Igualdad en educación: El problema que las reformas no pueden resolver

Según Marshall, la heterogeneidad social al interior de las escuelas es un valor y una necesidad en la medida que legitima la desigualdad posterior. Esta noción de inclusión promovida por el autor expresa un giro en la idea de justicia social, ya que manifiesta que no solo es necesario asegurar la igualdad de oportunidades: acceso en base al mérito, sino también una cierta igualdad de posiciones con la finalidad de reducir las distancias en la estructura social. Ahora, ¿cómo darle sentido a ese propósito de igualdad? Para lograrlo, es necesario que todos los miembros de una sociedad tengan el derecho a una educación que promueva algunos valores compartidos.

Que las escuelas de excelencia puedan volver a seleccionar a sus alumnos por mérito y pruebas es una de las modificaciones a la Ley de Inclusión más polémicas propuestas por el actual gobierno. El Mineduc ahora busca que esos liceos puedan elegir al 100% de sus alumnos por mérito, a través de mecanismos propios, pudiendo ser las notas, pero también pruebas de conocimientos o de aptitudes, como lo era antes de la implementación de la ley.

La Ley de Inclusión cambió las bases estructurales sobre las cuales descansa el sistema escolar, impulsada por esta demanda, entre otros aspectos. La promoción de la inclusión se aprecia claramente en el segundo componente de la reforma, que es la modificación del mecanismo de selección de los establecimientos escolares.

La justificación de esta medida se basa en que la selección de estudiantes profundiza la segregación social; es decir, la competencia entre establecimientos incentiva que estos seleccionen a aquellos estudiantes con mejor rendimiento académico o capacidad económica, o a los que mejor se ajustan a su proyecto educativo. Adicionalmente, hace inviable la elección de los padres puesto que son los establecimientos los que finalmente deciden quiénes entran. De esta forma, se ha consolidado un sistema que niega la libertad de enseñanza y amarra el ejercicio real del derecho social de la educación a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

Se consolida una educación que excluye y discrimina a estudiantes y familias y, de esa forma, se reproducen de forma explícita las desigualdades sociales de siempre. La educación, bajo este esquema, no es sino un dispositivo que potencia las diferencias sociales y culturales, consolidando una sociedad cuyo tejido social se desvanece poco a poco.

Se ha consolidado un sistema que niega la libertad de enseñanza y amarra el ejercicio real del derecho social de la educación a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

Este es uno de los fundamentos tras la última propuesta de reforma. Se señala que un cambio en este componente redundará en mejorar la calidad del sistema educativo. Por lo tanto, en Chile, al hablar de inclusión también se desliza implícitamente la diferenciación, pues se realiza la distinción entre alguien que debe ser incluido y alguien que lo debe incluir. Esta paradoja puede verse como una espada de doble filo, pues como se entienda a la inclusión en educación puede tanto mermar la equidad e integración como apoyar inconscientemente a la segregación. Pueden existir prácticas discursivas que tengan una interpretación que desfavorezcan a la inclusión en sí, lo cual se sustenta en una potencial brecha entre el ideal de ley y su materialización.

Este principio orientador en un sector tan relevante como es la educación, muestra la necesidad de su definición en términos sustantivos previo a cualquier tipo de legislación. No parece aplaudible coordinar un sistema público sin tener antes la claridad sobre cómo las instituciones que lo conforman van a contribuir a su construcción. Esta reflexión permite aclarar ciertos aspectos que hasta ahora han sido confusos, no solo por las diferentes formas de abordar la inclusión en educación, sino también por el uso retórico que se hace de ella, que muchas veces introduce nuevas ambigüedades. Aquí si desvaría la equidad total para dar la oportunidad que el gobierno postula, al aumentar la posibilidad de evaluar el mérito académico de cada alumno en cuestión y de esta forma reencontrarlo con selección escolar.