recursos económicos, pero por sobre todo, contra la precariedad en la formación. Son valientes y honestos, porque comprenden que están trabajando por cumplir la ley, aunque los propios beneficiarios no lo sepan a cabalidad.

El punto es que estos esfuerzos deben ser comunicados. Hace falta triangular esta política de inclusión con el estadio anterior de educación por el que transitan las personas con discapacidad, se trata de una cuestión sistémica. Dadas las condiciones actuales, en que se lucha por una ley de inclusión, es fundamental que la RESI se haga parte del proceso de educación media de las personas con discapacidad.

Se me ocurren varias líneas de acción. Primero, para aumentar la cantidad de postulantes, estos deben conocer (casi al modo de ferias universitarias) las posibilidades a las que pueden optar. Aún son “posibilidades” pero es necesario que la persona que sale de cuarto medio sepa cuáles universidades cuentan con más garantías para que su educación sea de calidad y se dé en situación de equidad. Segundo, es preciso estudiar y socializar los estándares vinculados a la formación de las personas con discapacidad. Esto asegurará que los métodos de ingreso den cuenta de las competencias reales que las personas poseen para que, de algún modo, se favorezca su estadía en la educación superior. Finalmente los avances, desafíos y problemáticas deben ser comunicados a través de todos los medios posibles. Esto para apoyar a las familias que están impulsando decisiones, para acompañar a los jóvenes que emprenderán el desafío y canalizar la información hacia un futuro en que la educación superior sea un derecho y no una oportunidad sujeta a una posibilidad.

Existimos profesionales con discapacidad que recorrimos ese camino y también aquellos que se quedaron en alguna de sus curvas; existen personas con discapacidad que no tomaron este camino; y existen personas que luchan todos los días por mejorarlo. Trabajemos juntos hoy, en este momento tan coyuntural. Podemos hacer que este camino sea más amplio y expedito para los que vienen, pero fundamentalmente, podemos ofrecerles más justicia, para que escojan lo que quieren y den todo lo que puedan por hacer de nuestra sociedad un espacio mejor.

TAGS: #PolíticasPúblicas Discapacidad Educación Superior

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